Con el acuerdo entre el Gobierno y camioneros se recaudará 10 billones para cubrir déficit fiscal

Después de cuatro días de bloqueos, el paro camionero llegó a su fin gracias a una negociación entre el gremio transportador y el Gobierno Nacional, lo que fue percibido como una «victoria» para ambas partes. Por un lado, los transportadores lograron evitar el aumento de casi $6.000 en el precio del combustible, mientras que el Gobierno logró impedir que se congelara el incremento. Sin embargo, este acuerdo tendrá consecuencias en las finanzas públicas debido al continuo impacto del subsidio al combustible.

Aunque se acordó un aumento de solo $800 por galón de diésel, lejos de los $1.904 inicialmente propuestos, esto apenas logrará reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en $1,6 billones, quedando un hueco de $10,4 billones en 2024, en lugar de los $12 billones previstos si no hubiera cambios. Inicialmente, el aumento de $1.904 habría supuesto un ahorro anual de $4 billones.

El acuerdo frenó una huelga que empezaba a generar grandes pérdidas económicas y a disparar el costo de vida, pero varios actores, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), sostienen que el incremento en el precio de los combustibles es inevitable. ANIF estima que en 2023, tres cuartas partes del déficit del FEPC fueron causadas por el subsidio al diésel, cuyo precio no ha sido ajustado desde enero de 2020, agravando el déficit fiscal.

La asociación sostiene que el ajuste en el precio del ACPM es crucial para reducir el déficit fiscal y estabilizar las finanzas del país. Además, al disminuir el subsidio, los precios se alinearán mejor con los estándares internacionales, lo que evitará distorsiones en el mercado y favorecerá la competitividad del sector en el largo plazo.

A medida que se proyecta que en 2025 el país deberá cubrir un déficit adicional de $10 billones, el Gobierno considera el ajuste en el precio del diésel como una medida necesaria para mitigar el impacto fiscal y alentar la transición hacia energías más limpias. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que, si no se sigue incrementando el precio del ACPM, la sostenibilidad fiscal del país podría verse seriamente comprometida en los próximos años.