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Metrópolis

Reprograman audiencia de medida de aseguramiento contra empresario Allan Scalzo

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La defensa de Scalzo denunció en audiencias anteriores un supuesto soborno a falsos testigos para señalarlo como presunto determinador del homicidio. Así las cosas, la audiencia pública fue reprogramada para el martes 4 de junio a las 8:30, donde se espera que se defina la situación jurídica de Allan Scalzo.

 

En una audiencia que se prolongó por cuatro horas y fue presidida por la juez Primera Penal del Circuito de Santa Marta, Olmis Cotes, no se logró definir la situación jurídica del empresario Allan Scalzo, investigado por el homicidio de Haled Saghair, ocurrido hace cinco años en el barrio María Eugenia, al sur de la ciudad.

Durante las diligencias judiciales, se presentaron graves denuncias de un supuesto soborno que involucra a un privado de la libertad, a quien presuntamente le ofrecieron dinero para señalar a Scalzo como el determinador del homicidio.

El abogado defensor Alex Fernández Harding habría presentado pruebas de un testigo que supuestamente recibió una oferta de soborno en septiembre de 2019. “Un señor identificado como Fausto Albeiro Mora Quintero, quien se encuentra privado de la libertad en Barranquilla, denunció que fue visitado por una persona que le ofreció dinero y a otros testigos para que culparan a mi cliente, que es completamente inocente. Por eso, elevó esta denuncia para que se inicie una investigación contra una persona que pretende utilizar el poder político y judicial para afectar al señor Scalzo”, afirmó Fernández Harding.

En la intervención, Fernández Harding aportó una supuesta amenaza de muerte en el 2014 que al parecer puso en riesgo la integridad de Haled Saghair, cuya denuncia figura en la Fiscalía.

“Conocí que la víctima en el 2014 fue amenazada de muerte y como mecanismo de defensa, intentó agredir al señor Edgar Candelario Macías Coronado, quien lo denunció penalmente”, precisó.

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación está realizando investigaciones para determinar cómo se realizó el ingreso al centro carcelario y evaluar las grabaciones y documentos relacionados con el supuesto soborno a testigos.