Más de 500 mil víctimas ha dejado el conflicto armado en el Magdalena

La Defensoría del Pueblo publicó un informe que registró 534.571 personas como víctimas directas de la violencia en el departamento del Magdalena, al cierre de 2024 desde la implementación de la Ley de Víctimas en el año 2011, una cifra que refleja el impacto prolongado y silencioso en comunidades enteras. Esto se hizo, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

De acuerdo con el reporte, 198.785 menores de edad padecieron desplazamientos, reclutamientos forzados y otras agresiones, mientras que 207.089 adultos y 33.322 adultos mayores también sufrieron las consecuencias de la guerra.

El desplazamiento forzado dejó heridas profundas en Magdalena. 72.825 mujeres cabeza de hogar se vieron obligadas a vivir las secuelas de la violencia, levantando sus familias en medio del dolor y la precariedad. Por su parte, 21.648 personas con discapacidad vivieron afectaciones agravadas por la falta de atención y la desprotección institucional.

La Defensoría también alertó sobre las brechas étnicas: 8.346 indígenas, 58.387 afrodescendientes, 223 palenqueros, 466 raizales y 412 gitanos e incluso a 252 personas pertenecientes a Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas fueron reconocidos como víctimas. No obstante, 466.737 personas no registraron adscripción étnica, una cifra que podría evidenciar rezagos en los sistemas de identificación o temores históricos de las comunidades a declarar su identidad.

“A las víctimas, a las mujeres buscadoras, a los firmantes de paz, a las comunidades desplazadas y a todas aquellas personas que siguen luchando por la justicia y la memoria: ustedes no están solas ni solos. La Defensoría del Pueblo continuará siendo su aliada en la defensa de sus derechos, en la garantía de su reparación y en el compromiso de construir un futuro sin violencia”, expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

Cada número en este informe representa una vida marcada por el desarraigo, la pérdida y la violencia. Magdalena se mantiene como un territorio con profundas cicatrices sociales, culturales y económicas. Por ello, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional a fortalecer las políticas de reparación integral, atención diferenciada y reconstrucción social, con el fin de dignificar a las víctimas y garantizar que las generaciones futuras puedan crecer en paz.