Juzgado ordena dar respuesta a tutela relacionada con una auditoría en la Alcaldía en la vigencia 2023

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta revocó el fallo emitido por el Juzgado Primero Civil Municipal en relación con una acción de tutela interpuesta por el señor José Humberto Torres Díaz contra la Contraloría Distrital de Santa Marta. La decisión judicial ordena a la Oficina de Control Interno del Distrito de Santa Marta dar una respuesta de fondo en un plazo de dos días sobre el acceso al informe de auditoría financiera y de gestión practicada a la Alcaldía de Santa Marta durante la vigencia 2023.

Esto se da luego de que Torres Díaz interpusiera una acción de tutela para proteger su derecho fundamental de petición, argumentando que no se le había dado respuesta completa a su solicitud de acceso a un informe preliminar de auditoría financiera y de gestión. Dicho informe, elaborado por la Contraloría Distrital, habría encontrado inconsistencias en la administración de la Alcaldía de Santa Marta durante el año 2023.

Es así que el 8 de octubre de 2024, la Contraloría ordenó a la Alcaldía dar traslado de las observaciones a los funcionarios implicados. Sin embargo, el señor Torres Díaz alegó que no se le permitió acceder al documento completo ni se le otorgó un plazo adecuado para presentar descargos.

Fallo de primera instancia

El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, en un fallo emitido el 16 de diciembre de 2024, negó el amparo solicitado por Torres Díaz, considerando que la situación había sido superada al haberse remitido un oficio a la Alcaldía y a la Secretaría de Gobierno Distrital. No obstante, el accionante impugnó la decisión, argumentando que no se había dado respuesta de fondo a su solicitud de acceso al informe.

Decisión del Juzgado Segundo Civil tras la impugnación

En su pronunciamiento, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta revocó el fallo de primera instancia y concedió el amparo al derecho fundamental de petición del señor Torres Díaz. La decisión judicial destacó que, si bien la Contraloría cumplió con recordar a la Alcaldía su obligación de notificar a los funcionarios implicados, no se había dado una respuesta clara y completa sobre el acceso al informe de auditoría.

Es así que el juzgado ordenó a la Oficina de Control Interno del Distrito de Santa Marta dar una respuesta de fondo en un plazo de dos días, contados a partir de la notificación de la providencia. Además, se ordenó desvincular del proceso a la Contraloría Distrital, la Alcaldía de Santa Marta y la Secretaría de Gobierno Distrital, al considerar que estas entidades ya habían cumplido con sus obligaciones en el caso.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno del Distrito de Santa Marta deberá ahora cumplir con lo ordenado por el juzgado, brindando al señor Torres Díaz acceso a la información solicitada y resolviendo de manera efectiva su petición.