Procuraduría exige a prestadores de servicios públicos domiciliarios cumplir estándares de calidad y continuidad

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, emitió la Circular No. 011 dirigida a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en la que reitera su deber legal de garantizar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia.

El pronunciamiento se enmarca en una estrategia de vigilancia preventiva que busca evitar riesgos que afecten a las comunidades, comprometan la gobernanza territorial y generen consecuencias legales y administrativas para los responsables de la prestación de estos servicios esenciales.

La circular destaca que, según la Ley 142 de 1994, los prestadores están obligados a suministrar agua potable con un Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) entre 0% y 5%; mantener índices de continuidad del servicio de acueducto entre 18 y 24 horas; y operar el servicio de aseo reduciendo sus impactos, especialmente la dispersión de residuos en el espacio público, conforme al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Además, se recuerda la necesidad de contar con licencias ambientales vigentes para el tratamiento, disposición final y vertimientos de aguas residuales. La Procuraduría aclaró que su acción no busca coadministrar, sino articular esfuerzos desde la prevención, mediante recomendaciones que promuevan el cumplimiento del marco normativo vigente y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en el componente de agua y saneamiento básico.

“Es pertinente señalar que la actuación preventiva de este órgano de control se dirige a evitar la comisión de irregularidades que, en principio, afecten a la comunidad y que, en consecuencia, puedan generar responsabilidades a los servidores públicos o a particulares que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos. En ese sentido, esta Delegada no coacciona ni coadministra; simplemente, en ejercicio de su función preventiva, actúa como articuladora, extendiendo recomendaciones y llamados al cumplimiento del marco normativo legal vigente”, se lee en el documento.

Por último, el Ministerio Público reconoció los esfuerzos institucionales que se han venido realizando, pero reiteró la necesidad de fortalecer las acciones para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales para los ciudadanos.