“Ningún servidor público podrá estar por encima de la constitución y la ley”: Procuradora Margarita Cabello

Aunque no dio nombres, la procuradora respondió a quienes la señalan de organizar una presunta persecución a un candidato a la Gobernación del Magdalena.

Durante el primer día del seminario Regional de Derecho Disciplinario y Mujeres Rurales, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Santa Marta, la procuradora Margarita Cabello Blanco manifestó que ningún servidor público, incluyendo a los de elección popular, podrá estar por encima de la Constitución y la ley.

La Procuradora enfatizó en su visita a la capital del Magdalena que, en Colombia, como Estado de Derecho, existe el «sistema de frenos y contra pesos, por lo que las actuaciones disciplinarias a cargo de la entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias».

En su intervención, destacó que la sanción disciplinaria tiene como objetivo reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico en el país, «pues ningún servidor público (incluidos los de elección popular) podrá estar por encima de la Constitución Política y el imperio de la ley, pues esa particular forma de pensar solo puede tener sentido en regímenes totalitarios o absolutistas».

Sostuvo que Colombia es una democracia; es un Estado de Derecho y al mismo tiempo un Estado Social. «Para mantener a salvo estos tres elementos, debe respetarse y respaldarse la función de los jueces y de los organismos de control».

La Contraloría emitió este miércoles un pliego de cargos por el presunto sobrecosto en el Plan de Alimentación Escolar, PAE, contra el exalcalde de Santa Marta y hoy candidato a la Gobernación del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, quien a través de un comunicado en la mañana de hoy jueves señaló al ente de control de planear una persecución en su contra, por sus aspiraciones políticas.

Ante esto, la procuradora llamó la atención a quienes critican la función disciplinaria de la entidad: «no puede seguir pasando que, cada vez que aparezca una situación digna de ser investigada, de forma automática e irreflexiva, se descalifique a quienes constitucional y legalmente están autorizados para ejercer dicha función».

Como jefe del órgano de control resaltó que, en función pública, hay dos males que afectan los deberes del Estado: «la corrupción y la ineficiencia administrativa; males que deben ser combatidos por ese instrumento general con que cuenta el país como es el derecho sancionador».