El primer milagro fue sentarlos a todos

La Ruta Magdalena–Sierra Mar no necesitaba otro discurso, sino un Estado capaz de reunir en la misma mesa a Transporte, Ambiente, autoridades territoriales, científicos y concesionario. La fotografía es prometedora; ahora hay que convertirla en licencias, cronogramas y carretera.

Por Víctor Rodríguez Fajardo — El Man del Sombrero

En Colombia, los milagros suelen comenzar cuando los funcionarios contestan el teléfono y aceptan sentarse en la misma mesa.

Parece poco. En un país normal, debería ser apenas una rutina administrativa. Aquí, donde una entidad diseña, otra licencia, otra vigila, otra contrata y ninguna se habla con la otra, reunirlas alrededor de un mismo problema ya merece nombre propio.

Por eso el primer milagro de la llamada Vía Milagro no ocurrió sobre el asfalto ni dentro de la Ciénaga Grande. Ocurrió el sábado en las oficinas de Invemar, en Santa Marta: cerca de treinta personas, con competencias, intereses y agendas diferentes, sentadas frente a frente para hablar de la Ruta Magdalena–Sierra Mar.

Hace apenas diez días escribí que la institucionalidad había dejado esa concesión librada a su suerte. No retiro una coma del diagnóstico que correspondía a ese momento. La obra avanzaba en algunos frentes, pero seguía atrapada entre trámites ambientales, decisiones pendientes y una coordinación estatal que nadie lograba ver.

Hoy corresponde agregar otro hecho: la institucionalidad comenzó a moverse.

Rectificar no consiste en fingir que ayer uno estaba equivocado. Consiste en no quedarse abrazado a la crítica cuando la realidad empieza a cambiar. Si denunciamos cuando el Estado abandona, también debemos reconocer cuando decide aparecer. El periodismo que solo sabe condenar termina siendo tan predecible como la propaganda que únicamente sabe aplaudir.

Alrededor de aquella mesa en forma de U estuvieron Elsa Noguera, designada ministra de Transporte; Fabio Arjona, designado ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; representantes de la Gobernación del Magdalena, Corpamag e Invemar; además del concesionario y sus equipos técnicos.

La fotografía tiene importancia política porque no registra una visita protocolaria ni una fila de funcionarios cortando una cinta. Muestra algo mucho más necesario: las partes que deben destrabar el proyecto hablando entre ellas.

No se conocía públicamente, durante el gobierno saliente, una reunión de ese alcance alrededor de esta concesión. Cada entidad parecía cuidar su pedazo del escritorio mientras la carretera esperaba en la puerta. Ambiente iba por un carril, infraestructura por otro y las necesidades del territorio quedaban atravesadas en la mitad.

Ese aislamiento no surgió de la nada. Durante los últimos cuatro años, el Gobierno nacional sostuvo una relación marcada por la desconfianza hacia el modelo de concesiones, cuestionó reiteradamente los peajes y envió señales contradictorias frente a la inversión privada en las grandes carreteras. Algunas críticas tenían fundamento: Colombia ha conocido contratos desequilibrados, peajes difíciles de justificar y concesiones que socializan los riesgos mientras privatizan las ganancias.

Pero una cosa es revisar el modelo y otra dejar los proyectos viviendo en la incertidumbre.

La Ruta Magdalena–Sierra Mar quedó metida en ese limbo. El concesionario podía adelantar diseños, gestión predial y determinados frentes de obra, pero ninguna carretera estratégica avanza a buen ritmo cuando Transporte, Ambiente, autoridades territoriales y entidades científicas trabajan como islas enemistadas.

La reunión del sábado no resuelve por sí sola ese problema, pero cambia la actitud frente a él.

De allí comenzó a aterrizarse la propuesta que el presidente electo Abelardo de la Espriella bautizó como Vía Milagro. El nombre tiene fuerza y encaja dentro del relato de la “Patria Milagro”, pero por ahora sigue siendo una marca política, no una obra terminada ni una política pública consolidada.

La diferencia la pondrán los resultados.

La propuesta busca integrar ingeniería, ciencia y restauración ambiental mediante la estrategia ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades. El propósito anunciado es restablecer la conectividad hídrica entre la Ciénaga Grande de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe, mientras se moderniza el corredor Ciénaga–Barranquilla y se generan oportunidades para las comunidades asentadas alrededor del complejo lagunar.

Es una ambición grande, pero también es el enfoque correcto.

Durante demasiado tiempo nos vendieron el debate como si el Caribe tuviera que escoger entre carretera y ciénaga: o se protegían los manglares o se construía la doble calzada. Esa es una falsa elección. Una infraestructura moderna no puede destruir el ecosistema que pretende comunicar, pero la protección ambiental tampoco puede convertirse en una oficina donde los expedientes envejecen mientras la región pierde vidas, competitividad y oportunidades.

La ciencia debe decir cómo construir; no servir de excusa para no construir nunca.

Elsa Noguera aseguró que el replanteamiento no detendrá las obras que ya se ejecutan en los 3,2 kilómetros comprendidos entre el final de la variante de Ciénaga y Tasajera. La intención es coordinar los cronogramas técnicos y ambientales para que las autorizaciones avancen con oportunidad, sin reducir exigencias ni iniciar intervenciones que todavía no estén permitidas.

Esa precisión es indispensable. Acelerar una licencia no puede significar regalarla. Proteger la Ciénaga tampoco puede equivaler a guardar el proyecto en una gaveta.

En la mesa también se examinó un escenario que permitiría concluir la doble calzada cerca de dos años antes del plazo inicialmente previsto. Hay que subrayar la palabra escenario. No es todavía una promesa contractual ni una fecha que pueda marcarse en el calendario. Depende de licencias oportunas, diseños aprobados, cierre de frentes críticos, gestión predial, coordinación institucional y cumplimiento del concesionario.

Pero si llega a materializarse, el impacto sería enorme: menores costos financieros, reducción anticipada de los tiempos de viaje, mayor seguridad vial y un corredor logístico moderno operando antes de lo calculado.

Conviene, sin embargo, no confundir voluntad con poder administrativo. Elsa Noguera y Fabio Arjona son ministros designados; asumirán formalmente después del 7 de agosto. La reunión expresa una orientación del Gobierno entrante y permite adelantar coordinación técnica, pero las decisiones deberán convertirse posteriormente en actos administrativos, responsabilidades definidas y cronogramas públicos.

Una fotografía no expide licencias.

Una mesa no restaura manglares.

Un comunicado no construye puentes.

Y bautizar una carretera tampoco tapa un hueco.

La primera prueba llegará a mediados de agosto, cuando está previsto un nuevo encuentro entre el Gobierno nacional, el Distrito de Santa Marta y el concesionario. Allí deberá saberse qué depende de quién, cuáles son los cuellos de botella, qué decisiones tienen fecha y cómo se medirá el cumplimiento.

La ciudadanía no necesita otra colección de buenas intenciones. Necesita una hoja de ruta que pueda vigilar: responsables, plazos, licencias, obras y resultados ambientales verificables.

Por ahora, hay que reconocer el cambio. Quienes durante años caminaron por pasillos separados aceptaron sentarse alrededor del mismo problema. No es todavía la solución, pero sí la condición indispensable para encontrarla.

La Vía Milagro comenzó haciendo lo que el Estado debió hacer desde el principio: juntar a quienes construyen la carretera con quienes deben proteger la Ciénaga.

Ahora viene la parte difícil.

El verdadero milagro no será ponerle un nombre nuevo a la vía. Será terminarla antes, hacerla bien y demostrar que el desarrollo puede atravesar el Caribe sin pasarle por encima.