Archivan investigación contra el PAE en Santa Marta durante el mandato de Rafael Martínez

Luego de cuatro años de haber iniciado un proceso investigativo en contra del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santa Marta por parte de la Procuraduría General de la Nación, se conoce que dicha entidad de control ordenó el archivo definitivo de este caso.

El 24 de enero de 2019, se abrió la investigación disciplinaria, que aluden a presuntas irregularidades por la no prestación oportuna del PAE para el año 2019 en el Distrito de Santa Marta.

De acuerdo con la denuncia realizada en el año mencionado anteriormente, Rafael Martínez, el entonces alcalde de Santa Marta y Adriana Trujillo Arias, su secretaria de Educación, habrían afectado a 43.000 niños y adolescentes del distrito por la demora en la elección del contratista para la operación del PAE.

Sin embargo, en las últimas horas el Ministerio Público resolvió que, “según el análisis realizado por parte del Despacho se observa que de las pruebas que reposan en el plenario, es posible concluir de manera razonable que no hay conducta respecto de la cual se le pueda endilgar la comisión de falta disciplinaria a los señores Rafael Alejandro Martinez y Adriana Cristina Trujillo Arias, para la fecha de los hechos, por lo que corresponde dar aplicación al artículo 90 del Código General Disciplinario”.

La determinación se dio luego que la secretaría Trujillo presentara un informe en el que resalta que, “desde el mes de septiembre de 2018 se inició la planificación de la prestación del servicio PAE para la vigencia 2019, y la primera acción desarrollada se concretó en la solicitud ante la Secretaria de Hacienda para que se tramitarán las vigencias presupuestales futuras para contratar la prestación del mismo desde el primer día del calendario escolar del 2019”.

Con este argumento y las pruebas remitidas al despacho de la Procuraduría quedó en evidencia la gestión y diligencia debida por el ente territorial para obtener los recursos necesarios que ampararan el proceso de licitación pública con el tiempo previsto para asegurar los recursos. Sin embargo, la adjudicación se presentó el 13 de marzo del 2019, es decir, siete meses después.

Ante esto, María Consuelo Cruz Mesa, Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal indicó que no encontró méritos ni conducta disciplinariamente cuestionables por el exalcalde Rafael Martínez, ni de Adriana Trujillo, para continuar la investigación.

“Lo anterior permite advertir que, si bien en principio se generó un retraso en la iniciación oportuna en la prestación del servicio PAE, no se evidencia que esta situación se haya producido por alguna acción caprichosa y descuidada del ente territorial, contrario sensu, se evidencia del material probatorio allegado al proceso disciplinario que la contratación fue un proceso en el que la gestión necesaria para obtener los recursos financieros se inició en el año 2018” señala el documento.