“La Fuerza Pública no puede actuar como delincuentes”: Lerber Dimas Vásquez

Finaliza el 2023 y la zona rural de Santa Marta permanece cobijada bajo el creciente manto de violencia que durante tantos años ha azotado este sector, que hoy, a pesar de las reiteradas denuncias, sigue siendo controlado por grupos armados que parecen actuar sin consecuencias de ningún tipo.

Esta semana fueron los campesinos de la vereda Orinoco, en la zona alta del corregimiento de Guachaca, quienes reportaron enfrentamientos entre uniformados de la Fuerza Pública y activos de las organizaciones al margen de la Ley, creando un ambiente de zozobra en el que los civiles se sienten amenazados por ambas partes, alegando que, quienes se supone deben protegerlos, también estarían irrumpiendo en sus hogares sin mediar palabras, para hacer parte de un intercambio de disparos que deja a la población en la mitad de un peligroso fuego cruzado.

“Hoy, siendo 28 de diciembre, de manera muy preocupante me llamó la comunidad manifestando una incursión militar en nuestra vereda en donde resultaron afectados un sinnúmero de campesinos, comunidad indígena y extranjeros que aquí habitan. La fuerza pública hizo mal uso de sus recursos, arrojando explosivos, accionando sus armas, incursionaron en las viviendas de los campesinos, arrojándolos al suelo, intimidándolos con armas y de forma burlosa, se referían al operativo que estaban haciendo”, explicó Óscar Uribe, representante legal de la vereda Orinoco.

Óscar Uribe.

Así mismo, el denunciante asegura que no había necesidad de arremeter de tal manera en contra de la población, pues no existió ningún tipo de hostigamiento en contra de los uniformados, a quienes señala de actuar de manera similar en las veredas de La Aguacatera, Calabazo y en Cordobita.

Los videos suministrados a OPINÓN CARIBE muestran el resultado de este agresivo operativo, con decenas de cartuchos que yacen en el piso, viviendas con afectaciones en su infraestructura, vidrios rotos y demás elementos que reflejan el temor al cual están sometidos quienes allí habitan.

“Están creando un desplazamiento de estas comunidades campesinas, gran parte de los habitantes de Orinoco fueron desplazados, yéndose a la ciudad de Santa Marta y otras veredas, debido al temor existente por otra incursión. Para nadie es un secreto que la organización Conquistadores de la Sierra viene adelantando reuniones con diferentes veredas, manifestando el interés de un proceso de paz (…) pero el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso”, expresó el líder.

En sus declaraciones, Uribe hace un llamado urgente las entidades gubernamentales y las organizaciones internacionales para que brinden a los campesinos el apoyo que requieren, debido a que hoy se sienten atropellados no sólo por los grupos armados organizados, sino también por las Fuerzas Militares.

“Por favor, hagan un cese al fuego, estamos quedando en medio de estos enfrentamientos, no queremos quedar en un fuego cruzado. Como representante de las comunidades en el proceso de paz, hago ese llamado al Gobierno, que tome cartas sobre el asunto”, añadió, haciendo énfasis en que la región necesita inversión y no violencia y que una de las graves consecuencias de este tipo de actos son la estigmatización, el desplazamiento y un rencor creciente.

El defensor de Derechos Humanos, Lerber Dimas Vásquez, se pronunció al respecto, reiterando que las comunidades son las víctimas de esta situación y que durante años han sido revictimizadas. En sus redes se ha referido en innumerables ocasiones a este tema y esta vez fue claro al afirmar que el “principio de distinción debe aplicar en todo momento” y que “las Fuerzas Militares están obligadas a actuar en respeto y garantías de los derechos”.

Así mismo, entrevista con OPINIÓN CARIBE, sentó su posición sobre la manera en la cual se llevó a cabo este operativo en las estribaciones de la Sierra Nevada, mismo que se ha convertido en motivo de rechazo, recelo y desconfianza por parte de los miembros de la población, quienes aseguran sentir temor cada vez que se acerca el sonido de un helicóptero en el área, pues se ha convertido de una señal casi catastrófica.

“El Estado no puede nunca renunciar a la acción de perseguir a los bandidos y los bandidos están en el monte. El Estado tiene que perseguirlos y capturarlos, esa su misión; mientras no haya un proceso de paz formal, establecido, con bases que permitan avanzar en un propósito común, tiene la obligación de restablecer el orden en un territorio que está bastante fragmentado por la violencia, luego, las acciones que el Estado emplee para perseguir y capturar a cualquier persona que esté delinquiendo son perfectamente legítimas.”, aclara el también docente y director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra.

Sin embargo, da un leve giro en sus declaraciones al reconocer lo problemática de una incursión de esta índole.

“Ahora, una cosa muy importante y es que no se puede perder de vista que la Fuerza Pública no puede actuar como delincuentes, tienen que aplicar el principio de distinción y es que hay unas personas civiles que no hacen parte del conflicto, que independientemente que estén en zonas donde hay actores armados, ellos no hacen parte del conflicto, no pueden irrumpir de manera violenta en los territorios, no pueden irrumpir de manera violenta en las casas y no pude generar procesos de desplazamiento porque los campesinos ya son víctimas”, reiteró.

Acorde con su explicación, escenarios como el acontecido no se hace más que provocar segundas victimizaciones y aunque asegura estar de acuerdo con que el Estado persiga a quienes delinquen para restablecer el orden, afirma que “no todo se vale”.

“Este tipo de acciones tienen que ejecutarse de forma muy bien planificada, de tal manera que la afectación a las comunidades y los territorios sea absolutamente nula. El Estado no puede ser generador de desplazamientos, de meterse a las casas, de disparar al aire”, agregó.

OPINIÓN CARIBE intentó contactar tanto a la Primera División del Ejército como a la Policía Metropolitana de Santa Marta para conocer su versión sobre lo sucedido, sin embargo, la respuesta recibida por parte de la institución militar, por el momento, se limita a consultas con altos mandos que siguen en proceso.

Mientras tanto, las comunidades siguen sintiéndose amenazadas por aquellos que deberían ofrecer seguridad, al tiempo que esperan garantías de no repetición que no han podido ser brindadas hasta la fecha.