Así despilfarraron el dinero de la cultura en Santa Marta (Primera parte)

Hace unos días, Unidad de Medios, casa matriz de Opinión Caribe, fue citada a una diligencia en la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades cometidas en los convenios interadministrativos 004 y 005 de 2015 y que pudieron haber causado un detrimento al erario por más de $5.000 millones.

Cumpliendo con el compromiso, nuestro representante legal y director, se presentó en calidad de entrevistado y entregó todos los documentos que soportan la ejecución de un subcontrato en el marco de los convenios antes referenciados y, en aras de contribuir al esclarecimiento de esos hechos, Opinión Caribe reproducirá dos artículos publicados en 2016 por quien hoy coordina la Unidad Investigativa y que fueron pieza fundamental para la apertura del proceso en curso, al igual que otros reportes de prensa de la época.

Igualmente, pone a disposición de los entes de control, judiciales y la opinión pública en general, los documentos que soportan la ejecución financiera de los dos convenios y que fueron entregados por la Secretaría de Cultura del Distrito de Santa Marta a quienes firman las piezas periodísticas.

Finalmente, este medio aclara que las personas que figuran en la nota gozan de la presunción de inocencia, no obstante, tendrán que ratificarla ante las autoridades competentes en los modos y tiempos que el ordenamiento jurídico establece. Los artículos fueron publicados como sigue:

En el año 2015 la Alcaldía Distrital en cabeza de Carlos Caicedo y La Perla Cultural y Tú También Corporación, representada legalmente por el empresario de la gastronomía, Carlos Toboada López, suscribieron y ejecutaron dos convenios interadministrativos por un monto cercano a los $5.200 millones. De estos contratos no se tienen cifras ni constancias que evidencien el real impacto de la inversión y, los soportes documentales que reposan en el archivo de la Secretaría de Cultura tienen vacíos que sugieren manejos irregulares y desviación de recursos, hechos que ya están siendo investigados por la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación.

Por: José D. Pacheco Martínez & Camila F. Linero Illidge

El estudio previo que motivó la firma de los convenios interadministrativos 004 y 005 de 2015, señala que “la ciudad de Santa Marta no obstante su riqueza cultural, presenta un rezago en la organización y proyección de las manifestaciones culturales; esto se puede evidenciar, en la poca interacción de los sectores culturales y la comunidad. Existen pocas entidades dedicadas a la formación musical y con mayor incidencia en los procesos de formación de patrimonio cultural”.

Explica también el documento de diagnóstico preliminar que solo existen ocho centros comunitarios donde se imparte formación artística y cultural en actividades de mayor aceptación como muestras folclóricas, artes plásticas y formación musical para la danza; que los samarios tienen poco interés en las actividades de los centros culturales; que existen debilidades en la formación teatral y literaria por la carencia de bibliotecas con material de lectura, y que la situación empeora en sectores rurales como Guachaca donde el centro cultural está inactivo.

Ante este panorama, la Alcaldía y la Corporación se asociaron para aunar esfuerzos en procura del fomento y acceso a la producción artística y cultural, que propiciara el mejoramiento del bienestar y la convivencia de los habitantes de la ciudad, contrataciones que se hicieron sin licitación, de manera directa, amparados en el Inciso dos del artículo 267 de la Constitución Política, el cual establece que para dar viabilidad a los proyectos de los mandatarios, los entes de control fiscal no deben vigilar la etapas anteriores a la finalización de los mismos.

Desde el mes de mayo que se empezó en firme la ejecución de los convenios, distintos sectores de la sociedad y la prensa alertaron que Carlos Taboada López, representante legal de la empresa contratista, invertía de manera equivocada los millonarios recursos, situación de la que dieron cuenta en su momento los portales web www.seguimiento.com y www.zonacero.info. Según documento del ente de control al periodista Leopoldo Diazgranados, el Grupo de Vigilancia Fiscal de la Procuraduría General de la Nación ya inició indagaciones preliminares, cuyos resultados serán dados a conocer en el mes de agosto.

https://x.com/perlacultural?t=DdhStHOGNW9GeI4Xv51y8g&s=09

¿QUIÉNES ADMINISTRARON EL DINERO?

En la Cámara de Comercio de Santa Marta aparece el Certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro La Perla Cultural y Tú También Corporación, bajo el número: S0504657, el Número Identificación Tributaria: 900505442–5, inscrita el 02 de marzo de 2012, donde figura como representante legal Carlos Fernando Taboada López, ciudadano español con cédula de extranjería No. E358083.

El objeto social de la entidad, es decir la o las actividades a las que se dedica, son múltiples, cabe destacar: adquirir, arrendar, recibir en donación o comodato inmuebles; contratar, agenciar, representar, producir, organizar, asesorar y promover artistas o grupos artísticos nacionales o extranjeros; realizar y promover festivales, circuitos y encuentros nacionales e internacionales de carácter artístico y, en general actividades para la promoción y comercialización cultural.

Frente a la amplitud del objeto de la Corporación, Guillermo Linero, uno de los asesores jurídicos del Observatorio Nacional de Colombia, expresó que “las sociedades cuyo objeto social es amplísimo, es decir que prácticamente saben hacer todo lo que en el mundo exista, son formas propias de asociaciones hechas para delinquir o para prestarle servicio a un político, porque la gente que está detrás de una asociación seria siempre tiene delimitado su esquema de experiencia y su trayectoria y sabe las implicaciones de poner en el objeto social situaciones descabelladas”.

Otros aspectos que fortalecen la idea de que la Perla Cultural no era el contratista idóneo para ejecutar los convenios por cinco mil millones, es que las certificaciones del BBVA donde el representante legal tiene su cuenta de ahorros, al igual que su declaración de renta y el historial de ejecuciones presupuestales de la empresa indican que no podían ni Carlos Taboada ni la Perla Cultural, asumir los 272 millones 930 mil 799 pesos que le tocaba aportar para la ejecución sólo del convenio 004, como se señala en la parte de aportes del literal 6 del mismo.

También llama la atención que al remitirse a las renovaciones del certificado de La Perla Cultural y Tú También de los años 2013 y 2014, su declaración fue de 10 millones de pesos, y para enero de 2015 mostró activos por 175 millones 251 mil 577 pesos. Del mismo modo, la Dian hace constar que esta Corporación ha ejecutado desde su constitución contratos por valores siete veces menores a los que pactó con el distrito de Santa Marta para el desarrollo de los convenios.

Estas situaciones en las que se suscriben convenios sin el rigor fiscal en la contratación, como ocurre con la contratación directa, propician que no se esté dando el  cumplimiento de los requisitos legales y han sido desde siempre criticados por juristas, ya que pueden estar siendo utilizados en detrimento del patrimonio del Estado.

No en vano, la Auditoría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, y la Contraloría General de la Nación, advierten en circular conjunta No 14 que se ha “diagnosticado que a menudo se acude a la contratación directa para eludir los procedimientos de selección acordes con la naturaleza de los bienes, obras o servicios que se pretenden adquirir o con su cuantía” agregando que “se entregan importantes recursos del presupuesto estatal a particulares, sociedades de economía mixta, instituciones de educación superior y fundaciones, entre otros, que no resultan idóneos para ejecutar el objeto pactado, lo que impide que se satisfagan las necesidades que suscitaron el correspondiente negocio jurídico, exponiendo los intereses colectivos involucrados”.

Académicos y expertos, además argumentan que los convenios de este tipo desconocen la participación democrática a la ciudadanía y la equidad que ordena la Constitución, “con el Estado no le pueden salir a una sola persona todos los contratos, porque significaría que no están integrando al grueso de la ciudadanía a que participe en el manejo de los recursos públicos”, explicó Guillermo Linero Montes.

Después de un arduo proceso investigativo –tras varias peticiones de acceso a la información que por ley es de carácter público y debería estar visible en los banners de Contratación de la Alcaldía– recibimos varias respuestas negativas tanto por parte de la entidad estatal como de la corporación ejecutora, incluso, en una de ellas, sugirieron y/o condicionaron la información al pago de 3 millones de pesos correspondientes a las más de 15 mil copias que tiene el expediente.

Sustentados en la ley y gracias a la mediación de la Procuraduría General de la Nación, los investigadores del Observatorio Nacional de Colombia pudieron tener acceso a la información que respalda la inversión y ejecución de los recursos correspondientes a los convenios 004 y 005, que firmó el Distrito de Santa Marta con la Corporación La Perla Cultural y Tú También en el año 2015. Los documentos fueron minuciosamente estudiados por los investigadores del Observatorio y se presentan a continuación algunas de las evidencias más contundentes.   

CONVENIO OO4: MILLONARIOS E INJUSTIFICADOS PAGOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Santa Marta, una ciudad con 500 mil habitantes, ha tenido siempre dos canales básicos de información: la radio y la prensa escrita, siendo Radio Magdalena y Radio Galeón, las emisoras más escuchadas, y Hoy Diario del Magdalena y El Informador los medios impresos que mandan la parada. La televisión es aún insipiente, carece de conceptos técnicos y profesionales para catalogarse como un canal efectivo de comunicación con la sociedad.

Contrario a lo que indica la lógica común, si a difusión y propagación de información se refiere, La Perla Cultural, en el mes de mayo, en el que no se tenía programada ninguna actividad en el calendario de ejecución, sólo por concepto de publicidad en televisión de todos los componentes que hacen parte del Convenio 004, gastó el presupuesto de un año completo.

En los documentos se observan pagos mensuales por la difusión de las campañas de Cultura Ciudadana y Santa Marta Cultural a los canales CNC y Global Tv (Canal 89) por 43 millones de pesos a cada uno, lo que va en contravía de todos los presupuestos mensuales del contrato donde la inversión no supera los cuatro millones de pesos. En ese mismo mes, el de mayo, también se hicieron pagos a el Canal Local 10 por cinco millones y a Víctor Polo Rodríguez quien, en nombre del Canal Territorio (ver página web), pasó una cuenta de cobro por 38 millones de pesos.

Los pagos son cuestionables teniendo en cuenta que como se dijo antes, los canales y productos televisivos locales no gozan de popularidad entre la sociedad y su acceso está condicionado a la suscripción de televisión por cable y, porque no se detalla la frecuencia con la que se emiten las publicidades por las cuales se paga. “En este caso, se contraría a la Ley y a lo establecido en el contrato y se estaría  incurriendo en peculado por apropiación a favor de terceros, porque se está beneficiando a un tercero que recibe pagos basados en actividades que no están soportadas técnicamente, es decir, que no tienen ningún valor jurídico y que por ende podrían considerarse no realizadas, falsas”, comentó Pablo González Delgado, otro de los abogados asesores de la investigación.

Por su parte, a la prensa escrita, canal que tiene un mayor impacto en la sociedad samaria, se le hacen pagos mucho más exorbitantes que a los canales televisivos. En el mismo mes de mayo, se hace un pago por 106 millones de pesos a Carolina Villamizar como persona natural por la difusión de Santa Marta está Cambiando y la entrega de publicidad escrita sobre los eventos realizados conforme a los Convenios 004 y 005.

También se hicieron pagos a El Heraldo por 6 millones de pesos, por 25 millones a Unidad de Medios, propietaria del semanario Opinión Caribe, y 25 más a Víctor Martínez Santana quien figura cobrando a nombre de El Informador, persona de la cual se pudo establecer, no tiene ningún vínculo laboral con el periódico.

En lo que a emisoras se refiere, los pagos más altos se hacen a Radio Galeón, que recibe en el mes de mayo 13 millones de pesos, y a Caracol Radio, filial de la anterior emisora, por nueve millones. De la misma manera figuran dos pagos por cinco millones a Fuego Stereo: uno cobrado por la emisora y otro, en el mes de junio, a favor de Víctor Martínez Santana quien, ahora aparece cobrando a nombre de la emisora cienaguera.

A excepción de las cuentas de cobro remitidas por Caracol Radio, en ninguna de las demás se especifican con detalle las funciones o servicios prestados, ni tampoco la frecuencia y número de publicaciones y, algunas no está firmadas por las partes del convenio.

También, para los investigadores del Observatorio Nacional de Colombia, es cuestionable que en las más de 7 mil copias que respaldan el convenio 004, no se encuentran más cuentas de cobro o comprobantes de pago por concepto de publicidad y difusión, diferentes a las de los meses de mayo y junio, pese a que en los presupuestos se estableció que serían ocho, 10 y 12 meses.

¿MÁS PAGOS IRREGULARES?

En el periodo de ejecución del Convenio oo4 de 2015, que fue reducido de 9.5 a 8 meses por solicitud del contratista, el manejo irregular de los dineros es cada vez más  evidente al punto de hacer pagos a una persona por diferentes funciones distantes entre sí, como sucede en el caso del señor David José Elías Ramírez quien, de acuerdo a los soportes, se desempeña indistintamente como antropólogo, logístico y transportador: el 20 de mayo recibió un millón de pesos por concepto de transporte, logística y refrigerios para los pre-talleres en las comunas; el 27 de junio, 1 millón 583 mil pesos por concepto de transporte y logística en los talleres dedicados a la identificación del patrimonio. Días después, el 30 de julio, Elías logró movilizarse en la escala de contratistas y recibió 3 millones de pesos para la realización de un documental, el cual no se aportó como soporte pese a haber sido solicitado por los investigadores. Finalmente, el 20 de octubre, por la prestación de servicios como asesor de trabajo de campo para el inventario de bienes patrimoniales, recibió 2 millones 500 mil pesos.

Otro de los hechos que presupone un direccionamiento del dinero hacia ciertas personas, es la frecuencia con que La Perla Cultural y Tú También Corporación, hace pagos al indígena Julio Javier Torres quien figura en más de siete cuentas de cobro por la realización de consultas previas  y talleres sobre grupos indígenas en menos de tres meses por 10 millones 500 mil pesos. Por el mismo concepto, se le paga también honorarios a Roberto y Rafal Mojica.

“No se entiende por qué razón la Perla Cultural y Tú También Corporación gasta 70 millones de pesos en adecuación de los centros de música, si están ubicados en los colegios distritales que han sido objeto de grandes inversiones en los últimos cinco años”, el abogado Linero hace referencia al contrato firmado el primero de noviembre entre Carlos Taboada y Lenin Alfonso Escobar Arroyo para la adecuación de los 13 centros de formación cultural por un valor de 28 millones de pesos. Luego, en fecha que está indeterminada en los documentos, La Perla Cultural y Tú También adiciona 37 millones más para este mismo fin.

Los soportes de los convenios entregados al Observatorio Nacional de Colombia, señalan pagos que por 28 millones de pesos a la empresa Ciudadano Frame, de la que es administrador único y productor ejecutivo Carlos Taboada -también representante legal de la Corporación La Perla Cultural y Tú También-. Los pagos se hacen por la producción y edición de piezas publicitarias, actividades que también le son pagadas a otras personas y que para el abogado Gonzáles Delgado “al no existir detalles pormenorizados de los gastos y del producto realizado, ni indicaciones de donde se puede ver el material, podemos decir que se trata de un robo”.

Sin duda, el cénit del manejo irregular de los recursos para el fomento de la cultura en el Convenio 004, poniendo en completa evidencia los despilfarros en la utilización de los dineros que fortalecerían la cultura en Santa Marta, se trata de un pago de 10 millones de pesos por la construcción de un discurso para el lanzamiento de los programas de cultura ciudadana, inversión monetaria que para el jurista Guillermo Linero no tiene lógica

“Aun desconociendo la extensión del discurso,  ese no es el precio ni si se tratara de un trabajo literario, y como para el caso no se necesita de un lenguaje literario sino de un lenguaje escritural, que requiere organizar unas ideas para una comunidad de manera estándar y sin retórica, ese monto no es más que un robo, esto se llama corrupción administrativa y, detrás, no hay más que una estafa al municipio, o a quien fuera que se le estuvieran haciendo estos cobros y podría tratarse incluso hasta de concierto para delinquir si estos hacen parte de una estrategia para pagar múltiples servicios con costos que están por  fuera de la cabeza de cualquier nacional, se trataría de un monstruo creado para robar y es función de los entes de control verificar los hechos”, comentó el jurista, quien también es escritor y crítico literario.

En la segunda parte de esta investigación se entregará un informe detallado de la ejecución del Convenio 005 que tiene un presupuesto  mucho mayor.