¡Estamos en guerra! ¿En qué bando estás?

Opinión | ¿Será que los colombianos realmente hemos aceptado que nos encontramos inmersos en una guerra ininterrumpida, con picos y valles de intensidad, por lo menos desde 1948, si se quiere establecer un año como punto de partida?

En ocasiones me da la impresión de que no terminamos de aceptarlo; de que el deseo de la inmensa mayoría de los colombianos, que son personas de bien, es cerrar los ojos constantemente e imaginar que aquello que vivimos a diario es normal; que no existen buenos ni malos y que resulta perfectamente asimilable que aquellos que hace décadas abandonaron cualquier vestigio de sus supuestos ideales y que hoy no son más que criminales multimillonarios en sus cúpulas y hordas salvajes y fanáticas en sus bases, posen una y otra vez como estadistas, ocupen curules en el Congreso y se revistan de legitimidad democrática, todo ello en virtud de la claudicación del Estado.

El colombiano se acostumbró a las masacres guerrilleras y paramilitares. El colombiano aceptó que el asesino, guerrillero o paramilitar, después de años de fechorías, atrocidades y crímenes, gozara de impunidad y, por qué no, participara de la misma democracia que tanto desdeñaba, ya fuera presentándose personalmente como candidato o ejerciendo el poder por intermedio de terceros. El colombiano levantó la mirada al cielo y cerró los ojos, aceptando con resignación y espíritu de rendición aquello que la vida le deparó: un estado de cosas en el que el sentido común y la verdad siempre fueron las primeras víctimas.

Llevamos décadas fingiendo que todo pasa porque nos quejamos de todo, pero, en el fondo, queremos que nada cambie. Porque pareciera que preferimos la catástrofe conocida antes que la dolorosa y turbulenta cura por conocer. La primera nunca termina: se perpetúa y se eterniza al amparo de la costumbre, del poder, de la conveniencia o del miedo. La segunda, en cambio, es drástica, sacude las estructuras, desacomoda a los cómodos, rompe con la resignación colectiva y exige sacrificios. Pero, sobre todo, si existe una verdadera voluntad estatal y un pueblo capaz de alcanzar la madurez política y moral que las circunstancias demandan, puede conducirnos finalmente a un desenlace: aquel en el que los criminales caigan derrotados a los pies de un Estado que, después de décadas de vacilaciones, concesiones y claudicaciones, se decida, de una vez por todas, a someterlos por la fuerza legítima de sus instituciones.

Pero esta empresa histórica no puede seguir siendo una responsabilidad exclusiva de quienes gobiernan ni una carga que la sociedad contempla cómodamente desde la distancia. Los colombianos debemos asumir colectivamente el sacrificio que supone decidirnos, de una vez por todas, a erradicar de nuestro territorio a las organizaciones armadas ilegales. Debemos comprender que la recuperación de la autoridad del Estado no será una empresa cómoda, indolora ni exenta de sacrificios. Nuestros soldados y policías han prestado un juramento solemne ante la patria, un juramento que entraña el deber de defenderla incluso a costa de sus propias vidas. Sus familias, sus amigos y la sociedad entera deben comprender la dimensión de ese compromiso, honrarlo y respaldarlo, por dolorosas que puedan resultar sus consecuencias. Porque vestir el uniforme de la República no es solamente ejercer una profesión: es aceptar una vocación de servicio que puede exigir el sacrificio supremo. Y quien, siendo soldado o policía, no comprenda la magnitud de ese juramento, quien no esté dispuesto a asumir los riesgos inherentes a la defensa de la nación, debe tener la honestidad de dar un paso al costado. Colombia no puede seguir exigiendo paz mientras le teme al sacrificio que demanda conquistarla. Una nación que no está dispuesta a defenderse termina condenada a vivir bajo el yugo de quienes sí están dispuestos a destruirla (sino, observen al estado fallido de Haití)

La sociedad civil colombiana debe decidirse, de una vez por todas, sin tapujos, sin ambigüedades y sin las falsas caretas de una pretendida superioridad moral: o estamos del lado de la institucionalidad y de su sagrado deber de garantizar la paz, el orden y la sana convivencia, o terminamos favoreciendo a quienes han hecho del crimen, el terror y la barbarie su forma de vida. No podemos seguir tolerando que aquellos que asesinan, secuestran, masacran, extorsionan y vuelan en pedazos a seres humanos e infraestructuras, pretendan convertirse, apenas reciben la respuesta legítima y contundente del Estado, en los más fervorosos defensores de los derechos humanos, instrumentalizando incluso organizaciones y discursos humanitarios para encubrir sus atrocidades y deslegitimar a quienes los combaten. Los derechos humanos no son patrimonio de los criminales ni pueden convertirse en el escudo propagandístico de quienes los han pisoteado sistemáticamente. Defenderlos exige, ante todo, reconocer la dignidad de sus víctimas y exigir que el Estado actúe con toda la fuerza que la Constitución y las leyes le confieren. Ha llegado la hora de abandonar la cobardía disfrazada de prudencia, la indiferencia disfrazada de tolerancia y la claudicación disfrazada de paz. Colombia debe comprender que la autoridad legítima no es una amenaza para la democracia, sino su principal garantía frente a la barbarie. Porque una nación que termina avergonzándose de la fuerza de sus instituciones, mientras encuentra infinitas justificaciones para la violencia de sus verdugos, no está construyendo la paz: está perfeccionando su propia rendición.

Por Ariel Quiroga Vides.