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Metrópolis

En Santa Marta, periodista denuncia amenazas de muerte por investigación sobre daños ambientales

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El desorden que impera en Santa Marta y el crecimiento desmedido de las edificaciones en ausencia de un riguroso control que prevenga los daños en el medio ambiente, se convirtió en la temática central de una investigación que adelantaba la periodista y derecho ambientalista Yamile Gómez, quien identificó una serie de procedimientos, al parecer, irregulares en uno de los sectores más llamativos para el desarrollo del turismo en la ciudad.

La situación fue identificada en la zona de Mendihuaca, cerca al hotel Costeño Beach. “Me fui hasta allá y me di cuenta que invadieron encima de la playa, invadieron lotes de personas particulares y que esto ocurría encima de la playa en general, a 50 metros de la arena”, explicó Gómez en entrevista con OPINIÓN CARIBE.

El mencionado sector es ampliamente reconocido precisamente por la riqueza natural que alberga, además de ser el sitio en el cual el mar y el río se unen, cerca del balneario al que acceden los visitantes. Sin embargo, parte de su magia se estaría viendo afectada por esta intervención aparentemente arbitraria, que estaría abriendo camino a un vertimiento de aguas residuales, mismas que estarían acabando con los manglares y madreviejas del sitio.

Gómez documentó todos los daños que identificó para darle desarrollo a una investigación que iba tomando forma en torno a las dificultades que estarían provocando en el sitio, sin presencia alguna de las autoridades. Luego de una primera publicación en un medio local, finalmente de las instituciones ambientales se pronunció, solicitándole realizar una nueva visita en el lugar para identificar cada uno de los problemas denunciados.

Yamile Gómez, periodista y derecho ambientalista.

“En el trayecto de un mes, entre una y otra visita ya había más construcciones y por su puesto más daño. Pensé que iban a hacer algo, pero pasó el tiempo y no hicieron nada (…) Allá muchas personas me dijeron que estaban en buenos términos con el Distrito y que por eso no iba a pasar nada. Hice una segunda nota un poco más extensa, con más investigación, entrevisté a personal de ahí, a pescadores, lo que llamó la atención de los medios nacionales, lo que, de pronto, ‘emberracó’ a esta gente”, relata la periodista.

Luego de esa segunda publicación, recibió una primera llamada amenazante en la que le exigían tener cuidado con la información que difundida “porque los quería destruir”. El tema siguió avanzando, incluso, estuvo involucrada la Defensoría del Pueblo, desde su rama ambiental, que programó una tercera visita en el terreno, llevada a cabo la semana pasada.

Esta vez la sorpresa fue mayúscula, pues el problema había aumentado su magnitud y así mismo las consecuencias en el entorno. El número de construcciones pasó de 24 a 35, las cuales seguían avanzando en el área de la playa.

“Se apareció este mismo día una persona diciendo que era de una cooperativa y que era quien mandaba allá, que por qué la visita. El tipo ya me conocía, ya sabe quién soy, donde vivo, lo que he escrito sobre ellos, diciendo la misma excusa: que yo quiero que a ellos les quiten eso y los dejen sin nada (…) Lo que quieren es que, en complicidad de algún ente, pretender que algún día eso se convierta en una invasión normal y después les legalicen, eso es lo que están buscando, pero no puede pasar”, narró Gómez.

La afectada reitera que su principal preocupación son los daños al medio ambiente que cada vez se hacen mayores en Mendihuaca, mientras siguen invadiendo las playas públicas.

“La idea es que esto se pare, pero yo volví a recibir una llamada en la que me decían que me cuidara porque en la tierra todo se pagaba, que dejara de seguir buscando porque las víctimas eran ellos y que los daños pasaban a otro plano cuando había víctimas involucradas, que cualquier cosa me podía pasar”, relata, en medio de la impotencia por la manera en la que proceden este tipo de situaciones en la ciudad.

“Nadie hace nada”

Ante lo ocurrido, Yamile Gómez procedió a interponer una denuncia ante los entes pertinentes, Fiscalía, Policía y Defensoría, aunque confirmaron haber recibido la información, lo cierto es que el caso no ha avanzado y, por el momento, no ha tenido acercamiento con ninguna autoridad que dé garantías para salvaguardar su integridad.

“Me duele porque nadie hace nada (…) Nadie me ha preguntado de qué teléfono me llamaron, qué me dijeron ni a preguntarme porqué creo que me amenazaron, van cinco días de la denuncia y la situación continúa igual”, reitera.

La presunta politiquería del gobierno local

Así mismo, la denunciante afirma que hasta la zona señalada se trasladaron miembros del Dadsa y de la Alcaldía Distrital, pero tal parece que las gestiones se limitaron a llevar a cabo una reunión, recoger firmas, tomar fotos y dejar una bandera de Fuerza Ciudadana enterrada en la arena, que ondea casi como un símbolo de victoria para quienes estarían protagonizando este problema.

“Publicidad política y se fueron, no hubo nada, no hubo pronunciamiento. Corpamag dice ya haber oficiado a quien le toca y la Alcaldía, que a final de cuentas es la autoridad de acá, lo que hace es que sube, les lleva publicidad y ya. Todos le echan la culpa al otro”, afirma.

Hoy, su deseo de hacer justicia por el medio ambiente y proteger una de las zonas más emblemáticas del turismo en Santa Marta se ve truncado tras ver la falta de acción por parte de los verdaderos encargados, que no estarían imprimiendo los esfuerzos necesarios para prevenir el deterioro que le espera al sector de Mendihuaca por esta incursión indebida.

“Yo me hago a un lado, me retiro porque ya está en juego mi vida y sólo me queda esperar que las autoridades algún día hagan algo. No quiero que quede el sinsabor de que quiero atacar a las personas, no es lo que quiero, lo único que me interesa es que se frene el daño ambiental ahí”,, concluyó.