“Le quitaron a la niña injustamente y pasaron tres meses para que se la devolvieran”: líder indígena

Emmanuel Martínez, líder de la comunidad indígena Wayuu, denunció un presunto mal procedimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

De acuerdo a Martínez, hace tres meses la Policía de Infancia y Adolescencia estaba haciendo operativos contra la explotación infantil y hallaron en el sector de Los Cocos, a una mujer de la etnia Wayuu junto con su hija de cuatro años, quien supuestamente se encontraba mendigando.

“Consulté a la madre de la menor y esta me aseguró que no fue así, porque ella no tiene necesidad de mendigar y que, simplemente, se encontraba descansando porque estaba caminando y se sentó un momento a reposarse”, expresó el líder indígena.

Debido al malentendido, la niña habría sido presentada ante el ICBF, pero, según Martínez, cuando los familiares de la infante fueron a reclamarla, dicha institución dio largas hasta durante tres meses para, “reconocer que se encontraban realizando un mal procedimiento porque no hubo una razón válida para quitarle la niña a su madre y retenerla en todo ese tiempo”, señaló.

Fue entonces, cuando el ICBF solicitó a la mamá de la pequeña, la documentación de ella y de su hija, no contando con que esta, por ser indígena Wayuu no tiene documentos, solo su nacido vivo, pero argumentó que el de la niña no lo tenía porque se había extraviado tras un derrumbe en el lugar donde residía.

El ICBF alegaba a la mujer no ser la madre de la menor

“El Bienestar aseguraba que la niña no era hija de la indígena Wayuu, entonces solicitó el nacido vivo en Riohacha, lugar de nacimiento de la menor, y además, la sometieron a una prueba de ADN, y a pesar de que salió positiva, insistían en no entregarla a su madre”, puntualizó el líder.

Tiempo después, el Instituto pidió un cabildo indígena para representar a la mamá de la infante, en este caso Emanuel Martínez, quien contó que el mismo día que se dirigió al ICBF, le manifestaron que entregarían a la infante, pero luego, este se llevó una sorpresa. “Me dijeron que la doctora que estaba llevando el proceso se encontraba de vacaciones y que entonces no podían entregar a la niña, lo cual, no me pareció una buena respuesta, se lo comenté a la comunidad, quienes de inmediato se molestaron y protestaron frente a las instalaciones del Bienestar Familiar”, acotó.

Sin embargo, Martínez tenía un ‘haz bajo la manga’ y se apoyó en el artículo 246 de la Constitución Política Colombiana, el cual establece que toda autoridad indígena tiene la potestad de adquirir acciones jurisdiccionales rigiéndose a sus propias normas. Entonces, “el Bienestar entendió y estuvo totalmente de acuerdo, luego, la directora se comunicó conmigo y efectivamente, me dijeron que iban a entregar a la niña, a la que encontramos en buen estado de salud, por lo que no tuve quejas por ese lado”, concluyó.

Estas actuaciones por parte de las autoridades dejan en cuestionamiento la manera en la que se llevan los procesos con los menores de edad en Santa Marta. Además, de ser este un caso que podría determinarse como una discriminación hacia la etnia Wayuu. ¿Quién regula este tipo de injusticias y de violaciones a los derechos humanos?