Ex ministro de Minas no ve viable la propuesta para disminuir tarifas de energía en el Caribe

Durante la mañana de este martes, en Santa Marta, se llevó a cabo el I Foro con la temática Servicios públicos y energías renovables, organizado por el Pacto Histórico Santa Marta y Magdalena, en conjunto con ApuCaribe, con el objetivo de “aportar y construir una alternativa justa” que permita llegar a un acuerdo con relación al elevado precio que presenta hoy el kilovatio de energía eléctrica, principalmente, en la región Caribe.

El encuentro, contó con Amylkar Acosta Medina, ex ministro de Minas y Energías de Colombia, como ponente central, quien, en su intervención dio una explicación detallada sobre el proceso de cambio de operador energético en el Caribe y los estatutos que rodean la llegada de Air-e y Afinia a la región, tras la decisión del Estado de liquidar Electricaribe.

Acosta Medina se refirió puntualmente a la iniciativa del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a la cual se unieron los otros seis mandatarios de las ciudades capitales del Caribe, la cual busca declarar nula la resolución de la Comisión para la Regulación de Energía y Gas – CREG, que dio paso al incremento de las tarifas.

Los alcaldes hicieron un llamado al nuevo Congreso de la República y al presidente electo, Gustavo Petro, para crear un Fondo Regional de Estabilización de las tarifas de energía con dineros públicos que compensen, de manera directa, los incrementos en los costos de del consumo energético.

Al respecto, el exministro señaló que al mencionado proyecto no le veía “ninguna viabilidad”.

“La bomba del tiempo que le va a entregar este gobierno al de Petro se llama Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles, según la comisión asesora independiente de la llamada regla fiscal, se calcula que este año ese fondo tenga un déficit de alrededor de $30 billones. Entonces proponerle eso a un gobierno que va a recibir un alto déficit, no le veo viabilidad”, manifestó.

Sobre la resolución de la CREG, explicó, por otro lado, que no “ve fácil que la tumben” pues, considera que este documento, así como las leyes y decretos que lo siguen, están “amarrados con un nudo ciego”. Sin embargo, hizo claridad en que, en caso dado que el Consejo de Estado llegará a anular las resoluciones, vendría una demanda mayor por todos los compromisos contractuales que esta contiene.