Alcaldía incumple compromisos para mitigar hacinamiento carcelario en Santa Marta

El 23 de junio de 2021, la Alcaldía Distrital, en cabeza de Virna Johnson, anunció haber llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, con el cual le apuntaban a descongestionar los Centros Transitorios de Protección de la ciudad.

En ese entonces, la administración expuso que el convenio permitiría a la entidad carcelaria recibir a cerca de 200 personas privadas de la libertad que se encontraban en las distintas estaciones de la Policía Metropolitana, con el objetivo de liberar espacios en dichas instalaciones.

Un años después, en junio de este 2022, la alcaldía nuevamente emitió un boletín de prensa en el que se refirieron a este acuerdo, afirmando que ya la gestión estaba completada, sin embargo, una fuente con conocimiento sobre el tema consultada por OPINIÓN CARIBE desmintió tal información, señalando que la alcaldesa no ha cumplido con ninguno de los compromisos pactados.

Esta persona, que solicitó reserva de su identidad, explicó a este medio de comunicación que desde julio de 2022 se han estado realizando acercamientos para concretar la suscripción de la alianza, amparados en la Ley 65 y la 1709 de 2014, la cual señala que las entidades territoriales son las encargadas de asumir la carga y los costos de las personas sindicadas y que, en Santa Marta, no se está cumpliendo.

“Cuando se dio el primer acercamiento, la Alcaldía sacó en prensa que ya se había suscrito el convenio, que se iban a recibir a 200 personas, en aquel momento se hizo la aclaración que no había sucedido. Hace como dos semanas, nuevamente sacó la noticia de que se había suscrito el convenio, pero ya lleva más de un mes con la documentación completa que le requirió al INPEC y todavía la alcaldesa no ha firmado”, explicó la fuente.

Aunque el pasado sábado habrían afirmado a uno de los funcionarios del instituto que ya habían cargado toda la documentación a la plataforma, la cierto es que, por el momento, no lo han hecho. Con esto se cumple más de un mes y medio “de rodeos y excusas” para darle cumplimiento al acuerdo que se había pactado entre ambas entidades.

Uno de los aspectos más preocupantes del tema, es que al ser recursos de contratación pública tienen plazo únicamente hasta el 31 de diciembre para ejecutarse. “El tiempo que está quedando para los procesos contractuales es menor a dos meses, porque ya el 20 de diciembre, prácticamente, tiene que estar cerrada cualquier tipo de contratación y deben estar cerrados todos los contratos”, expuso.

Así las cosas, esta situación también se ha convertido en una ‘feria de anuncios’ por parre de la administración de Virna Johnson, quien, ya cumple un año y cuatro meses anunciando un convenio que, al parecer, administración se ha negado a concretar.