La toga herida: quién podrá defendernos

Por Carlos Arteaga España

De las ramas del poder público colombiano, incluyendo los organismos de control, ninguna nos merecía mayor reverencia y respeto que la justicia. Cuando sabía que un docente o un amigo de mi padre se dedicaba el noble oficio de impartir y administrar justicia veía con enorme respeto ese oficio. Intuía yo que aquel sujeto era depositario del respeto, la rectitud y la moralidad pública. Su augusto apostolado le daba un aura de superioridad, y en los pueblos del caribe (Mompox, Ariguaní, Plato, etc) pude presenciar, como con devoción los jueces de la república generaban gestos de enorme atención en los pobladores.

Aquella evocación del ayer contrasta con el espectáculo deprimente de la justicia en los actuales momentos ¡escándalos, corrupción galopante, contubernio con las castas politiqueras de izquierda o derecha nos muestran una toga moribunda! Las reformas y maquillajes de los últimos años en nada incidieron en la mejora sustancial de la justicia como un bien público de enorme Valía.

Quiso el constituyente de 1991 una justicia pronta, oportuna, independiente y sometida exclusivamente al imperio de la ley (entiéndase tratados en materia de derechos humanos, constitución y leyes) según las disposiciones normativas de los artículos 228, 229 y 230 del texto fundamental, propósito que hoy dista de la realidad.

La celeridad de los procesos no se ha dado en los términos que se esperaban, y en algunos casos resulta alarmantes, como en la Fiscalía General de la Nación que según la Corporación excelencia de justicia se da una impunidad de más del 90 % ciento de los casos que llegan terminan archivados. El 94% de las denuncias recibidas contra los delincuentes de cuello blanco terminan archivadas. En esa misma línea este deprimente espectáculo donde la justicia es omisiva, ha generado (cosa repudiable por demás) que en algunas regiones del país sean los grupos al margen de la ley los que terminen dirimiendo los conflictos y en no pocos casos sirviendo a quienes les suministran herramientas pecuniarias para el sostén de las organizaciones creándose una especie de ley de la selva.

La verdad que el deseo prioritario del ciudadano colombiano y en general de aquellos que nos dedicamos al ejercicio del derecho es que la reforma que se viene estudiando y construyendo desde el Ministerio de Justicia le dé prioridad al tema del respeto a los términos judiciales y una lucha contra tardanza en el impulso de los procesos. Hoy la Corte Constitucional ha venido decantando una línea jurisprudencial en torno a la mora judicial, donde se puede evidenciar que no les ajeno este problema estructural, por lo cual ha instalado una causal de justificación para la misma: La carga laboral excesiva de los despachos judiciales, que en la mayoría de las veces que hoy bajo esta patente de corso del alto tribunal sirve para seguir conculcando el derecho a una administración de justicia ceñida a los términos procesales. En esa línea el alto tribunal ha expresado “Existirá mora judicial justificada cuando se constate que el incumplimiento del término procesal para decidir la cuestión sometida al conocimiento del juez competente“(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley” (SU-179-2021,Corte Constitucional)en ese sentido el operador judicial siempre tendrá una excusa para llevar un proceso en el orden de los 10 o más años, pues la congestión judicial existe, y ello es innegable , sin que el problema se acometa de fondo para su solución , lo que en ultimas afecta en gran medida al ciudadano clamoroso de una justicia eficaz y oportuna.

El segundo elemento que reclama la justicia y que se consagro como una garantía en favor de los ciudadanos es la independencia de esta rama del poder público. Hoy el ciudadano percibe una justicia cercana a los políticos de distinto pelambre, de suerte que ese manoseo de la rama ejecutiva y legislativa en sus distintos niveles (Senadores, Presidente, Gobernadores, alcaldes, etc) afecta en grado sumo la credibilidad de la justicia. Los fallos y sentencias emitidos por la rama judicial hoy se ven con desconfianza, basta ver lo ocurrido el año pasado en la ciudad de Santa Marta donde de realizaron unos señalamientos de una enorme gravedad sobre un juez de la república, y luego sobre una magistrada del tribunal superior, que en honor a la verdad no pasaron de ser especulaciones del calor electoral sin ninguna prueba seria que merezca credibilidad, pero que muestran un síntoma de cuidado: La desconfianza de los ciudadanos en sus jueces.

La rama judicial no debe tener ninguna mezcla distinta con las ramas del poder público, que aquella derivada de la colaboración armónica que expresa la Constitución Nacional. Cualquier otra relación bajo recomendaciones, agasajos y contubernios inconfesables van en desmedro de la misma. Las sentencias judiciales no pueden tener motivación distinta que la manifestación del derecho en cabeza de quien lo tenga. Cualquier dadiva, atención o elemento extraño que desvié el sano juicio de la razón del operador judicial es contrario a su majestad. La politiquería conociendo la enorme vanidad de la psicología humana ha permeado la institución judicial corrompiéndola con todo tipo de componendas para poder vaticinar el derecho, cual escuela realista.

Por último, ¿está la administración de justicia sometiéndose al imperio de la ley? Creo que existen una cantidad de jueces y fiscales que en gran medida siguen cumpliendo su misión con altura y decoro, pero tampoco escapa a la observación que existen un círculo de togados que vienen mancillando la toga, y consecuencia la percepción ciudadana es que no existe justicia en el país, amplificado esto por la información a gran escala de las redes sociales y los medios de comunicación. El imperio de la ley es lo que nos permitirá ser una nación civilizada, si la toga se aparta de ella no estaremos lejos de sucumbir sin retorno a los tiempos del Talión donde cada quien tiene la potestad de brindarse justicia a su libre arbitrio en los términos del agravio sufrido.

Dice el ministro de Justicia “…, el Gobierno nacional busca una reforma a la justicia que le dé mayores respuestas a la ciudadanía, que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción, la impunidad, mucho más rápida, más accesible, más tecnológica, más parecida a la sociedad del siglo XXI” (minjusticia.gov.co).Estaremos atento y con enormes expectativas en torno a esta nueva reforma, que ojala no sea una recapitulación de las normas existentes con un ropaje distinto, porque ya a la manera del recordado programa de humor mexicano las personas se empiezan preguntar ¿y ahora quien podrá defendernos?