Asociaciones de propietarios de buses acatarán sentencia que baja el valor del pasaje

Las asociaciones de propietarios de buses de Santa Marta han anunciado que acatarán la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la cual ordena que el valor del pasaje de transporte público vuelva a ser de 1800 pesos, tal como estaba estipulado antes del decreto 544 del 31 de diciembre de 2019. Esta decisión se llevará a cabo una vez que la Alcaldía Distrital emita el acto administrativo correspondiente.

El presidente de Asotradismar, Eduardo Santana, y el gerente de Sitras S.A.S, Juan Carlos Fajardo, expresaron su compromiso de cumplir con la ley y respetar la sentencia, a pesar de que el transporte es vital para sus ingresos como empresarios. Consideran que cualquier aumento en el pasaje debe basarse en parámetros y estudios legales sólidos que lo respalden, por lo que esperarán la emisión del acto administrativo por parte de la Alcaldía para ajustar la tarifa.

Además, los propietarios de buses han presentado un oficio a la Alcaldía Distrital solicitando la realización de un estudio técnico conforme a los parámetros legales vigentes que permita fijar la nueva tarifa de transporte. Asimismo, han solicitado a las empresas de transporte que ajusten el valor de las planillas diarias a precios de 2019, con el fin de buscar un equilibrio justo entre los actores del sistema y la ciudadanía en general.

En otro tema, los propietarios de buses han pedido a la Alcaldía Distrital que se abstenga de implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) hasta que se cumplan los parámetros establecidos en la sentencia. Argumentan que no existen garantías para llevar a cabo la implementación del SETP en las condiciones actuales. Además, consideran que es necesario reestructurar el sistema de manera profunda, ya que consideran que no se puede continuar con un proyecto que ha generado dificultades financieras sin siquiera haber entrado en funcionamiento.

Este anuncio ha generado debate en la ciudad y se espera que las autoridades municipales aborden la situación con prontitud y en concordancia con la legalidad vigente, buscando una solución equitativa para todas las partes involucradas y garantizando el correcto funcionamiento del servicio de transporte público en Santa Marta.