Docentes llevan más de un año esperando que la Secretaría de Educación les asigne plazas

Desde hace más de un año, un grupo de docentes de Santa Marta se encuentran en una lucha en contra de la Secretaría de Educación Distrital, reclamando el nombramiento al cual se hicieron merecedores en enero de 2022.

A pesar de cumplir con todos los requisitos para iniciar labores en los colegios de las zonas rurales, lo cierto es que el proceso se ha visto truncado, pues desde la administración no se han hecho las gestiones correspondientes para garantizar los derechos laborales de los afectados.

Las primeras versiones de los hechos, indican que en las listas fueron objeto de alteraciones, debido a que en las plazas ofrecidas se estarían laborando familiares y allegados a servidores de la Secretaría. Aunque la situación fue puesta en conocimiento el año anterior y se hicieron una serie de correcciones en el caso, lo cierto es que, a la fecha, todavía hay cerca de 11 educadores que se encuentran sin acceso de sus cargos, es decir, de los 61 reclamos, sólo 50 fueron atendidos.

Se trata de Johan Balaguera, Hernando Bolaño, Gerson Barreto, Miguel Medrano, Yorselli Narvaez, Carmen Bornacelly, Fabiola Jattar, Jesús Díaz, Paula Rodríguez y José Salas, quienes, a pesar de cumplir con los requisitos legales para iniciar sus labores, hoy, un año después continúan sin empleo, salud ni ingresos estables.

Por lo anterior, los docentes han tomado la iniciativa de ‘plantarse’ diariamente en las instalaciones de la Secretaría de Educación, buscando vencer las arbitrariedades de las cuales, aseguran, han sido objeto.

El inconveniente, al parecer, se hace peor, pues la respuesta que han recibido es que no hay plazas disponibles en las instituciones indígenas de la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe, que fueron las anunciadas por la convocatoria inicial.

El caso, incluso, fue denunciado por el concejal samario Yesid Ospino, quien en una sesión de la corporación edilicia se refirió a una supuesta “red de corrupción”, a través de la cual, acorde con sus declaraciones, exigen montos de dinero a los profesores para que estos puedan acceder a horas extras, no obstante, la situación no trascendió.

Ante lo que viene sucediendo, los docentes afectados optaron por interponer una tutela, con la esperanza de que la justicia ordinaria atienda sus requerimientos de la manera en la que las autoridades locales de Santa Marta no lo han hecho. Pero el inconveniente sigue sin soluciones, hubo un fallo que dio un plazo de 48 horas para que cada uno integrara la plaza correspondiente, pero tampoco se ha cumplido.

A raíz de todo este procedimiento, actualmente dicen ser víctimas de hostigamiento por parte de la dependencia que en reiteradas ocasiones se ha negado a hacer valer sus derechos.