Connect with us

Poder & Gobierno

La millonaria contratación del Gobierno Petro bajo la lupa de la Contraloría

Published

on

A menos de 15 días de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, se han suscrito 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones. La Contraloría advirtió que la acelerada contratación y los nuevos compromisos financieros podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

 

La Contraloría General de la República activó la Función de Advertencia ante los riesgos presupuestales, financieros y contractuales identificados en el Gobierno Nacional Central, luego de evidenciar un incremento del 22,5 % en la contratación pública tras el levantamiento de la restricción de la Ley de Garantías.

De acuerdo con el informe presentado por el organismo de control, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, durante este periodo se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones. La cifra representa un aumento significativo frente al mismo periodo registrado hace cuatro años y llama la atención por el alto volumen de contratación directa, que supera los 11 mil contratos en las últimas cuatro semanas.

La Contraloría advirtió que el Gobierno Nacional enfrenta presiones sobre la caja, rezagos en las reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación, circunstancias que obligan a que toda decisión contractual y presupuestal esté plenamente respaldada por la disponibilidad efectiva de recursos y criterios de sostenibilidad fiscal.

En el documento, el ente de control señaló que la adopción de nuevas transferencias, asignaciones presupuestales o compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación puede profundizar las presiones sobre las finanzas públicas, comprometer el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementar las necesidades de endeudamiento y generar una potencial afectación al patrimonio público.

“Toda decisión presupuestal debe adoptarse bajo criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad, garantizando que el uso de los recursos públicos responda a la capacidad real de financiación del Estado”, enfatizó la Contraloría.

El informe también evidencia una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, con una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y prestación de servicios. Ante este panorama, el organismo consideró necesario realizar un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones adquiridas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal y que exista una capacidad real para su ejecución y supervisión durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal.

La Función de Advertencia identifica siete factores de riesgo que requieren monitoreo permanente desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante. Entre ellos se destacan la insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual, así como los riesgos asociados a la efectividad del control sobre la ejecución de los contratos.

La Contraloría recordó que las finanzas públicas atraviesan restricciones derivadas del menor recaudo tributario, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación y las necesidades adicionales de financiación, factores que hacen indispensable que cualquier aceleración en la contratación estatal esté respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado.

Finalmente, el organismo precisó que la Función de Advertencia tiene un carácter preventivo y busca evitar que los riesgos identificados se materialicen en pérdidas de recursos públicos o afectaciones al patrimonio estatal. Asimismo, reiteró que, de presentarse irregularidades, adelantará las actuaciones de responsabilidad fiscal a que haya lugar.

La advertencia fue dirigida al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de gestor fiscal central del Presupuesto General de la Nación, y, por su conducto, a los ordenadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central.