LOS DE AHORA YA SON LOS DE ANTES

Fuerza Ciudadana gobernó tres veces Santa Marta y dos veces el Magdalena llamando corruptos a “los de antes”. La condena de primera instancia contra Carlos Caicedo dejó a “los de ahora” frente a su propio pasado.

Por Víctor Rodríguez Fajardo — El Man del Sombrero

Hay una fecha que Santa Marta no va a olvidar fácilmente.

El 29 de julio de 2026, la ciudad cumplió 501 años. Ese mismo día, un juzgado de Bogotá respondió judicialmente —aunque todavía no de manera definitiva— la pregunta que apareció pintada en muros de varias ciudades:

¿Quién es Carlos Caicedo?

Desde ese día es, además, un dirigente condenado en primera instancia por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Santa Marta cumplió 501 años y Fuerza Ciudadana envejeció de golpe.

Fuerza Ciudadana no dividió la historia entre gobiernos buenos y malos. Eso hubiera sido demasiado honesto. Hizo algo más sofisticado y más sucio: dividió el tiempo entre «los de antes» y «los de ahora».

Era un calendario moral muy cómodo.

Los de antes eran los clanes, el saqueo, la politiquería, los contratos amañados y la corrupción con apellido. Los de ahora eran ellos: el cambio, la gente, la transparencia, la revolución de las pequeñas cosas y la decencia como bandera.

Si una obra se atrasaba, era culpa de los de antes. Si faltaba el agua, venía de los de antes. Si aparecía un elefante blanco, lo habían dejado los de antes. Si la Fiscalía investigaba a uno de los de ahora, los de antes se habían tomado la justicia. Y si un juez decidía a su favor, era la prueba de que Caicedo era inocente de todo, cada denuncia un montaje y cualquier pregunta una conspiración.

Así se construyen los encantamientos políticos: no haciendo desaparecer los problemas, sino consiguiendo que la gente culpe siempre a otro.

Y funcionó. Vaya que funcionó.

Tres alcaldías consecutivas en Santa Marta. Dos períodos seguidos en la Gobernación. Durante más de una década fueron poder: presupuesto, burocracia, contratación, mayorías y una maquinaria de comunicación capaz de convertir cada cuestionamiento en traición al pueblo.

Pero siguieron hablando como si acabaran de llegar.

Una sentencia que no cabe en un trino

El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró a Carlos Eduardo Caicedo Omar penalmente responsable, como coautor, de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación agravado.

No es un trino ni una columna incómoda. Es una sentencia producida después de un juicio oral.

Los hechos corresponden al contrato PS-04 del 20 de agosto de 2014, suscrito durante su Alcaldía para intervenir los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por más de $6.500 millones.

La pena impuesta fue de 117,6 meses de prisión —nueve años y nueve meses—, una multa de $4.453 millones e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. El juzgado negó los mecanismos sustitutivos y dispuso que la orden de captura se libre cuando la decisión quede ejecutoriada.

La sentencia es de primera instancia. Caicedo puede apelar y la decisión puede ser confirmada, modificada o revocada. Mientras no quede ejecutoriada, no existe una condena firme.

Yo no puedo parecerme a los que estoy criticando. No voy a condenar desde la tarima mientras exijo garantías para los demás.

Pero Fuerza Ciudadana tampoco puede despachar una sentencia surgida de un juicio oral como otro panfleto de los de antes. La palabra persecución ya no alcanza para borrarla.

El mártir que se volvió doctrina

En 2007, Caicedo fue condenado a ocho años de prisión por hechos relacionados con su gestión como rector de la Universidad del Magdalena. Pasó varios años bajo detención domiciliaria. En 2011, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió.

Esa absolución fue legítima y debía respetarse. También consolidó la imagen de un hombre perseguido por los poderes que dominaban el Magdalena.

El problema no fue que se defendiera. El problema fue lo que hicieron con cada resultado favorable.

Fuerza Ciudadana convirtió la absolución de un expediente en certificado de inocencia sobre todos. Una negativa de detención se volvió prueba de que no había corrupción; un archivo, demostración de que el denunciante mintió; cualquier demora, evidencia de una persecución interminable.

Para Caicedo siempre había contexto, garantías, presunción de inocencia y explicaciones.

Para los adversarios bastaba un titular.

La Constitución era paraguas para los propios y garrote para los demás.

No era un expediente solitario

Además de este juicio, eran públicos otros procesos penales relacionados con contratos de su Alcaldía, entre ellos los centros de desarrollo infantil y ludotecas, el Coliseo de Gaira y la Megabiblioteca. También existen actuaciones fiscales y disciplinarias.

La Procuraduría, por ejemplo, profirió pliego de cargos por presuntas irregularidades en la construcción de quince parques.

Ninguna de esas actuaciones adicionales equivale por sí misma a una condena.

Pero tampoco puede borrarse toda la acumulación con una consigna, una marcha de funcionarios o un comunicado donde aparezca veinte veces la palabra persecución.

No todo investigado es culpable.

Pero tampoco todo investigado es Nelson Mandela.

El abrazo más caro de la campaña

La fotografía más incómoda no se tomó en un juzgado. Se tomó en campaña.

El 22 de mayo de 2026, la Fiscalía solicitó formalmente la condena de Caicedo dentro de este mismo proceso. Tres días después —tres días— retiró su candidatura presidencial y anunció su adhesión a Iván Cepeda. Hubo sonrisas, aplausos y un abrazo político para la historia de la izquierda colombiana.

Nadie le exige a Cepeda que adivine fallos. Pero tampoco necesitaba una bola de cristal.

La acusación era pública, el juicio terminaba y la Fiscalía ya había pedido la condena. Los demás frentes judiciales eran conocidos.

Cepeda, cuya campaña prometía una lucha implacable contra la corrupción, pudo pedir explicaciones, mantener distancia o evitar convertir la adhesión en una canonización progresista.

Prefirió sumar primero y preguntar después.

El abrazo no hizo culpable a Caicedo. Pero sí hizo responsable a Cepeda de la alianza política que escogió.

Y dejó retratada una costumbre muy vieja entre los llamados alternativos: la corrupción es intolerable hasta que el investigado trae votos.

La moral con interruptor

A este panorama se suma una denuncia penal por presunto abuso sexual contra una menor, por hechos que habrían ocurrido en 2023. La investigación está en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Caicedo rechaza los señalamientos.

Ese caso debe mantenerse separado. No existe decisión judicial sobre la denuncia y no puede mezclarse con la condena contractual como si fuera una sola causa.

Pero deja una pregunta incómoda:

¿Dónde están quienes exigían renuncias, expulsiones y condenas sociales inmediatas cuando el denunciado pertenecía al otro bando?

De repente descubrieron la presunción de inocencia.

Bienvenidos.

Lástima que solo la invoquen cuando la denuncia toca la puerta de su casa.

Los dueños del pasado

La vergüenza política no consiste en que un dirigente alternativo haya sido condenado en primera instancia. Ninguna ideología vacuna contra la corrupción ni partido alguno tiene sangre moralmente superior.

La vergüenza está en haber construido una hegemonía tratando a los demás como delincuentes antes del juicio y reclamando para los propios todas las garantías después del fallo. En repartir certificados de honestidad según la camiseta, señalar periodistas, descalificar denunciantes y convertir cada pregunta en una agresión contra el pueblo.

Ahora piden prudencia.

Ahora recuerdan el debido proceso.

Ahora descubren que una condena puede apelarse.

Tienen razón.

El problema es que nunca concedieron esa prudencia a quienes no llevaban su camiseta naranja.

Carlos Caicedo tiene derecho a apelar. Fuerza Ciudadana tiene derecho a defenderlo.

Lo que ya no puede pretender es seguir hablando como si acabara de llegar.

Después de tres alcaldías y dos gobernaciones, Fuerza Ciudadana también es establecimiento. Es responsable de sus obras y sus ruinas, de sus funcionarios y contratistas, de sus victorias electorales y sus expedientes judiciales.

El encantador todavía puede sacar la flauta.

Pero la serpiente ya salió del canasto.

Los de ahora ya son los de antes.

Y la superioridad moral no tiene segunda instancia.