¡Pibe, que no te vuelvan a engañar! Estas son las diferencias entre un CPD y un RP

Ayer domingo, habitantes del populoso barrio Pescaíto, al norte de Santa Marta, llevaron a cabo una protesta pacífica solicitando a la administración distrital, encabezada hoy por Virna Johnson, una solución verdadera al serio problema que enfrenta el sector ante los constantes rebosamientos de aguas residuales en muchas de sus calles, siendo esta una queja con una vigencia de más de diez años.

Los manifestantes anunciaron la preparación de un sancocho con las aguas de alcantarillas que atraviesan el barrio, como un simbolismo de las situaciones que diariamente enfrentan – y que se incrementan en épocas de lluvias, como la de ahora – debido a los fuertes olores putrefactos que deben soportar a todas horas en los hogares por el constante flujo de residuos.

Esta situación no es nueva en lo absoluto. En el 2013, cuando Carlos Caicedo fungía como alcalde del Distrito, mostró con su distintiva parafernalia lo que, según sus declaraciones, sería la respuesta definitiva a esta problemática.

En ese entonces, el mandatario incluso contó con el apoyo del exfutbolista e ícono samario, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien acompañó a Caicedo y públicamente celebró la expedición de un CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por cerca de $6 mil millones, que permitiría darle inicio al proyecto de construcción del colector de aguas residuales.

Esto, luego de que el Departamento Nacional de Planeación – DNP pidiera a la administración el reembolso de $1.766 millones que habían girado de manera anticipada para este proyecto, pues el término de los recursos de la Nación había expirado.

Sin embargo, el anuncio fue simplemente eso, un anuncio, nunca tomó forma y con el paso de los años de se confirmó que fue un engaño del que fueron víctimas pescaiteros y el mismo Valderrama.

¿Qué es un CDP?

Hoy, nueve años después de la promesa del hoy gobernador, los habitantes se ven obligados a seguir pidiendo respuesta a un problema bien conocido por los gobiernos de turno. Por eso, OPINIÓN CARIBE explica hoy las diferencias entre un Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP y un RP – Registro Presupuestal, para evitar que la comunidad vuelva a ser víctima de un engaño como el citado.

Una experta en el tema consultada por este medio, indicó que un CDP únicamente certifica que hay una disponibilidad de recursos para hacer una contratación.

“Eso no compromete a la administración, solamente le dice a la parte de contratación que puede adelantar un proceso hasta el monto que les dice que tienen disponible, ese certificado es válido hasta un año. Si en un año no hacen el contrato el documento no vale nada”, manifestó.

Con el certificado, se puede hacer un contrato que pasaría a tener compromisos porque este sí contaría con la participación de un contratista y la entidad territorial, luego iría a registrarse en el presupuesto contra el CDP. “Por ejemplo, a esta entidad se le había autorizado hasta $500 millones para contratar el colector de agua e hizo un contrato por $480 millones, entonces ya no solamente es una autorización, sino que ahora sí la plata queda separada y asegurada para pagar al contratista”, señala.

Lo anterior, sí sería un certificado de Registro Presupuestal – RP, que sí respalda un compromiso real, en firme.

“El CDP es haberle dicho a Presupuesto ‘apártame estos recursos hasta que yo firme el contrato’, pero tiene validez de un año. Como nunca firmó el contrato, lo que hizo fue aguantar la plata un tiempito, pero no la usó. No cumplió su promesa, no la ejecutó ni la hizo real”, añade.

Es decir, un CDP, como el anunciado por el Caicedo en el 2013, realmente no es garantía de nada en ningún caso, sólo del arranque de un proceso cuyo incumplimiento no tiene repercusiones legales de ningún tipo. Caso distinto a un escenario de contratación, cuando ya avanza a Registro Presupuestal, en estas situaciones si hay compromisos que, de no cumplirse, conllevaría a problemas de tipo legal.

“Para que se convierta en RP tiene que haber firmado un contrato y no lo firmó con nadie, no hizo nada”, concluyó.
A la fecha, la administración no se ha pronunciado sobre las reiteradas peticiones, sin embargo, OPINIÓN CARIBE reitera: ¡Ojo, no se dejen engañar otra vez!