$200.000 millones después: Essmar y la herencia tóxica de una intervención fallida

Los estados financieros revelan que, durante la intervención, la empresa acumuló deuda a un ritmo sostenido sin lograr estabilizar su flujo de caja. El aumento del pasivo corriente, la caída del efectivo disponible y el deterioro del margen operativo configuran un escenario de fragilidad estructural. Lejos de corregirse, los factores que justificaron la toma de posesión se intensificaron, trasladando la presión financiera al siguiente administrador.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo & José D. Pacheco Martínez

“No habrá liquidación de la Essmar. La empresa continuará y será devuelta al Distrito. La Essmar es de Santa Marta y debe ser gestionada por Santa Marta. Nuestro papel es apoyar y supervisar, pero la conducción corresponde a la ciudad”. La afirmación del superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, intenta instalar una idea de cierre institucional: la Nación se retira, la ciudad recupera su empresa y la intervención queda como un episodio superado. Sin embargo, cuando se examinan los estados financieros y se reconstruye la trayectoria de la empresa durante el periodo de control nacional, esa narrativa se desmorona. La intervención no dejó una empresa saneada. Dejó una empresa más endeudada, con menor liquidez y con una operación financieramente más frágil que la que justificó la toma de posesión.

Para entender la magnitud del problema es indispensable volver al origen. La empresa fue intervenida en 2021 bajo causales legales asociadas a incapacidad estructural, debilidad financiera y riesgo para la continuidad del servicio. No se trató de una disputa política ni de un ajuste administrativo menor, sino de una decisión extraordinaria sustentada en indicadores objetivos. La promesa implícita de la intervención era clara: estabilizar la empresa, corregir la trayectoria financiera y devolverla en condiciones de sostenibilidad. Ese es el estándar con el que debe evaluarse el resultado.

Los datos permiten hacerlo con precisión. En 2021, año de la intervención, el pasivo total rondaba los 97.000 millones de pesos. Era una cifra elevada, pero manejable dentro de un proceso serio de saneamiento. Si la intervención hubiera cumplido su objetivo, lo esperable habría sido una contención progresiva de esa deuda. Lo que ocurrió fue lo contrario. En 2022 el pasivo total subió a 113.391 millones de pesos. Al final de 2023 alcanzó 147.464 millones y luego del ejercicio contable de 2024 (último disponible para consulta), el hueco fiscal llegó a 179.137 millones.

Es decir, en apenas tres años, la deuda creció más de un 80%. La empresa intervenida no redujo su carga financiera: la amplió de manera sostenida, cambiando de escala el problema que se suponía debía resolver. Ese deterioro se vuelve más pedagógico cuando se examina la composición de los pasivos. No solo creció la deuda total; creció, y a mayor velocidad, el pasivo corriente, es decir, las obligaciones exigibles en el corto plazo. En 2021 debía de forma inmediata alrededor de 7.393 millones de pesos. Esa cifra se disparó en 2022 hasta llegar a 19.855 millones, para 2023 ascendió a 31.930 millones y hacia el final de 2024 superó los 41.241 millones.

Como puede observarse, las deudas de corto plazo se multiplicaron por más de cinco. Este dato es crucial porque define la presión cotidiana sobre la operación. No se trata de compromisos lejanos, sino de pagos que afectan directamente la caja, la nómina, los proveedores y la capacidad misma de prestar el servicio.

La lectura se vuelve aún más preocupante cuando esta expansión de obligaciones se cruza con la liquidez disponible. En 2021 la empresa cerró con efectivo cercano a $20.203 millones de pesos; luego en 2022 la caja cayó a $17.992 millones; hubo una leve recuperación en 2023 hasta $21.119 millones, que pudo interpretarse como un respiro momentáneo. Sin embargo, en 2024 se produjo el quiebre: el efectivo se redujo a $14.517 millones, una contracción cercana al 31% en un solo año. Puede decirse a la luz de las cifras, que Essmar terminó ese periodo con el mayor nivel de pasivos de su historia reciente y, al mismo tiempo, con la menor disponibilidad de caja desde la intervención. La ecuación que motivó la toma de posesión —deuda creciente con liquidez insuficiente— no solo persistió, sino que se agravó.

A este cuadro se suma un elemento decisivo: el resultado operacional, el cual entra en terreno negativo, o lo que es igual, la empresa deja de generar margen suficiente para sostener su operación con ingresos propios. Cuando una empresa de servicios públicos pierde resultado operacional, la literatura y la práctica enseñan que el déficit no desaparece por arte de magia, sino que se traslada al sistema, ya sea en forma de presión tarifaria, mayores subsidios fiscales o deterioro del servicio. En todos los casos, el costo termina recayendo sobre los ciudadanos. Por eso, el fracaso financiero no es un problema contable abstracto, sino un asunto social y territorial.

Si se proyecta esta trayectoria con un criterio conservador, el panorama se vuelve aún más elocuente. Entre 2021 y 2024, el incremento promedio anual del pasivo total fue cercano a 27.000 millones de pesos. De mantenerse esa dinámica, sin un programa efectivo de saneamiento, Essmar pudo cerrar 2025 con pasivos en un rango aproximado de 205.000 a 210.000 millones de pesos. En el mismo escenario, el pasivo corriente pudo haber superado los 50.000 millones, incrementando aún más la presión inmediata sobre la caja. Esto significa que la empresa que se anuncia como “devuelta” al Distrito no sería solo más endeudada que en 2021, sino potencialmente la más endeudada de su historia.

Este recorrido obliga a una conclusión incómoda para el gobierno nacional, en el sentido de que la intervención no cumplió su objetivo esencial, sino que bajo la administración de los distintos gerentes nombrados durante el periodo de control nacional, no fue saneada ni estabilizada: la deuda creció, la liquidez se deterioró y la operación perdió capacidad de sostenerse. El problema no es personal ni anecdótico; es institucional, porque la figura extraordinaria de intervención terminó funcionando como una administración transitoria que no corrigió las causas estructurales de la crisis.

Sin embargo, la responsabilidad no se agota ahí. El anuncio de devolución abre un segundo riesgo, esta vez para el gobierno distrital. Aceptar la empresa sin exigir un programa claro de saneamiento financiero, reestructuración de pasivos y fuentes de financiación verificables sería un acto de ingenuidad administrativa con consecuencias fiscales graves. Recuperar una empresa de servicios públicos es legítimo; recibirla en estas condiciones es imprudente. En este contexto, la autonomía territorial que cacarean los mandatarios de todos los espectros políticos no se defiende aceptando cualquier herencia, sino exigiendo que la empresa vuelva en condiciones de viabilidad real.

Las empresas de servicios públicos no funcionan con declaraciones optimistas ni con ceremonias de entrega. Funcionan con flujo de caja, disciplina financiera y decisiones técnicas responsables. Essmar fue intervenida porque esa ecuación estaba rota. Hoy, los estados financieros muestran que no ha sido reparada, así que devolverla sin sanearla no es cerrar un ciclo; es trasladar una crisis abierta del nivel nacional al nivel local.

El discurso del superintendente busca transmitir cierre de un ciclo. Los balances, en cambio, cuentan otra historia. Santa Marta tiene derecho a recuperar su empresa, pero también tiene derecho a no recibir una crisis maquillada como triunfo administrativo. La contabilidad no admite relatos, porque al igual que el periodismo, registra hechos. Y esos hechos muestran que la intervención fracasó y que la devolución, tal como se anuncia, puede convertirse en una trampa que la ciudad no debería aceptar.

Pdta:

Teniendo en cuenta la actual coyuntura, básicamente relacionada con las campañas a congreso y presidenciales, sería buen que desde el gobierno nacional y en atención a la idea finalizar con la toma de posesión, se respondieran alguno interrogantes:

¿Cumplirá el presidente Gustavo Petro su palabra de devolver la Essmar al Distrito de Santa Marta el último día de su gobierno como prometió en plaza pública?

¿La devolución incluye un plan financiero verificable, cronograma de saneamiento y fuentes claras de financiación para atender los pasivos acumulados, o simplemente transfiere al Distrito una empresa endeudada, con presión de corto plazo, sin respaldo fiscal ni estrategia sostenible definida?

¿Habrá un balance técnico y transparente sobre el desempeño de los gerentes interventores nombrados por el Gobierno y sobre las razones por las cuales ninguno logró permanecer más de seis meses al frente de la empresa?