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Desestiman investigación contra Caicedo por contrato para adquisición de mercados solidarios
Este martes, se conoció que la Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo de la investigación por un presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos, argumentando que no se logró probar que hubo sobrecostos en la ejecución del contrato 0216 de 2020.
Dicho contrato, contempló “la adquisición de productos para conformar mercados solidarios para atención de la población vulnerable dentro de la emergencia ocasionada por coronavirus”, la situación habría sido denunciada, provocando la apertura de una investigación encabezada por la Contraloría General de la Nación.
Con los productos adquiridos, la administración departamental dio inicio a un recorrido en varios municipios del Magdalena, entregando alimentos que permitieran mitigar la emergencia en medio de la cuarentena implementada por el Covid – 19.
La Fiscalía Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia y, por lo tanto, Caicedo no será sujeto de investigación en este caso específico.
Contraloría declara nulidad en proceso contra Caicedo
Por otro lado, la Contraloría General del Departamento informó, mediante auto No. 276, la nulidad de un proceso que se sigue en esa dependencia en contra del gobernador.
La decisión, notificada por Iván Mauricio Maya López, jefe de la oficina de acción administrativa de la entidad, anula una acción con incidencia administrativa sancionatoria.
Esta acción se originó por una supuesta omisión en el reporte del segundo trimestre de la deuda pública del departamento del trimestre abril, mayo y junio de 2021 en la plataforma SIA-Contraloría.
De acuerdo con el escrito, durante las actuaciones se cometieron diversos errores por parte de la Contraloría Departamental.
«Advertida tal situación, considera esta Dependencia administrativa que, en aras de garantizar el debido proceso del Señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, se deberá dejar sin efecto el Auto N°537 del 24 de noviembre de 2021, a fin de sanear cualquier actuación que pueda generar algún tipo de irregularidad que vicie el proceso administrativo sancionatorio fiscal y menoscabo del derecho de defensa del inculpado», indica la decisión del ente de control.
