La FLIP rechaza medidas adoptadas por el gobierno en el Decreto 1702 que limitan la libertad de prensa

En un comunicado emitido hoy, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha expresado su firme rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el Decreto 1702 de 2023, expedido el 19 de octubre por el Ministerio del Interior, en relación con algunas restricciones de cara a las próximas elecciones territoriales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre. La FLIP argumenta que estas medidas no son compatibles con los parámetros constitucionales sobre la libertad de expresión y que afectan el derecho a informar y ser informado.

Uno de los puntos críticos del Decreto que la FLIP ha señalado es el artículo 4, que prohíbe “entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión” durante el día de las elecciones. La FLIP considera que esta restricción es arbitraria, ya que no ofrece criterios claros para diferenciar entre entrevistas de interés público y aquellas con fines político-electorales.

Además, el artículo 13 del Decreto establece que los medios de comunicación solo pueden brindar información de orden público que sea confirmada previamente por fuentes oficiales durante la jornada electoral. La FLIP argumenta que “Esta restricción afecta al ejercicio periodístico, puesto que no puede haber fuentes de información vedadas o prohibidas. No es aceptable que el Ministerio exija que las publicaciones sobre asuntos de interés nacional, como este tipo de acciones, deban tener una aprobación previa de una autoridad pública. Adicionalmente, en muchas zonas del país, las autoridades locales dicen no estar autorizadas para confirmar este tipo de informaciones y remiten a los reporteros a los voceros nacionales”.

El artículo 7 del Decreto prohíbe el uso de celulares y cámaras fotográficas y de video en los puestos de votación entre las 8 am y las 4 pm, permitiendo su uso solo con la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La FLIP sostiene que esta medida no es acorde con la libertad de expresión y limita la capacidad de la ciudadanía para ejercer su derecho a supervisar el proceso electoral. “Tampoco es compatible con la libertad de prensa que el cubrimiento de las elecciones deba estar mediado por una autorización o coordinación de la Registraduría, sin que a la fecha ésta autoridad haya publicado bajo qué criterios y condiciones se coordinará con los cientos de periodistas que cubrirán los comicios en numerosas mesas de votación en todo el país”. Señala la Fundación para la Libertad de Prensa en su comunicado.

Así mismo, la FLIP recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos indica tres requisitos para limitar la libertad de expresión de manera legítima, y argumenta que el Decreto no cumple con ninguno de ellos. “El primero de ellos es que la restricción debe estar previamente consagrada en una ley redactada de manera precisa y clara. El segundo señala que la restricción debe ser necesaria para el logro de objetivos autorizados por la misma Convención (es decir la vigencia de otros derechos humanos) y tercero, que se demuestre que la restricción es necesaria y absolutamente proporcional. Ninguno de estos tres artículos mencionados arriba supera el test tripartito pues de entrada las limitaciones que contemplan no existen en ninguna otra Ley. A su vez, esta normativa debe contemplar que la libertad de prensa contribuye a la garantía del acceso a la información y no es un obstáculo como el decreto pareciera insinuar.” Señala la FLIP.

La Fundación para la Libertad de Prensa hace un llamado al Ministerio del Interior para que modifique el Decreto y lo enmiende teniendo en cuenta los parámetros constitucionales que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de prensa.

Además, la FLIP solicita a la Registraduría, la Policía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) que garanticen que los periodistas del país puedan llevar a cabo sus labores durante las jornadas electorales sin temor a enfrentar obstáculos o represalias. Así mismo señalan que durante este año, se han registrado 69 agresiones a periodistas por parte de grupos armados y 40 casos relacionados con el cubrimiento electoral.