¡Absurdo! Las FARC ya no solo son criminales, sino también reguladores de tránsito y autoridad municipal

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, ha sido testigo de una medida inusual para regular el tráfico vehicular. El grupo armado de las FARC ha establecido límites de velocidad estrictos de 30 kilómetros por hora en ciertas áreas del municipio.

La noticia toma un tono aún más inusual al considerar las similitudes entre esta medida y las controvertidas restricciones de velocidad de 30 kilómetros por hora implementadas en el departamento del Magdalena, específicamente en la Troncal del Caribe. En ambas situaciones, se busca imponer límites de velocidad muy por debajo de lo que comúnmente se considera seguro para las carreteras principales.

Sin embargo, la situación en Tibú presenta características únicas. A diferencia del Magdalena, donde se han instalado cámaras de foto detección para hacer cumplir la restricción, en Tibú, las FARC han recurrido a la colocación de pasacalles en puntos estratégicos para comunicar su nueva regulación del tráfico. Además, se ha informado que aquellos que desobedezcan la norma se enfrentarán a la inmovilización de sus vehículos.

Lo que resulta aún más desconcertante es la aparente toma de control de la autoridad por parte de grupos criminales en lugar de las autoridades municipales y su órgano de control correspondiente. Esta situación plantea preguntas fundamentales sobre la seguridad y la gobernabilidad en la región. La autoridad ejercida por bandas criminales que controlan la zona ha llegado al punto de asumir roles de regulación de tráfico, un deber que normalmente recae en la fuerza pública y en las autoridades locales.

Este nuevo episodio subraya la creciente preocupación por la presencia de grupos armados en diferentes partes del país, y cómo están asumiendo roles de autoridad que normalmente son exclusivos de las instituciones gubernamentales. La incertidumbre prevalece en Tibú y en otros municipios afectados por este fenómeno, planteando la pregunta de hasta qué punto la presencia de grupos armados desafiará la autoridad del Estado y la seguridad de las comunidades.