Caso UNGRD: Corte Suprema pide a la Fiscalía investigar a 11 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno

Un nuevo capítulo se abre en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a 11 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional por presuntamente estar vinculados a este caso.

La decisión, liderada por el magistrado Misael Rodríguez, se desprende de las investigaciones que avanzan contra seis miembros (cinco actuales y un excongresista) de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), quienes, según el alto tribunal, habrían avalado operaciones de crédito a cambio de asignaciones millonarias en proyectos gestionados por la UNGRD.

Entre los implicados destacan figuras cercanas al presidente Gustavo Petro, como el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. También fueron señalados varios exministros: Mauricio Lizcano, exjefe de TIC y precandidato presidencial; Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Diego Guevara y Ricardo Bonilla, exministros de Hacienda; y Carlos Ramón González, exdirector del Dapre.

Este último ha sido señalado como el organizador de un polémico “cónclave” en Casa de Nariño, donde se habrían delineado las estrategias para repartir contratos entre congresistas, junto al entonces director de la UNGRD, Olmedo López. Según las investigaciones, Carlos González, habría dado instrucciones a Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, y a López para que destinaran recursos provenientes de la contratación de carrotanques a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.

También aparecen otros exfuncionarios que podrían haber cumplido roles de coordinación en el entramado, entre ellos, Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda; Jaime Ramírez Cobo, exasesor presidencial; Kevin Fernando Henao, exdirector legislativo del Ministerio del Interior; y Alba Nury Martínez, exsecretaria del Ministerio de Hacienda.

La compulsa contra este grupo se suma al expediente en curso contra los congresistas Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes habrían actuado como intermediarios en la aprobación de operaciones de crédito público.

De momento, el caso UNGRD continúa ampliando su alcance, con nuevas líneas de investigación que comprometen a figuras cercanas al Gobierno.