Por presuntas irregularidades en millonario contrato, la Procuraduría abrió una investigación a Virna Johnson

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Marta, Virna Liz Johnson, y su entonces secretario de Gobierno (e), Bayron Arrieta Jiménez, por las presuntas irregularidades en un contrato que supera los $970 millones destinado a la implementación de un programa orientado a garantizar la participación ciudadana y fortalecer la democracia.

Presuntamente, la alcaldesa Virna Johnson habría celebrado un convenio de asociación en el que se destina la mayor parte del presupuesto a la adquisición de elementos de papelería y servicios logísticos, según lo solicitado por la Registraduría. Sin embargo, la Procuraduría ha advertido que no se evidencia la existencia de un estudio de mercado y del sector que respalde la elección de la entidad sin ánimo de lucro ni la contratación directa.

La indagación abarca la elección de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa, planteando dudas sobre la idoneidad de dicha elección en relación con el objeto del contrato. La Procuraduría ha señalado que no se ha documentado adecuadamente que esta elección fuera la manera apropiada.

También aborda una presunta adición al convenio de casi el 50 %, sin los análisis y estudios necesarios de conveniencia, así como cambios en condiciones técnicas como alquileres de salones, sin justificación y sin modificaciones en los precios unitarios de los elementos.

El ente disciplinario ha solicitado a la Alcaldía Distrital de Santa Marta toda la documentación relacionada con este convenio de asociación suscrito con la asociación de Gente Joven A.G.J. La alcaldesa y su exsecretario de Gobierno enfrentarán la investigación para esclarecer cualquier irregularidad en el proceso contractual.