Unidad Investigativa
El espejismo del emprendimiento: la cruda realidad empresarial en Santa Marta y el Magdalena
Un análisis de las cifras oficiales revela cómo el discurso emprendedor oculta una crisis estructural de informalidad y desempleo en la región. Mientras los políticos predican el evangelio emprendedor, los datos en bruto revelan una masacre empresarial silenciosa: más de 8.000 empresas canceladas y 27.000 más depuradas en solo seis años. Santa Marta concentra casi el 70% de esta destrucción, convirtiendo el emprendimiento en la máscara cruel de una economía sin empleos dignos.
Por: José D. Pacheco Martínez
En los corredores de las Cámaras de Comercio y en los discursos políticos, el emprendimiento se presenta como la panacea económica, solución para los altos índices de desempleo informal y pobreza en Santa Marta y el departamento del Magdalena. Sin embargo, los datos de cancelaciones y depuraciones empresariales entre 2019 y 2025 pintan un panorama radicalmente distinto: esta es una región donde crear empresa es apenas el primer paso de un calvario que menos de la mitad logra sobrevivir.
Las cifras son implacables. En apenas seis años, según datos en bruto, más de 8.000 empresas han sido canceladas en el departamento, mientras que otras 27.000 han sido depuradas del registro mercantil. Para dimensionar esta tragedia empresarial, basta considerar que Santa Marta, la capital, concentra casi el 70% de todas las cancelaciones (6.167 empresas) y más del 50% de las depuraciones (18.146 empresas).
Esto indica con claridad meridiana, que la capital del Magdalena se ha convertido en un paradójico epicentro de destrucción empresarial. Cada año, cientos de emprendedores ven morir sus proyectos en una ciudad que, pese a su potencial turístico y portuario, no logra generar las condiciones mínimas para la supervivencia de los emprendimientos.
Alfonso Lastra Fuscaldo, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, excandidato a la Alcaldía y profesor universitario, es enfático en la importancia de los contextos y escenarios en los que surge una empresa, ya que de estos depende la permanencia en el tiempo de un emprendimiento o iniciativa de carácter comercial, además, resalta el papel determinante de la administración pública.
«[Dinamizar el sector emprendedor] es una decisión netamente política, es entender que entre mayor dinámica empresarial exista y se incremente el tejido empresarial bien controlado y vigilado desde una estructura administrativa y de control fuerte, únicamente lo que puede pasar es un fenómeno de crecimiento de la economía, más generación de empleo, más gente diversificando negocios, más innovación, más desarrollo económico y eso va conducir es a que la dinámica empresarial crezca», comentó Lastra.
En ese sentido, los sectores más golpeados revelan la verdadera naturaleza de este problema de gran magnitud: el comercio al por mayor y menor lidera las cancelaciones con 3.376 empresas cerradas, seguido por alojamiento y servicios de comida con 2.389. Estos no son sectores de alta tecnología o innovación, sino actividades básicas de supervivencia económica que muchas familias emprenden ante la ausencia de empleo formal.
La situación se agrava al observar que más del 80% de las empresas canceladas corresponden a personas naturales, evidenciando que el grueso del emprendimiento magdalenense no pasa de ser iniciativas individuales desesperadas por generar ingresos en un mercado laboral básicamente informal, donde los más perjudicados son los jóvenes, pues más del 60% trabaja de esta manera. El análisis por tamaño empresarial confirma esta realidad: más del 90% de las empresas canceladas son microempresas, no por casualidad, sino, como explica Lastra, a consecuencia de un modelo económico que empuja las personas hacia el autoempleo precario bajo el eufemismo de ‘emprendimiento’.
«Muchos de ellos ingresan al mundo de los negocios como una mera estadística, pasando por alto la más de las veces importantes temas de naturaleza legal y orden público como el cumplimiento de las obligaciones laborales asignadas a los empleadores», señaló Guillermo Linero, abogado y profesor universitario.
El análisis hacia los entes territoriales del departamento revela cómo la crisis trasciende a Santa Marta. Municipios como Ciénaga (535 cancelaciones), El Banco (322), Fundación (261) y Plato (244) muestran patrones similares: alta mortalidad empresarial en sectores básicos de la economía. Estos datos contrastan con municipios pequeños como Sabanas de San Ángel, Tenerife o Salamina, donde las cancelaciones son mínimas, no por fortaleza empresarial, sino por la casi inexistencia de actividad económica formal.
¿Qué significa realmente depurar una empresa?
Para entender la magnitud de la crisis empresarial magdalenense, es fundamental comprender qué implican los procesos de cancelación y depuración que manejan las Cámaras de Comercio, pues detrás de estos tecnicismos se esconden realidades económicas verdaderamente devastadoras.
La cancelación de una empresa es un acto voluntario y definitivo. Ocurre cuando el empresario, consciente de que su negocio no puede continuar, decide formalmente liquidar su sociedad o cesar sus actividades comerciales. Este proceso requiere el cumplimiento de obligaciones tributarias, laborales y comerciales pendientes. Es, en esencia, el reconocimiento oficial del fracaso empresarial.
«El estado es poco amigable con el fenómeno de creación de empresas y lo que se vuelve es un contradictor o un juez natural de la apertura del negocio y eso va a generar unos inconvenientes en la sostenibilidad, hay una estadística fuerte en Colombia: de 100 empresas que se crean en Colombia 50 empresas al cabo de 5 años ya no existen, entonces es en una situación caótica porque realmente en vez de promover la sostenibilidad de empresas lo que vemos es empresas que nacen y en máximo 5 años ya están llegando a su fin, eso es un fenómeno muy complicado que resiente a cualquier economía», aseguró Alfonso Lastra.
En cambio, la depuración es un procedimiento administrativo que activa automáticamente la Cámara de Comercio cuando una empresa incumple con la renovación de su matrícula mercantil, esto en el entendido de que toda empresa debe renovar su registro y pagar los derechos correspondientes. Cuando no lo hace, la entidad inicia un proceso que culmina con la eliminación de la empresa del Registro Mercantil.
El procedimiento está contenido en el numeral primero del artículo 31 de la Ley 1727 de 2014 y precisa que se aplica a «las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación».
Este proceso de depuración se desarrolla en varias etapas: primero se envían comunicaciones al último domicilio registrado, luego se publican edictos en periódicos de amplia circulación, y finalmente, si no hay respuesta del empresario, se procede a la eliminación de la empresa del Registro Mercantil, perdiendo su capacidad legal para contratar, facturar o realizar cualquier actividad comercial formal.
En el contexto del Magdalena, las más de 27.000 depuraciones registradas entre 2019 y 2025 revelan una realidad más cruda que las cancelaciones voluntarias: Eetas empresas no tuvieron siquiera la oportunidad de un cierre ordenado; simplemente desaparecieron por inanición económica, incapaces de generar los ingresos mínimos necesarios para mantener su estatus legal. La aceleración de este procedimiento en los últimos años es particularmente alarmante: de 4.159 en 2023, pasamos a 5.422 en 2024, y en los seis meses que van de 2025, los datos en bruto han confirmado la eliminación de al menos 5.000.
Esta tendencia sugiere que miles de emprendedores, empujados por la necesidad y las políticas de formalización, crearon empresas sin las condiciones mínimas de viabilidad, condenándolas desde su nacimiento al abandono y posterior depuración.
Olga Arango Illidge, emprendedora con más de 15 años en el mercado de las ópticas, da luces sobre las peripecias de los empresarios para navegar sobre la incertidumbre económica. «Las microempresas de salud deben cumplir con una implementación muy costosa y con mínimos beneficios que en realidad se vuelven gastos sin retribución», señaló, al tiempo que ahonda en su estrategia para no entrar en estas funestas estadísticas: «tuve que reducir personal, pasando de tres a un solo trabajo directo y, con las obligaciones tributarias no siempre se puede cumplir, toca pagos extemporáneos, ya que el negocio no da para cumplir con todo».
El emprendimiento como refugio de la informalidad
Analistas de la Universidad del Magdalena señalan que el fenómeno empresarial magdalenense no puede entenderse sin reconocer que el emprendimiento se ha convertido en el último refugio de una población ‘expulsada’ del mercado laboral formal, acaparado por la administración pública, convertida en la última década en el empleador por excelencia de Santa Marta y el departamento.
Silvia Helena Median, actual presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, hizo un comentario respecto a este asunto, valiéndose de los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) en torno a la empleabilidad del distrito y el departamento del Magdalena. Las cifras presentadas por la ejecutiva en su publicación en X, contrasta negativamente con las cifras antes presentadas y la realidad que describen empresarios como Olga Arango o los más de 8.000 que han cancelado sus empresas en los últimos seis años.
“El más reciente informe del @DANE_Colombia muestra que el Magdalena creció 1,8% frente al 1.6% del PIB nacional, ubicándose en el puesto 15 entre 33 departamentos del país y el 2º con mayor crecimiento en la región Caribe”, escribió Medina, para luego precisar: “este avance es reflejo del compromiso de un tejido empresarial sólido, con más de 28.000 empresarios activos, que generan + de 590.000 ocupados en todo el territorio”.
Sin embargo, las mismas estadísticas advierte que más de 60% de las personas que trabajan en el distrito de Santa Marta lo hace de manera informal, con un tendencia negativa y decidida hacia los jóvenes y, especialmente las mujeres, quienes son la población más afectada por este fenómeno económico.
Así las cosas, en una región donde las oportunidades de empleo digno y formal son escasas, crear una empresa se presenta no como una oportunidad de crecimiento, sino como una estrategia de supervivencia económica. Esta dura realidad se evidencia en la composición sectorial de las empresas canceladas y depuradas: comercio al por menor, servicios de alimentación, actividades de servicios básicos.
Los sectores que lideran ambos procesos son precisamente aquellos que requieren menor inversión inicial y menores barreras de entrada: son en esencia, las actividades que cualquier persona puede emprender con recursos mínimos cuando no encuentra empleo. Nelson Sánchez Polo, contador público con amplia experiencia en el sector empresarial magdalenense, ofrece una perspectiva reveladora sobre las razones estructurales detrás de esta masacre empresarial. Según su análisis, la carga tributaria efectiva para una microempresa puede superar el 30% de la utilidad neta, no de los ingresos brutos como muchos asumen.
«En Colombia, los pequeños empresarios pagan ICA sobre sus ingresos brutos hasta el 1%, pero los demás impuestos como renta afectan directamente la utilidad neta», explica Sánchez Polo. A esta carga tributaria se suman los costos operativos que en Santa Marta adquieren dimensiones asfixiantes. El costo de la energía eléctrica, por ejemplo, representa entre el 15% y el 30% de los gastos operativos de las microempresas, impactando directamente su rentabilidad en una ciudad donde las tarifas energéticas han experimentado incrementos sostenidos. Los trámites administrativos consumen, según datos de la OCDE, 239 horas anuales, tiempo que para un microempresario representa un costo de oportunidad significativo.
Otro aspecto relevante, es la rigidez del marco laboral colombiano y que agrava esta situación. «Más del 90% de las demandas laborales favorecen al trabajador, lo que convierte el riesgo legal en un factor de alta incidencia para las pequeñas empresas», señala el contador Sánchez Polo. Esta realidad jurídica, combinada con la carga tributaria y los altos costos operativos, crea un escenario donde la informalidad resulta económicamente más atractiva.
Este problema estructural se agrava porque estas iniciativas nacen sin estudios de mercado serios, planes de negocio bien estructurados o capital de trabajo insuficiente. Según Alfonso Lastra, estas son respuestas desesperadas a la necesidad inmediata de generar ingresos, es decir, no son empresas concebidas para competir en mercados cada vez más exigentes.
La cruda matemática empresarial que presenta Nelson Sánchez Polo revela por qué tantos emprendedores abandonan la formalidad: «la informalidad puede representar un ahorro de hasta el 46% de la utilidad bruta, por lo que muchos se ven empujados hacia ella». Esta no es una decisión moral, sino una estrategia de supervivencia económica en un entorno que penaliza sistemáticamente la formalización.
«El Estado colombiano está empujando cada vez más a los pequeños empresarios hacia la informalidad, porque simplemente no existen incentivos reales para permanecer o iniciar en la formalidad», concluye el contador. Sus palabras encuentran eco en las cifras del Magdalena: más de 27.000 empresas depuradas que, ante la imposibilidad de sostener los costos de la formalidad, simplemente desaparecieron del registro mercantil.
Las microempresas, que representan más del 90% de las cancelaciones, operan sobre esta lógica de subsistencia: sus propietarios no son empresarios en el sentido técnico del término, sino trabajadores informales que adoptaron una figura jurídica empresarial para acceder a contratos o programas gubernamentales, pero que inevitablemente regresan a la informalidad cuando descubren que los costos de mantenerse formal superan sus márgenes de supervivencia.
En ese sentido, el expresidente de la Cámara de Comercio advierte que «el Estado debe facilitar [el sostenimiento y direccionamiento eficaz] a través de políticas públicas de emprendimiento, políticas públicas de fortalecimiento empresarial dirigidas y enfocadas a que exista un verdadero desarrollo del sector empresarial y esto le permite al Estado que la dinámica económica crezca, lo que se ve rápidamente reflejado en mejores indicadores de empleo, disminución de la informalidad laboral y en el Producto Interno Bruto».
Estas dinámicas a todas luces negativas convierten al Registro Mercantil en una puerta giratoria: entran miles de personas empujadas por la necesidad, permanecen el tiempo mínimo que les permite su precaria situación económica, y salen por cancelación voluntaria o, más frecuentemente, por depuración automática. Los datos del Magdalena obligan a repensar el paradigma del emprendimiento como política pública.
No se trata de desalentar la iniciativa empresarial, sino de reconocer que, sin transformaciones estructurales en educación, infraestructura, acceso al crédito, introducción en la cadena comercializadora nacional e internacional y desarrollo de mercados, el emprendimiento seguirá siendo un espejismo cruel que mantiene a las personas en la informalidad disfrazada.
«¿Qué están haciendo hoy las administraciones? ¿Qué le están exigiendo los gremios a las actuales administraciones del departamento y el distrito? Yo creo que ahí estamos en estos momentos con un saldo en rojo, que no es simplemente colaborar sino enfocarse en lo que realmente la ciudad y el departamento requieren desde un punto de vista del desarrollo empresarial, pero se necesita voluntad política, transparencia, respeto por el recurso público en el entendido que permite que la ciudad salga adelante, que la gente que está en Santa Marta y el Magdalena salga adelante», precisó Alfonso Lastra.
La verdadera política económica para Santa Marta y el Magdalena no puede limitarse a facilitar la creación de empresas destinadas al fracaso, sino, abordar las causas profundas que hacen de esta región un territorio hostil para la actividad empresarial genuina y productiva. Solo así el emprendimiento dejará de ser una máscara de la desesperación para convertirse en lo que siempre debió ser: una oportunidad real de desarrollo y prosperidad para las familias magdalenenses.
Finalmente, es oportuno e imperativo que desde los distintos sectores con incidencia en el desarrollo y la competitividad se emitan conceptos e informes ajustados a la realidad del territorio, en el entendido de que solo conociendo las reales debilidades se pueden buscar las soluciones.
En la próxima publicación sobre este tema, presentaremos una entrevista con el secretario de desarrollo Económico del Distrito de Santa Marta, Carlos Jaramillo, quien en la conversación sostenida hace un balance detallado de su gestión en ese sentido.
