Resultados de la Radiografía, el deterioro ambiental de una ciudad sin planeación urbana ni costera

Por: Luis Miguel Moisés

Santa Marta enfrenta una serie de impactos ambientales acumulativos que afectan gravemente sus ecosistemas marinos y costeros. Tanto en fondos blandos como en litorales rocosos, muestran signos claros de degradación funcional. En los primeros, la acumulación excesiva de materia orgánica está generando condiciones anóxicas que afectan la fauna bentónica y comprometen procesos ecológicos clave como la descomposición, el reciclaje de nutrientes y la sostenibilidad trófica. Simultáneamente, en los litorales rocosos, especies como moluscos, crustáceos y equinodermos sufren estrés fisiológico y desplazamiento debido a la contaminación persistente. La eutrofización por aguas residuales sin tratar impulsa el crecimiento de macroalgas oportunistas, algunas invasoras, que alteran el equilibrio ecológico al competir con especies nativas y afectar hábitats sensibles como arrecifes coralinos y pastos marinos. Todo lo anterior, relacionado con un modelo de crecimiento urbano y turístico sin planificación técnica ni visión de sostenibilidad.

La fuente principal de estos contaminantes es el vertimiento directo de aguas residuales domésticas e industriales, en muchos casos sin ningún tipo de tratamiento. Si bien existe un emisario submarino que canaliza parte de estas aguas al mar, se ha documentado que su capacidad es limitada y su funcionamiento ha sido intermitente. Muchos microorganismos patógenos han desarrollado tolerancia a condiciones salinas o han sido desplazados por especies oportunistas con mayor capacidad adaptativa. Esta pérdida de efectividad en el control natural se agrava por la presencia de residuos farmacéuticos de uso humano y agronómico como antibióticos, hormonas y esteroides, que se encuentran en las aguas servidas vertidas sin tratar. La interacción de estos compuestos con comunidades microbianas ha favorecido la aparición de cepas resistentes y la disrupción de ciclos ecológicos, creando un cóctel ambiental de alta peligrosidad tanto para la vida marina como para la salud humana en contextos recreativos o pesqueros.

A esto se suma una red de alcantarillado insuficiente para la cobertura de la ciudad. En muchos sectores, especialmente en los nuevos desarrollos inmobiliarios, se utilizan pozos sépticos, algunos de los cuales no cuentan con el mantenimiento adecuado o terminan desbordándose. En los peores casos, los vertimientos se hacen de forma directa a quebradas, ríos o al mar, como ha sido denunciado en varias ocasiones por organizaciones ciudadanas y comunitarias. Esta situación no es aislada, sino parte de un patrón urbano más amplio en el que los procesos de planificación territorial han sido inconsistentes, fragmentados y, en muchos casos, reactivamente ejecutados sin estudios previos de capacidad de carga ni impacto ambiental. Un ejemplo crítico de esta falta de planificación es la forma en que se han intervenido los principales ríos urbanos, como el Manzanares y el Gaira. Estos cuerpos de agua han sido fuertemente alterados en su cauce, zona amortiguación y lecho, que, con infraestructura dura, se han transformado en canales impermeables que ya no permiten la infiltración del agua hacia el acuífero, alterando el desempeño natural de los ecosistemas riparios y sus funciones. El resultado es un sistema de drenaje que, lejos de resolver los problemas de escorrentía y sedimentación, contribuye a trasladar los contaminantes directamente al mar sin ningún tipo de filtración o retención.

El problema se agrava con la inadecuada gestión de residuos sólidos en la ciudad. La empresa encargada, ATESA, ha sido objeto de constantes críticas por deficiencias en la recolección y disposición de basura. Esto se traduce en calles y quebradas saturadas de desechos que terminan siendo arrastrados por las lluvias hacia el mar. Esta carga adicional de sólidos y microplásticos representa un impacto directo sobre las especies marinas, algunas de las cuales los ingieren o se ven afectadas por su acumulación en los hábitats costeros. Por otro lado, la falta de cultura ciudadana y la ausencia de campañas efectivas de educación ambiental contribuyen a una disposición inadecuada de residuos, especialmente en zonas de alta afluencia turística.

El turismo, lejos de estar integrado a un modelo de desarrollo sostenible, opera en muchos casos de manera desordenada, intensiva y sin infraestructura de soporte. La presión sobre el recurso hídrico aumenta de manera significativa durante las temporadas altas, al igual que la generación de residuos y aguas servidas. Sin una red sanitaria adecuada ni un sistema eficiente de tratamiento de aguas, esta carga se convierte en un factor adicional de degradación ambiental. Las playas urbanas y las zonas turísticas como Taganga, El Rodadero o Bello Horizonte están expuestas a estas dinámicas sin contar con un esquema claro de ordenamiento turístico ni con sistemas de monitoreo ambiental efectivos.

Pese a este diagnóstico preocupante, recientemente se produjo un avance importante gracias a la movilización ciudadana. La comunidad de Taganga logró que la justicia fallara a su favor, ordenando a CORPAMAG, ESSMAR y a la Alcaldía de Santa Marta la realización de un estudio integral sobre la situación de las aguas residuales depositadas por el emisario submarino. Este estudio, si se realiza con rigor técnico y participación comunitaria, podría ser el primer paso para diseñar una solución estructural que incluya la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con capacidad real de cobertura urbana.

Una PTAR permitiría reducir la carga de nutrientes y materia orgánica que actualmente llega sin control al mar Caribe, al mismo tiempo que generaría aguas tratadas susceptibles de ser reutilizadas para riego o fines industriales. Este enfoque, conocido como economía circular azul, promueve el cierre de ciclos y la optimización del uso del agua en contextos urbanos costeros. La implementación de una PTAR, sin embargo, no es suficiente por sí sola. Esta debe ir acompañada de un proceso integral de planificación urbana y costera que contemple el ordenamiento del territorio, la gestión efectiva del turismo, la recuperación ecológica de quebradas y ríos, la mejora en la recolección de residuos y la modernización del sistema de alcantarillado.

Santa Marta reúne una serie de características que la hacen única, una ubicación privilegiada entre el mar y la Sierra Nevada, una biodiversidad excepcional y un patrimonio cultural profundamente arraigado en sus comunidades. Estos elementos conforman lo que se conoce como patrimonio biocultural, un concepto que reconoce la interdependencia entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Preservar este patrimonio no es solo una obligación ética, sino también una estrategia de desarrollo sostenible para el futuro de la región.

La ciencia ha documentado con claridad los problemas. Las comunidades han levantado su voz con pruebas y argumentos. Ahora, el siguiente paso depende de la acción decidida de las autoridades. Exigir el cumplimiento del fallo judicial, avanzar en la construcción de la PTAR, mejorar los servicios públicos y ordenar el territorio no son opciones, sino condiciones mínimas para garantizar la habitabilidad y sostenibilidad de Santa Marta. La protección de esta ciudad no es únicamente una causa ambiental. Es una prioridad social, económica y cultural. Santa Marta puede y debe ser un referente de sostenibilidad en el Caribe colombiano. Pero para lograrlo, es necesario que se actúe con responsabilidad, con planificación, y con un compromiso real hacia su gente y sus ecosistemas.