¡El misterio de los $25.000 millones! Fundación de Educación Superior San José bajo la lupa por contratos de alfabetización en Magdalena

Mientras el programa redujo a menos de la tercera parte los beneficiarios, el valor de los kits escolares se disparó hasta multiplicarse por nueve ($310.000), además, ya había una señal de alarma: tres adiciones de tiempo que terminaron duplicando el plazo pactado. El caso se agrava porque el operador es una institución bajo escrutinio por la presunta venta de diplomas universitarios. La documentación pública permite ver qué se pagó, pero no todo lo ejecutado.

Por: José D. Pacheco Martínez

Los lineamientos básicos de la contratación estatal señalan que, sin informes técnicos de avance, listados verificables de beneficiarios y actas de ejecución, no es posible reconstruir de manera completa cómo se ejecutaron los recursos públicos comprometidos por una entidad territorial. En un sistema diseñado para garantizar publicidad y trazabilidad, la ausencia de estos soportes limita el ejercicio del control ciudadano y fiscal sobre la contratación pública.

Así lo establece la Ley 1150 de 2007 en su artículo 3 cuando señala que “la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas”, además, precisa que para tales fines se creó el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) el cual, “servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía”.

Este estándar resulta especialmente relevante cuando se trata de contratos de gran cuantía. En el Departamento del Magdalena, la Fundación de Educación Superior San José (USanJosé) fue contratada para ejecutar dos programas sucesivos de alfabetización, cuyo valor conjunto supera los $25.000 millones, destinados a población joven, adulta y mayor en condición de analfabetismo. Se trata de recursos públicos asignados a un programa social de alto impacto y ejecutados por una institución que actualmente enfrenta investigaciones y cuestionamientos públicos relacionados con la expedición de títulos académicos falsos.

En ese contexto, las actuaciones administrativas y judiciales que rodean a la Fundación Universitaria San José se han convertido en foco de atención más allá de su actividad académica; por eso, su participación como ejecutora de contratos estatales adquiere especial interés, en particular cuando se trata de proyectos que implican cobertura territorial fuera de su área, operación logística compleja y un volumen significativo de recursos públicos.

El primer contrato fue estructurado como un programa masivo para alfabetizar a 30.000 personas, con un despliegue territorial intensivo, cientos de docentes, miles de horas presenciales, entrega de materiales, evaluación y certificación. El segundo contrato, celebrado posteriormente bajo una modalidad distinta, redujo la cobertura a 9.392 beneficiarios, pero mantuvo el mismo diseño operativo general y reconfiguró varios rubros presupuestales. La magnitud de lo comprometido contrasta con la información disponible públicamente sobre la ejecución, especialmente en lo relativo a soportes técnicos y pedagógicos.

La transparencia del gasto público depende de sistemas concebidos para dejar rastro verificable. Plataformas como Secop permiten seguir el ciclo contractual desde la planeación hasta la ejecución y el pago. En este caso, la revisión del expediente público muestra limitaciones en la disponibilidad de documentos clave, como informes de avance, evidencias de ejecución territorial, listados nominales de beneficiarios y actas de recibo a satisfacción, elementos necesarios para comprender cómo se materializó el objeto contratado.

Pormenores de los contratos

El programa departamental de alfabetización “Yo Sí Cambio – Todos Alfabetizados” fue ejecutado por el Departamento del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación Departamental, mediante dos contratos sucesivos suscritos con la Fundación de Educación Superior San José, en calidad de operador del programa educativo flexible de alfabetización, Ciclo I del modelo A Crecer, dirigido a jóvenes, adultos y personas mayores en condición de analfabetismo.

El primer proceso, firmado durante la Administración de Carlos Caicedo, correspondió al contrato PS-0672 de 2022, como resultado de una licitación pública con un solo oferente, con una cobertura proyectada de 30.000 beneficiarios en municipios priorizados del departamento. El segundo, suscrito bajo el encargo de Ingris Padilla, se materializó mediante contratación directa con entidad sin ánimo de lucro, bajo el número CA-ESAL-008-2025, con una cobertura reducida a 9.392 personas, manteniendo como ejecutor a la misma fundación y como entidad contratante y supervisora a la Secretaría de Educación Departamental.

La lectura cruzada de los estudios previos, el anexo técnico, las especificaciones técnicas, la propuesta técnica seleccionada, la propuesta económica y las cláusulas adicionales que rigen ambos contratos muestran que no se trató de dos diseños pedagógicos distintos, sino de la reiteración de una misma matriz operativa, ajustada en escala, pero no en naturaleza ni en exigencia funcional.

El objeto consistió en la implementación presencial del Ciclo I del modelo A Crecer, bajo una lógica de alfabetización intensiva y continua. El diseño técnico definió desde el inicio una operación estructurada por grupos reducidos, con acompañamiento docente permanente, coordinación pedagógica, control de asistencia, evaluación diagnóstica y final, entrega de material pedagógico individual y certificación formal del proceso educativo. Esa estructura no fue reemplazada ni rediseñada en el Ciclo II; por el contrario, fue reproducida como estándar de referencia del servicio contratado.

La identificación y vinculación de beneficiarios se mantuvo como obligación central del operador. Ambos contratos exigieron procesos de búsqueda activa de población analfabeta, recorridos comunitarios, articulación con autoridades locales y levantamiento de registros nominales individualizados, condición necesaria para la conformación de grupos y la activación del proceso formativo. No se advierte, en ninguno de los documentos, una simplificación metodológica de esta fase ni un reemplazo por mecanismos indirectos.

El componente académico fue concebido como un servicio presencial de alta intensidad. En el contrato de 2022, el anexo técnico fijó expresamente una carga de 290 horas presenciales, con una intensidad mínima semanal, complementadas por 200 horas extracurriculares de acompañamiento, seguimiento y refuerzo pedagógico. En el contrato de 2025, aunque la intensidad horaria no se detalló con la misma precisión numérica, se mantuvieron las exigencias de control de asistencia, desarrollo sistemático de contenidos, acompañamiento docente y aplicación de instrumentos de evaluación.

La estructura de talento humano también conservó su lógica. El diseño operativo estableció grupos de alfabetización de hasta 25 participantes, atendidos por docentes facilitadores presenciales responsables de la formación, el registro académico y la sistematización de información. En el contrato de 2022, esta arquitectura implicó la vinculación de 600 docentes alfabetizadores y 30 coordinadores pedagógicos. En el contrato de 2025, la reducción del número de facilitadores —235 docentes— respondió exclusivamente a la disminución de la cobertura poblacional, sin alterar las funciones ni la organización del servicio.

En materia administrativa, ambos contratos asignaron al operador la obligación de registro, seguimiento y certificación, incluyendo la actualización de información en plataformas oficiales como el Simat, función expresamente prevista en el contrato de 2022 mediante la vinculación de 10 digitalizadores.

La entrega de materiales pedagógicos refuerza la continuidad técnica. El contrato PS-0672-2022 estableció la producción y entrega de 120.000 cartillas pedagógicas, 30.000 kits académicos individuales, 1.200 kits para alfabetizadores y 600 manuales metodológicos. El contrato CA-ESAL-008-2025 mantuvo la obligación de dotación individual nominal —kits académicos asociados a cada beneficiario plenamente identificado—, pese a que la población objetivo se redujo a menos de una tercera parte.

El esquema de evaluación y certificación tampoco varió en su concepción: exigencia de pruebas diagnósticas iniciales, evaluaciones finales, consolidación de resultados y elaboración de informes técnicos como soporte del cumplimiento contractual. En la primera etapa se proyectó la aplicación de 180.000 instrumentos de evaluación; en la segunda, aunque el volumen absoluto disminuyó, el mecanismo se mantuvo como requisito habilitante para la certificación del Ciclo I.

Desde el punto de vista financiero, los pagos a la Fundación Universitaria San José se efectuarían contra la aprobación de informes técnicos, pedagógicos y administrativos, bajo supervisión de la Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena, responsable de certificar el avance y el recibido a satisfacción.

Cobraron el kit escolar a $310.000

Yendo más en detalle, la comparación documental entre las dos fases contractuales del programa “Yo Sí Cambio – Todos Alfabetizados” permite identificar una variación significativa en el valor unitario del kit pedagógico, contraste que surge de la revisión de los estudios previos, anexos técnicos y formatos de propuesta económica incorporados a cada proceso contractual.

En el primer contrato cada participante debía recibir cuatro cartillas pedagógicas impresas, estructuradas conforme al modelo A Crecer, junto con un kit académico individual compuesto por útiles escolares básicos (agenda, borrador, lápiz, bolígrafo, sacapuntas, regla) destinados a acompañar las actividades de alfabetización. Esta obligación implicó la producción y distribución de 120.000 cartillas y 30.000 kits, uno por cada persona efectivamente vinculada al programa, además de material de apoyo para el equipo docente.

El rubro presupuestal destinado a la adquisición de los kits en esta etapa fue de $1.058 millones, lo que, distribuido entre 30.000 unidades, arroja un valor unitario aproximado de $35.300 por kit. En la fase contractual posterior la propuesta económica fijó la compra de los kit educativos en $2.911.520.000, lo que en términos comparativos supone que el costo por kit aumentó nueve veces su valor, pasando de $35.300 a $310.000.

La revisión de los anexos técnicos asociados a esta segunda etapa no evidencia una modificación proporcional en la composición del kit que permita explicar ese incremento. Los documentos no describen la incorporación de tecnologías, dispositivos electrónicos, licencias educativas, materiales especializados ni insumos diferenciados que, por su naturaleza, tiendan a justificar un aumento de tal magnitud. La descripción del kit se mantiene en términos generales, sin una desagregación detallada de ítems, cantidades, costos unitarios o referencias de mercado que permitan reconstruir cómo se forma el precio asignado.

Desde el punto de vista presupuestal, el total destinado a kits en 2025 ($2.911.520.000) representa aproximadamente 21,2% del valor total de la propuesta económica ($13.714.285.714), lo que convierte este insumo material en uno de los rubros de mayor incidencia dentro de la estructura financiera del contrato. Esta proporción resulta especialmente relevante si se considera que el diseño pedagógico, la modalidad de alfabetización presencial y la naturaleza de las obligaciones educativas no presentan cambios sustanciales frente al esquema aplicado en 2022.

Manuales y circulares expedidos por Colombia Compra Eficiente son explícitas en cuanto a que en términos de transparencia una operación de dotación pedagógica de tal magnitud supone una trazabilidad verificable: listados nominales de beneficiarios, actas de entrega individuales o por grupo, registros de distribución territorial, facturación asociada y soportes logísticos que acrediten la adquisición y entrega efectiva de cada kit.

No obstante, en la revisión de la información publicada en la plataforma Secop, no se identifican documentos que permitan verificar de manera detallada la entrega efectiva, ni soportes que describan con precisión su contenido, composición, desagregación de costos o logística de distribución. Tampoco se encuentran actas nominales de entrega, listados consolidados por municipio, registros individualizados asociados a beneficiarios ni memorias técnicas que permitan reconstruir, a partir de la información pública disponible, cómo se materializó esta obligación contractual.

Así las cosas, el rubro de dotación pedagógica —por su peso presupuestal, su variación unitaria y su carácter materialmente verificable— debe ser objeto de verificación específica por parte de los entes de control, como parte del examen de la planeación, la ejecución y la trazabilidad del gasto público destinado a un programa social dirigido a población vulnerable.

Publicidad como para una campaña política: $400 millones

Como si el incremento del valor unitario de los kits pedagógicos no fuera suficiente, en el segundo contrato asociado al programa “Yo Sí Cambio – Todos Alfabetizados” se incorporó una estrategia comunicacional de alta densidad operativa y presupuestal, que se suma a los costos pedagógicos y materiales ya elevados. Esta línea de gasto aparece formalmente justificada como un mecanismo de divulgación, socialización y visibilización institucional del programa; sin embargo, su alcance, estructura y costo adquieren una relevancia particular cuando se analizan a la luz de la reducción sustancial del número de beneficiarios, que pasó de 30.000 personas en 2022 a 9.392 en 2025, es decir, a menos de una tercera parte de la cobertura inicial.

La Actividad denominada Divulgación y socialización del proyecto, según la propuesta económica, fue presupuestada en $415.501.500, un monto que por sí solo representa una fracción significativa del contrato, destinados exclusivamente a acciones de comunicación y visibilidad.

El diseño de esta estrategia parte de la conformación de un equipo humano especializado, con perfiles ajenos al núcleo pedagógico del programa, pero financiados con recursos del mismo contrato. La propuesta contempla la vinculación de un profesional en comunicación social y periodismo con énfasis digital, con una asignación mensual de $5.000.000 durante dos meses; un diseñador gráfico, por $5.000.000 mensuales en el mismo periodo; y un profesional en gestión de eventos, con una remuneración de $5.600.000 por dos meses. A estos cargos se suman cinco técnicos de divulgación y confirmación de asistencia, con un costo consolidado de $40.587.500, además de otros perfiles de apoyo técnico y operativo que incrementan el gasto en recurso humano asociado exclusivamente a tareas de difusión.

Este esquema configura una estructura paralela de comunicación institucional, con roles propios de producción gráfica, gestión de eventos, diseño y divulgación territorial, que opera de manera simultánea al equipo docente, a los coordinadores pedagógicos y al personal administrativo del programa. La documentación no precisa con claridad cómo se articula esta estructura con las obligaciones educativas ni qué indicadores permitirían evaluar su contribución directa al proceso de alfabetización.

A esta línea de personal se suman eventos institucionales de alto costo, expresamente incluidos en la propuesta económica. Se prevé un evento de lanzamiento del programa, presupuestado en $50.000.000, y una clausura del proyecto, valorada en $150.000.000. En conjunto, estos dos actos ascienden a $200 millones, cerca de la mitad del total asignado a divulgación. Los documentos no detallan el número de asistentes esperados, la duración de las actividades, los municipios involucrados, el tipo de logística contratada ni los criterios de impacto que permitan evaluar la pertinencia de este gasto en relación con la alfabetización efectiva de la población objetivo.

La pauta y difusión en medios refuerzan esta expansión presupuestal. La propuesta prevé la contratación de emisoras comunitarias en 29 municipios, con cápsulas informativas periódicas, por un valor total de $72.000.000. Adicionalmente, se incluye perifoneo por $6.400.000, calculado a partir de unidades móviles durante varios meses. Aunque estos mecanismos pueden resultar útiles para la convocatoria territorial, la documentación no especifica el número exacto de cuñas emitidas, su contenido, duración, frecuencia por municipio, franjas horarias ni métricas de alcance que permitan verificar la proporcionalidad entre costo y cobertura real.

En materia de producción gráfica, la propuesta incorpora impresión de afiches, pendones, tótems, backing institucional y piezas de gran formato, junto con la elaboración de 3.000 flyers, presupuestados en $30.000.000. Este valor resulta relevante si se contrasta con la cantidad de piezas y con el tamaño del público objetivo. Los documentos no desarrollan un plan de distribución que permita establecer cuántas piezas llegarían efectivamente a los potenciales beneficiarios.

Desde el punto de vista del análisis contractual y del control del gasto público, el aspecto relevante no es la existencia de actividades de divulgación —habituales en programas sociales— sino la magnitud y complejidad del dispositivo comunicacional diseñado, su peso dentro del presupuesto y la ausencia de una explicación técnica detallada que permita relacionar cada rubro con resultados pedagógicos verificables.

Por su volumen de recursos y por su naturaleza materialmente verificable, esta línea de gasto exige trazabilidad específica: contratos derivados, órdenes de servicio, productos entregables, registros de emisión en medios, actas de eventos, listados de asistentes y criterios de evaluación. En ausencia de esta información plenamente accesible y detallada, la estrategia de comunicación se convierte en uno de los puntos críticos del contrato, que debe ser examinado por los entes de control desde la perspectiva de la planeación, la proporcionalidad del gasto y la efectiva destinación de los recursos públicos.

Prórrogas reiteradas, incumplimiento en tiempos y un expediente que no deja huella suficiente

A este panorama ya bastante complejo en términos de trasparencia, se suma la escasa trazabilidad pública en Secop, elemento que, leído con criterio de control, resulta difícil de relativizar. El contrato PS-0672 de 2022 firmado el 11 de marzo de 2022 con un plazo de 8 meses no se ejecutó dentro del plazo originalmente pactado, requirió tres modificaciones de tiempo: la primera, pocos días antes de cumplirse el plazo inicial, el 1 de noviembre, solicitó prórroga hasta el 23 de abril de 2023; la adición número 2, fue aprobada el 21 de abril, dando como fecha de finalización el 30 de junio de 2023, sin embargo este plazo tampoco se cumplió porque el 21 de junio se amplió hasta el 30 de agosto de 2023.

Las tres solicitudes de prórroga se fundamentaron en los mismos argumentos: “la ola invernal, alteraciones al orden público, difícil acceso, el deterioro de la malla vial, la afectación al suministro de energía eléctrica entre otros factores que incidieron directamente en la ejecución de las actividades”.

En contratación pública, tres prórrogas sucesivas no constituyen, por sí solas, una prueba de incumplimiento material del objeto, pero sí son un indicador operativo conocido: la ejecución se desvió del plan temporal previsto. Por eso, los manuales de uso y lineamientos del Secop, así como las guías y circulares de Colombia Compra Eficiente, insisten en que las modificaciones deben quedar soportadas con información verificable sobre el avance del contrato, de modo que la ciudadanía y los órganos de control puedan reconstruir la lógica básica del gasto: qué se hizo, cuándo se hizo, con qué verificación y por qué se requirió ampliar el plazo.

Aquí el contraste aparece en lo que no está. Los documentos visibles asociados a las prórrogas no detallan cuántas horas efectivas de alfabetización se habían ejecutado, cuántos grupos estaban activos, cuántos docentes se encontraban vinculados, ni qué porcentaje real de la meta contractual se había alcanzado al momento de cada solicitud. El plazo se amplía, pero la información pública no permite entender con precisión qué se había ejecutado y qué restaba por ejecutar, pese a que el propio diseño contractual exigía una operación intensiva: sesiones presenciales, control de asistencia, evaluación diagnóstica y final, entrega de materiales y certificación por grupo y municipio.

Este vacío adquiere mayor relevancia porque las dificultades alegadas para justificar ampliaciones —dispersión territorial, condiciones climáticas, acceso a comunidades, calendario académico— eran previsibles desde la estructuración del contrato. El Anexo Técnico describía desde el inicio una intervención compleja en zonas urbanas y rurales del Magdalena. Que esas mismas variables reaparezcan como explicación reiterada del atraso sugiere una planeación temporal débil o una supervisión que no exigió correctivos medibles a tiempo.

Desde el punto de vista periodístico, el cuadro es claro: el expediente público deja ver el movimiento administrativo, pero no deja una huella equivalente de ejecución material. Y si Secop fue concebido, como lo recuerdan los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, para asegurar publicidad y trazabilidad real, la combinación de prórrogas reiteradas, justificaciones generales y ausencia de indicadores verificables se convierte en un dato central para el escrutinio ciudadano y para la revisión de los entes de control.

Consulte aquí los documentos: CONTRATOS 2022  –  CONTRATOS 2025

Pdta:

La instalación de una nueva Contraloría Departamental no puede limitarse a un relevo administrativo. Impone la obligación de revisar con rigor la ejecución presupuestal de las entidades bajo su competencia, especialmente cuando la gestión anterior reportó la apertura de un solo proceso sancionatorio en todo su periodo, un balance que plantea interrogantes sobre la eficacia real del control fiscal ejercido.

Esta situación también deja en evidencia una debilidad más profunda: la escasa visión preventiva de los funcionarios que estructuran y suscriben contratos con vacíos de planeación, seguimiento y trazabilidad. Al hacerlo, no solo comprometen recursos públicos, sino que se ponen voluntariamente en una posición de vulnerabilidad frente a auditorías futuras y al juicio de la opinión pública informada.

En un escenario de mayor escrutinio institucional y ciudadano, resulta insostenible asumir que estas fisuras pasarán inadvertidas. Contratos con incrementos atípicos, soportes incompletos y controles laxos terminan convirtiéndose en responsabilidades personales y políticas para quienes los avalan.

¡Auditar, corregir y exigir estándares más altos es hoy una necesidad impostergable!