Nación
MOE advierte sobre el aumento de la violencia política de cara a las Elecciones 2026
La MOE alertó sobre riesgos electorales que debilitan la equidad democrática, como el uso indebido de recursos públicos, inscripción irregular de votantes, desinformación y estigmatización en redes sociales, así como barreras informativas que afectan a poblaciones vulnerables.
A casi 11 meses de las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE) emitió un informe que revela un panorama alarmante sobre el incremento de la violencia política, social y comunal, así como sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones del país
Según los datos, entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2025, la MOE documentó 134 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, una reducción del 18,79 % respecto al mismo periodo en 2021. Sin embargo, esta cifra no representa necesariamente una mejora. En particular, la violencia letal permanece alarmantemente alta. En lo corrido de 2025, se han registrado 20 hechos letales contra liderazgos políticos: 9 asesinatos y 11 atentados. En 2024, año no electoral, se contabilizaron 139 asesinatos y 67 atentados, lo que posiciona ese año como el tercero con mayor letalidad desde 2016.
Este año en curso muestra un incremento preocupante de violencia contra líderes comunales, especialmente presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), con un aumento del 66,67 % frente a 2021. El 65 % de estos casos fueron amenazas y asesinatos.
Territorialmente, el fenómeno se concentra en Cauca, Norte de Santander, Huila y Valle del Cauca, departamentos que agrupan el 39,55 % de los hechos registrados. El Cauca, además, encabeza los reportes de violencia cometida por Grupos Armados Ilegales (GAI), con 205 incidentes, incluidos 172 acciones armadas.
Las zonas correspondientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas para ampliar la representación en regiones afectadas por el conflicto, también se ven afectadas por la violencia. En estos territorios, se concentran el 43,28 % de las agresiones registradas en 2025, con 58 casos, la mayoría en áreas rurales. El 54,5 % de las agresiones en estas zonas han sido asesinatos y atentados.
Diálogos estancados
Pese a los esfuerzos de Paz Total impulsados por el Gobierno nacional, buena parte de las mesas de diálogo con grupos armados presentan señales de estancamiento. Diálogos con estructuras como el ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada están suspendidos o en crisis, mientras que el número total de hechos violentos por los grupos armados ilegales en 2025 asciende a 979, el mayor registrado desde 2018.
Más allá de la violencia física, la MOE identifica múltiples riesgos electorales: inscripción irregular de cédulas, uso de recursos públicos con fines electorales, estigmatización en redes sociales, y déficit en la información electoral para poblaciones vulnerables. También alerta sobre la financiación ilegal de campañas, polarización extrema y la intervención indebida de funcionarios públicos.
El deterioro de la seguridad en regiones clave, el auge de la violencia letal contra liderazgos, el accionar persistente de grupos armados ilegales y los obstáculos estructurales a la participación ciudadana configuran un entorno que debilita la equidad democrática. A menos de un año de las elecciones, la combinación de violencia, desinformación y debilidad institucional exige respuestas urgentes y coordinadas para garantizar procesos electorales seguros, transparentes y verdaderamente incluyentes.
