Financiar la universidad por resultados, ¿hay acaso un mercado dentro del claustro?

Por: Harold Castañeda Robles

Cuando los indicadores de graduación y empleabilidad reemplazan a la misión pública de la universidad, la institución deja de ser un bien común y se convierte en un proveedor de servicios, por eso en esta tercera entrega de la serie de reflexiones sobre el Informe mundial sobre tendencias de la educación superior publicado en 2026 por la UNESCO, me detengo en una tendencia que el propio informe describe con cautela técnica pero que merece ser nombrada con mayor franqueza: la expansión global del financiamiento basado en resultados como modelo de asignación presupuestal a las universidades. Es una tendencia que se presenta en los debates de política educativa con ropaje de modernización y eficiencia, pero que en su lógica profunda introduce la racionalidad del mercado en el corazón de una institución cuya razón de ser es, precisamente, producir lo que el mercado no puede o no quiere producir: conocimiento crítico, formación ciudadana, investigación de largo plazo y memoria cultural de las sociedades.

El informe de la UNESCO documenta que en Europa 27 sistemas de educación superior emplean actualmente alguna forma de Financiamiento Basado en Resultados —FBR— para asignar recursos públicos a las universidades. En Dinamarca, alrededor del 80 % del financiamiento básico se distribuye mediante el modelo del «taxímetro», que asigna recursos en función de los créditos cursados, los títulos completados y otros indicadores ponderados en consonancia con las prioridades políticas nacionales. Los Países Bajos vinculan las asignaciones a las tasas de graduación y a convenios de objetivos estratégicos entre instituciones y gobierno. En América Latina y el Caribe, el informe reconoce que las iniciativas de FBR «siguen siendo modestas, pero van en aumento». Y aquí comienza la discusión que Colombia, con su propio modelo de financiamiento universitario en plena crisis legislativa, no puede seguir aplazando.

La lógica del FBR es seductora en apariencia: si el Estado financia a las universidades, es razonable exigirles resultados verificables. ¿Por qué financiar instituciones que gradúan poco, cuyos egresados no encuentran empleo o cuyos indicadores de calidad son mediocres? El argumento tiene peso. El problema no está en la idea de rendición de cuentas —que es legítima e indispensable— sino en qué se decide medir y qué queda por fuera de la medición. Cuando los indicadores dominantes son la tasa de graduación oportuna, la empleabilidad de los egresados y el volumen de productos de investigación con visibilidad internacional, el modelo define implícitamente qué tipo de universidad es valiosa y cuál no. Y esa definición no es neutra: favorece sistemáticamente a las instituciones que atienden a poblaciones con mayor capital cultural previo, que ofrecen programas con alta demanda del mercado laboral y que tienen la masa crítica para producir investigación internacionalmente visible. El propio informe UNESCO lo reconoce, aunque en términos diplomáticos: para que el FBR sea eficaz se necesitan «medidas de protección para las instituciones que atienden a poblaciones desfavorecidas». Es una advertencia que en la práctica pocas implementaciones del modelo han podido honrar.

El caso colombiano ilustra esta tensión con particular crudeza. El artículo 87 de la Ley 30 de 1992, que establece la fórmula de financiamiento de las universidades públicas colombianas, indexa los recursos al IPC sin considerar el crecimiento real de la matrícula ni los costos asociados a la expansión del servicio. Tres décadas después, esa fórmula ha generado un déficit acumulado que deteriora la capacidad institucional y profundiza las brechas entre universidades con trayectorias históricas de acumulación —la Nacional, los Andes, la de Antioquia— y aquellas que atienden a poblaciones vulnerables en regiones periféricas con recursos insuficientes. Si sobre ese sistema ya fracturado se superpone un modelo de asignación por resultados sin correcciones de equidad, el efecto probable es una concentración de recursos en las instituciones que ya tienen más, y un desfinanciamiento silencioso de las que más necesitan. No es una hipótesis: es lo que la evidencia comparada muestra en los sistemas que adoptaron el FBR sin salvaguardas robustas.

Hay además una dimensión que el informe UNESCO toca de manera insuficiente: el efecto del FBR sobre la misión investigativa y cultural de las universidades. Cuando el presupuesto depende de cuántos estudiantes se gradúan en tiempo y cuántos consiguen empleo en los dos años siguientes al egreso, las instituciones tienen incentivos perversos para reducir la exigencia académica, concentrar su oferta en las áreas con mayor empleabilidad inmediata y abandonar progresivamente aquellas disciplinas —humanidades, ciencias básicas, artes, filosofía— cuyos retornos no son verificables en los plazos que el modelo exige. En nuestra investigación hemos documentado este fenómeno en universidades que, frente a las presiones de los sistemas de acreditación y de los rankings, reorganizan sus prioridades de inversión siguiendo la lógica del indicador, no la lógica de la misión. El resultado no es una universidad más eficiente: es una universidad más pequeña en su ambición intelectual, más parecida a un proveedor de credenciales que a una institución dedicada a la producción y transmisión crítica del conocimiento.

Un tercio de los países que el informe UNESCO analiza establece por ley la gratuidad de la educación superior pública, especialmente en América Latina. Colombia es uno de ellos, al menos en términos formales. Pero el propio informe advierte que «lo que los países consideran gratuito difiere mucho en la práctica»: los costos ocultos —sostenimiento, materiales, transporte, conectividad— pueden hacer que un sistema formalmente gratuito sea materialmente inaccesible para los estudiantes más vulnerables. Esta observación conecta directamente con la paradoja colombiana analizada en el primer artículo de esta serie: expandir el acceso sin financiar las condiciones de permanencia produce, a la postre, una ilusión de gratuidad que no alcanza a quienes más la necesitarían. Y si además el presupuesto de las instituciones queda condicionado a tasas de graduación que esas mismas condiciones dificultan, el círculo vicioso se cierra sobre sí mismo.

La alternativa no es rechazar toda forma de rendición de cuentas. Las universidades públicas deben justificar el uso de los recursos que la sociedad les confía, y los sistemas de financiamiento deben tener mecanismos que corrijan la inercia y la ineficiencia. La clave está en diseñar indicadores que midan lo que la universidad pública debe hacer, no solo lo que el mercado laboral puede verificar. Tasas de graduación ajustadas por el perfil socioeconómico de ingreso. Impacto territorial de la investigación. Contribución a la formación de docentes para el sistema público. Producción de conocimiento en lenguas y temáticas que el mercado editorial internacional ignora. Movilidad social efectiva de primera generación universitaria. Estos son los resultados que una política de financiamiento orientada al bien público debería incentivar. No la empleabilidad a seis meses del egreso, que mide las condiciones del mercado laboral tanto como mide la calidad de la formación universitaria.

El debate sobre cómo financiar la universidad pública en Colombia y en América Latina no es un debate técnico sobre fórmulas presupuestales. Es un debate político sobre qué tipo de institución queremos sostener con recursos colectivos y para qué proyecto de sociedad. Cuando ese debate se disfraza de neutralidad gerencial —indicadores, eficiencia, resultados— lo que ocurre, de hecho, es que se toma una decisión política de gran alcance sin pasar por la deliberación que esa decisión merece. El mercado entra al claustro no por la puerta principal, sino por la ventana de los indicadores. Y para cuando nos damos cuenta, la universidad ya no recuerda por qué existía.