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“Estas tierras tienen dueño”
Desde el corregimiento de Apure, en Plato, un nutrido grupo de ganaderos de la región Centro del Magdalena, mostraron su rechazo ante la presunta invasión de predios que estaría tomando lugar en algunas de las fincas ubicadas en la trocha ‘Los Chivos’ de la citada población.
Desde tempranas horas del sábado, ganaderos provenientes de los municipios de Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Plato, Ariguaní, Chibolo, Nueva Granada, entre otros, se congregaron a la entrada del corregimiento afectado, en un esfuerzo por demostrar la solidaridad del gremio ante la situación que hoy enfrentan y, así mismo, llamar la atención de las autoridades para prevenir la llegada irregular de personas a los predios que ellos trabajan.
OPINIÓN CARIBE, único medio presente en la manifestación, tuvo la oportunidad de entablar conversación con el señor José Molina, quien es el propietario de la finca que apareció hace unos días con marcas rojas hechas con aerosol, en señal de repartición.
Ante este medio de comunicación, el ganadero explicó que, para este sábado 17 de septiembre, los presuntos invasores habían planeado repartir la tierra, que no les pertenece, tras haber apartado unos supuestos cupos por un total de $60.000, que les permitirían ingresar a los predios y asentarse allí.
Vea aquí las transmisiones desde Apure.
La invasión, acorde con su relato, fue notoria con la llegada alrededor de 28 motos, en las que transportaban niños y mujeres embarazadas, que ingresaron a la finca de Molina para luego marcarla cada 200 o 300 metros.
Al llegar al sitio, se pudo evidenciar la presencia de uniformados del Ejército Nacional, quienes pasaron a custodiar la zona ante la solicitud de los afectados. De acuerdo con los presentes, esta es la primera vez que algo de este tipo ocurre en esta zona, que siempre fue considerada “sana” y “segura”.
La invasión no sólo daría paso a un proceso judicial extenuante, en que el obligatoriamente deberá pronunciarse el 
Estado, sino que también afectaría seriamente la productividad de este sector rural, en el que, además de la ganadería, se desarrollan también actividades agricultoras, como la siembra de palma, maíz, yuca, entre otros, a través de los cual se generan empleos directos e indirectos para las familias de la región.
Desde el sitio donde se reportó el ingreso de presuntos ocupantes, el ganadero y exdiputado Rafael Saúl Jabara, expresó su preocupación ante el incidente reportado.
“Hay personas organizándose para invadir predios que son productivos, esta es una tierra completamente productiva. Aquí se afectaría a muchas personas si esto llegara a darse”, señaló Jaraba, cuya familia lleva décadas dedicada al campo, lo que los ha obligado a verse afectados por violencia y los grupos armadas que delinquen en las zonas rurales del departamento. Incluso, él mismo, fue secuestrado por el Frente 37 de las FARC, precisamente, en el desarrollo de sus labores agrarias.
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“A pesar de haber sido víctimas de violencia, estamos aquí trabajando, haciendo todo lo posible para seguir produciendo para la gente de la ciudad, somos campesinos netos, trabajando para ver qué nos depara la vida”, manifestó.
La Federación Colombiana de Ganaderos – Fedegán, en cabeza de su presidente José Félix Lafaurie, sostuvo una reunión ese mismo día con el director de la Policía Nacional, el general Henry Armando Sanabria Cely, ante quien se expuso “la grave situación que enfrenta el sector” por problemas como invasión, el secuestro, la extorsión y el abigeato.
Lafaurie reiteró la necesidad de acompañar “a las autoridades civiles, a la Fuerza Pública y a los ganaderos, de manera pacífica”, en estos casos de invasión ilegal de fincas. “No permitiremos que el patrimonio de los ganaderos esté en riesgo”, expresó.
En el encuentro, se procedió con los instrumentos jurídicos, de inteligencia, comunicación y tecnología, que permitan prevenir la ocupación en las tierras, esto, se suma a la estrategia de 11 puntos que ya había sido anunciada por el alcalde municipal, Jaime Peña Peñaranda, que incluyeron la creación de un cuadrante de vigilancia especial, llevar un libro de control, estructurar bases de datos telefónica, activar una red territorial de cooperantes, entre otras medidas.
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Sobre el Magdalena están puestos los ojos del sector ganadero, de las autoridades civiles y policiales, en aras de frenar esta actividad ilícita que también estaría presentándose en otros 17 departamentos del país, al parecer, por la malinterpretación que se les habría dado a las palabras del hoy presidente Gustavo Petro, sobre una posible reforme agrícola.
“La gente lo está malinterpretando, él dijo que se iban a repartir tierras, pero tendría que comprarlas primero. Estas tierras tienen tradición, son netamente productivas”, expuso Jaraba.
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A la fecha, se espera todavía un pronunciamiento oficial por parte del mandatario y del Ministerio de Agricultura, liderado por Cecilia López Montaño, quienes no han dado declaraciones oficiales al respecto, para dar garantías de protección a la propiedad privada.
