Nación
Nueve servidores públicos fueron suspendidos en Colombia por presunta participación en política
Por acciones de vigilancia al proceso electoral, Procuraduría suspendió provisionalmente a un gobernador, siete alcaldes y un personero.
Los mandatarios locales afectados son: el Gobernador del Quindío y los alcaldes de Neiva, Huila; El Banco, Magdalena; San Pablo, Nariño; Puerto Nariño, Amazonas; San Pelayo, Córdoba, y Nechí y Campamento, en Antioquia.
Para el Ministerio Público esas medidas cautelares eran necesarias y proporcionales, toda vez que se investiga una presunta participación en política de los funcionarios.
Como resultado de las acciones de vigilancia ejercidas sobre el proceso electoral, en los últimos días la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a un gobernador, siete alcaldes y un personero municipal, quienes aparentemente con sus actuaciones buscaban influir en el resultado de los comicios de este 29 de octubre.
Como resultado de esa actuación, el órgano de control abrió investigación por presunta participación en política y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo; y a los alcaldes de Neiva, Gorky Muñoz; El Banco, Magdalena, Roy Enrique García Sánchez, y San Pablo, Nariño, Ricardo Emiro Gómez Lasso.
La misma medida fue adoptada para los mandatarios locales de Puerto Nariño, Amazonas, Alirio de Jesús Vásquez; San Pelayo, Córdoba, Harving Vladimir Espitia Arteaga, y de los municipios antioqueños de Nechí, Marcos Javier Madera Camera, Campamento, Juan Pablo Torres Piedrahita, y el personero de Puerto Berrío, Mauricio José Cardona Serna.
Esas decisiones, adoptadas tras las denuncias públicas sobre el posible comportamiento irregular de los mandatarios, fueron adoptadas como una medida cautelar de prudencia disciplinaria, donde los procuradores actuaron con inmediatez, prontitud, respeto al debido proceso y al derecho de contradicción y defensa.
En las decisiones adoptadas, el Ministerio Público señaló que las mismas eran necesarias y proporcionales, toda vez que se investiga una presunta participación en política, conducta que atenta contra los principios de igualdad y transparencia que sustentan los comicios, que son un pilar del estado social de derecho.
Para la Procuraduría, se trata de evitar que los investigados utilicen su cargo para presuntamente respaldar una causa o campaña política o influir en el proceso electoral, y bajo ningún punto de vista las suspensiones decretadas constituyen un prejuzgamiento respecto de su conducta.
