Gobierno presentará proyecto de reforma para restringir funciones de Procuraduría y Contraloría

En el año 2024, el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Justicia, tiene previsto presentar un ambicioso proyecto de acto legislativo ante el Congreso que implicaría cambios significativos en las funciones y competencias de la Procuraduría y la Contraloría. Este proyecto busca modificar varios artículos de la Constitución relacionados con los entes de control, con el fin de restringir sus funciones jurisdiccionales y su capacidad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular.

Uno de los puntos clave de la propuesta es la adición de un nuevo artículo que establece claramente que «el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control y no tendrán funciones jurisdiccionales. Además, no podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular».

Este proyecto, que consta de aproximadamente cuarenta páginas, incluyendo una exposición de motivos, tiene como objetivo principal cumplir plenamente con las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en lo que respecta a los derechos políticos. Esto surge en respuesta a las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El articulado del proyecto presenta dos cambios fundamentales en las competencias de la Procuraduría. En primer lugar, se mantiene su función investigativa y sancionatoria para funcionarios públicos, pero se excluye de su jurisdicción disciplinaria a aquellos funcionarios elegidos por voto popular, como alcaldes y congresistas.

En segundo lugar, se plantea la idea de que el Ministerio Público no intervenga en procesos penales, y para lograrlo, se otorgan facultades excepcionales al Gobierno para garantizar la estabilidad laboral de los procuradores delegados y permitir su incorporación en la rama judicial en roles de fiscales o jueces.

El proyecto busca, en palabras de sus promotores, «redefinir el marco constitucional de su función de intervención judicial para armonizarla con el sistema penal oral acusatorio y optimizar el uso de los recursos públicos».

Aunque aún no se ha establecido una fecha oficial para la presentación del proyecto en el Congreso, el Ministerio de Justicia ha confirmado que el borrador se encuentra en manos de las altas cortes, la Fiscalía y los propios entes de control. El objetivo es recopilar observaciones, llevar a cabo mesas de discusión, realizar modificaciones necesarias y, posteriormente, iniciar el proceso legislativo el próximo año.