Nación
Mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo las principales víctimas de la trata de personas en Colombia
La Defensoría del Pueblo, instó una vez más al Estado a fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan de manera temprana y urgente prevenir la esclavitud dentro y fuera del territorio colombiano.
La labor defensorial para seguir afrontando esta grave amenaza para derechos como la libertad y la dignidad humana permitió que la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, a través de sus Duplas de género presentes a lo largo y ancho del territorio nacional, acompañara 236 casos entre enero del 2018 y junio del 2023. De ese total, 212 (el 89%) correspondieron a victimizaciones contra niñas, adolescentes y mujeres; 60 de ellos (el 25,4%) estuvieron relacionados con la esclavización de personas migrantes.
“La trata de personas es una grave vulneración de los derechos humanos que cada día afecta a más personas nacionales y extranjeras, sin que existan los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”, indicó Carlos Camargo Assis.
El panorama nacional sobre la problemática
Los lugares donde se ha agravado la problemática (el mismo periodo: 2018-junio de este año) son Norte de Santander (43 casos), Bogotá (25), Caldas (23), Valle del Cauca (20) y Cundinamarca (13), sin que deje de ser preocupante la situación en los demás departamentos en los que no existen las suficientes herramientas para la prevención e identificación de contextos de riesgo y de casos.
La Dirección Nacional de Defensoría Pública, atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 985 de 2005 y en el Decreto 1066 de 2015, está representando judicialmente a víctimas del delito en 124 procesos penales.
El requerimiento al Estado
Por lo anterior, es necesario que el Estado colombiano pueda avanzar en tres frentes claves:
- La detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos.
• La evaluación de manera progresiva y participativa de los impactos en la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas (Decreto 1818 de 2020).
• La definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante, con el fin de mitigar el alto riesgo de esclavización en el que se encuentra.
