Metrópolis
Contraloría advierte posibles riesgos en la licitación para la construcción del acueducto de Santa Marta
La Contraloría General de la República ha señalado debilidades significativas en la planeación del proceso licitatorio para la construcción del nuevo acueducto de Santa Marta, identificando posibles riesgos que podrían afectar los objetivos del proyecto.
La licitación en cuestión, bajo el código LP-011-2023, tiene como objetivo la construcción del sistema de acueducto denominado «El Curval» en la zona urbana y rural de Santa Marta. Esta obra, con un presupuesto oficial cercano a los $1.68 billones, busca mejorar la cobertura de agua potable en la capital del Departamento del Magdalena, donde las fuentes actuales no satisfacen las necesidades de todos los sectores de la ciudad.
La preocupación central de la Contraloría recae en la forma de pago propuesta para la ejecución de las obras, que implica pagos anuales durante 30 años, financiando el 100% a través del contratista. Esta modalidad, según el análisis, podría resultar en una financiación onerosa en comparación con otras alternativas de crédito que no han sido consideradas. Además, la carencia de un estudio de financiamiento que analice diversas opciones crediticias podría generar un sobrecosto financiero de dimensiones importantes.
La Contraloría destaca que la falta de concordancia entre los requerimientos financieros de la licitación y la forma de pago planteada podría llevar a la parálisis o abandono de los trabajos por parte del contratista, debido a la falta de liquidez para afrontar el flujo de caja de inversión durante la construcción.
Otro aspecto resaltado es la ausencia de un estudio de financiamiento que contemple la diferencia entre el tiempo de construcción planeado (3.5 años) y la forma de pago a 30 años. Esta falta de análisis podría resultar en un incumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y eficacia que deben regir la contratación estatal.
Adicionalmente, la Contraloría advierte que, al suscribirse el contrato en las condiciones actuales, se podría estar incurriendo en una presunta inobservancia a las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano en lo relativo a vigencias futuras excepcionales, según lo establecido por la Ley 1483 de 2011.
La Contraloría General de la República asegura que seguirá de cerca el desarrollo de la licitación pública y tomará las acciones que considere pertinentes en el marco de sus competencias, manteniendo la lupa puesta en este proyecto de suma importancia para la ciudad de Santa Marta.
