La financiación de la Educación Superior en Colombia: Una Pirámide Inversa

#ColumnaOC La educación superior en Colombia se enfrenta a una estructura financiera que opera como una pirámide inversa, donde la amplia base de universidades públicas, especialmente las situadas en la periferia, recibe significativamente menos recursos en comparación con las grandes instituciones prestigiosas del centro del país. Este modelo no solo es inequitativo, sino que perpetúa las disparidades existentes en el acceso y la calidad de la educación.

A pesar de los esfuerzos de las universidades públicas más pequeñas por acreditarse a nivel nacional e internacional, sus logros no se reflejan en mayores transferencias de recursos. Esta limitación restringe gravemente su capacidad de crecimiento y mejora continua. En Colombia, la mayoría de los recursos financieros destinados a la educación superior se concentran en unas pocas universidades grandes, ubicadas principalmente en las principales ciudades del país. Aunque estas instituciones albergan a un gran número de estudiantes, no representan la totalidad del sistema educativo.

Las universidades pequeñas y regionales desempeñan un papel crucial en la formación de profesionales en áreas remotas y desatendidas, pero reciben solo una fracción de los recursos. Esta distribución desproporcionada perpetúa una estructura inequitativa que afecta la calidad de la educación y limita las oportunidades para miles de estudiantes.

Por otro lado, las universidades públicas en la periferia han hecho esfuerzos significativos para acreditarse a nivel nacional e internacional, mejorando sus programas académicos, fortaleciendo sus infraestructuras y aumentando su capacidad de investigación y cobertura. Sin embargo, no ven recompensados sus esfuerzos con un aumento proporcional de la financiación. Parece que la lógica subyacente es que las universidades ya establecidas y prestigiosas merecen más recursos debido a su historial y reputación, mientras que las instituciones más pequeñas deben luchar con los escasos recursos disponibles.

Esta situación es profundamente injusta. Las universidades de la periferia a menudo atienden a estudiantes de bajos recursos que no tienen acceso a las instituciones más grandes y prestigiosas. Son fundamentales para el desarrollo regional y la movilidad social, ofreciendo oportunidades educativas a comunidades que de otro modo estarían desatendidas. Negarles los recursos necesarios para prosperar es perpetuar una brecha de desigualdad que afecta a toda la sociedad colombiana.

Una Oportunidad de Cambio

El gobierno actual ha prometido cambios y ha demostrado una voluntad firme de fortalecer la educación superior. Esta es una oportunidad única para abordar la desigualdad estructural en la financiación de las universidades públicas. Un cambio revolucionario podría lograrse mediante un ajuste normativo que reforme las normas de distribución de recursos, posiblemente incluso a través de un decreto.

En lugar de seguir un modelo que premia a las universidades ya establecidas, el gobierno podría implementar un sistema de financiación basado en la equidad y las necesidades reales de las instituciones. Este sistema debería considerar factores como la población estudiantil, las necesidades regionales, el impacto social y el potencial de crecimiento. Al redistribuir los recursos de manera más equitativa, se podría asegurar que todas las universidades públicas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar de sus comunidades.

La pirámide inversa de la educación superior en Colombia es un reflejo de una estructura financiera inequitativa, marcadamente centralista, que favorece a unas pocas universidades a expensas de muchas instituciones pequeñas y regionales.

El gobierno actual tiene la oportunidad de hacer un cambio significativo. Reformar las normas de financiación para distribuir los recursos de manera más equitativa no solo sería un acto de justicia, sino también una inversión en el futuro del país. Es hora de nivelar el campo de juego y asegurar que todas las universidades públicas tengan los recursos necesarios para prosperar y contribuir al desarrollo de Colombia.