Por «falta de material probatorio», el magistrado rechaza la solicitud de prisión preventiva para Carlos Caicedo por presuntos actos de corrupción en el CDI de Bonda.

«Lo que ocurra después de terminado mi período es responsabilidad de los alcaldes sucesivos. Si bien hay irregularidades en el contrato, deben acudir a la justicia y denunciarlos. Así que lo que ocurrió después de mi período no es mi responsabilidad», indicó el imputado Carlos Caicedo Omar en su intervención en la audiencia.

Por: Arnol Sarmiento

Redacción: OPINIÓN CARIBE

En la tarde de hoy se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntos hechos de corrupción en la construcción del CDI de Bonda, en la cual el magistrado iba a determinar si el imputado quedaría o no en privativa de la libertad, en consecuencia, a los delitos que le señalaba la Fiscalía.

Entre los delitos imputados al hoy gobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, la Fiscalía lo señalo de los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada en el CDI de Bonda. Al cual no se allanó el pasado 14 de marzo.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía y una evidente obra inconclusa que lleva cerca de 8 años sin terminar, y que en su contrato inicial esta obra se tenía que terminar en 6 meses, es decir, el 31 de diciembre de 2015, la cual hasta el día de hoy no se ha terminado y solo existe un lote con estructura enmontada.

Sin embargo, el magistrado John Jairo Ortiz negó la medida de aseguramiento al gobernador Carlos Caicedo Omar, solicitada por la Fiscalía, porque según el magistrado, la decisión se dio por la falta de material probatorio presentado por parte de la Fiscalía.

Ante esta decisión del magistrado, el fiscal Andrés Palencia solicitó el recurso de reposición ante la decisión del magistrado para tratar de cambiar su decisión. La Fiscalía acudió a tocar punto por punto los hechos evidentemente relevantes, pero esta intervención no tuvo eficacia, lo cual llevó al Magistrado John Jairo Ortiz a confirmar nuevamente la negación de la privativa de libertad al gobernador Carlos Caicedo Omar, solicitada por la Fiscalía debido a presuntos hechos de corrupción en el CDI de Bonda.

Como resultado de esta determinación, el imputado Carlos Caicedo seguirá en libertad y podrá ejercer sus funciones como gobernador del Magdalena. A pesar del recurso de reposición presentado por la Fiscalía, el magistrado mantuvo su decisión original y no se produjo un cambio en la medida de aseguramiento.

Algo que llamó la atención en particular fue luego del recurso de reposición presentado por la Fiscalía por la decisión del magistrado John Jairo Ortiz de negar la medida de aseguramiento al gobernador Carlos Caicedo. En respuesta a esto, en una solicitud para intervenir, el imputado Caicedo señaló lo siguiente: «Quiero aclarar ciertas cosas. La Fiscalía insiste sobre la ejecución de una obra en la cual yo no tengo participación. Yo terminé mi periodo en el 2015 y ni siquiera realicé una adición en recursos. No quise favorecer a contratistas. Lo que ocurra después de terminado mi periodo es responsabilidad de los alcaldes sucesivos. Si bien hay irregularidades en el contrato, deben acudir a la justicia y denunciarlos. Así que lo que ocurrió después de mi periodo no es mi responsabilidad», indicó el imputado Carlos Caicedo Omar.

En conclusión, en la audiencia de medida de aseguramiento contra el gobernador Carlos Caicedo por presuntos hechos de corrupción en la construcción del CDI de Bonda, el magistrado John Jairo Ortiz negó la privativa de libertad al imputado debido a la falta de material probatorio presentado por la Fiscalía. A pesar del recurso de reposición presentado por la Fiscalía, la decisión del magistrado se mantuvo, lo que significa que Carlos Caicedo continuará en libertad y podrá ejercer sus funciones como gobernador del Magdalena. El imputado señaló que no tuvo participación en la ejecución de la obra y que cualquier irregularidad ocurrida después de su periodo es responsabilidad de los alcaldes sucesivos.