Coliseo sin licencia, estudios incompletos y plazos imposibles

El escrito de acusación de la Fiscalía contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, reconstruye la ruta del contrato 480 de 2015, celebrado con MCI Ingenieros para construir el Coliseo de Gaira. El documento narra cómo se firmó sin estudios idóneos, con plazos imposibles, licencias tardías, sobrecostos y pliegos restrictivos que limitaron la competencia. La acusación habla de un detrimento superior a $690 millones.

Por: José D. Pacheco Martínez

OPINIÓN CARIBE tuvo acceso en exclusiva al escrito de acusación presentado por la Fiscalía en uno de los más sonados casos de corrupción del último tiempo. El expediente inicia en octubre de 2015, cuando la Alcaldía de Santa Marta adjudicó a MCI Ingenieros la licitación para levantar el Coliseo Deportivo de Gaira. El plazo: apenas dos meses y tres días.

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En este punto, el ente acusador describe que “el contrato fue inicialmente pactado para ejecutarse entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre de 2015… dicho término resultaba manifiestamente insuficiente frente a la envergadura y complejidad del proyecto”. La misma acusación registra que las prórrogas fueron inevitables: cinco adiciones al calendario que extendieron la obra hasta junio de 2017.

El documento señala también, que el acta final de entrega se firmó el 11 de abril de 2019 y la liquidación en marzo de 2022, haciendo una afirmación lapidaria en lo que respecta a las obras públicas en Colombia: “en abril de 2023 el objeto contractual continuaba incumplido, ya que el Coliseo Deportivo de Gaira no había sido puesto al servicio de la comunidad”.

Otro dato que el escrito enfatiza es la ausencia de licencia de construcción, pues, afirma que la ejecución del contrato se inició sin que se contara con la respectiva licencia de construcción, la cual, explica el escrito, “fue tramitada casi dos años después, el 7 de julio de 2017, y expedida el 8 de septiembre”. El desfase no fue solo legal, sino también, financiero. El valor inicial, de $2.682 millones, pasó a $4.022 millones tras una adición de más de $1.340 millones. La Fiscalía subraya que esa modificación se hizo “sin el respaldo de estudios de precios unitarios, proyecciones financieras, ni análisis de mercado que justificaran técnica y económicamente el incremento”.

Estudios tardíos, diseños contradictorios

Las irregularidades que describe el escrito comienzan desde los estudios previos. Según el documento, “la justificación de la contratación se fundamentó únicamente en afirmaciones genéricas… sin el soporte técnico, financiero ni jurídico requerido para establecer con claridad la necesidad pública a satisfacer”. Tampoco hubo estudios de suelos, memorias de cálculo estructural ni diseños eléctricos ajustados a las exigencias propias de la norma contractual en el país.

Como si lo dicho a ese respecto fuera de poca monta, explica el extenso documento de casi 400 páginas, que cuando estos finalmente aparecieron, lo hicieron tarde y en contradicción: el expediente muestra que se presentaron dos informes de suelos, uno en diciembre de 2014 y otro en diciembre de 2015, posterior a la firma e inicio del contrato. Sobre este asunto en particular, los delegados del ente acusador observan que con esto “se vulnera directamente el principio de economía por falta de planeación”, pues, mientras el primero recomendaba zapatas de un metro, el segundo hablaba de apiques de 2,5 metros.

El análisis técnico fue más allá y cuestionó la elección de un sistema de cimentación en concreto ciclópeo: una mezcla de 40% piedra y 60% concreto, la cual, también tuvo impacto financiero. Esta decisión “generó sobrecostos que no estaban contemplados en el presupuesto inicial del contrato”. Más adelante, se evidencia otra omisión en ‘el inventario’: un tanque subterráneo de agua de 16 metros cúbicos, muros de cerramiento, concreto autonivelante para la cancha múltiple y caballetes metálicos para la cubierta.

“Su exclusión del análisis técnico inicial constituye otra muestra de la deficiente planeación precontractual”, se lee en el expediente. En la parte eléctrica, los diseños no previeron la adecuación de la red de media tensión a 13.200 voltios, lo que obligó a una adición posterior, para la Fiscalía este detalle era una previsión elemental que debió haberse resuelto en la etapa de planeación.

Pliegos a la medida y una sola propuesta

Otro capítulo se refiere a la libre concurrencia. Los pliegos, dice la Fiscalía, fueron elaborados de tal manera que “impidió garantizar condiciones reales de libre concurrencia”. Exigían experiencia de veinte años para el director de obra y quince para el residente, condiciones muy superiores a los promedios habituales. Por ejemplo, en lo financiero, se pedía un índice de liquidez superior a 3, endeudamiento menor a 0,5 y cobertura de intereses superior a 5, cifras que triplicaban los parámetros nacionales.

El resultado fue que solo se presentó una propuesta. Y aun así, el comité evaluador flexibilizó la verificación de requisitos. “El único proponente omitió entregar documentación que… debía ser calificada con cero puntos; sin embargo, le fueron asignados seiscientos puntos, sin justificación objetiva”. Entre los documentos faltantes estaban cronogramas de obra, cuadros de rendimientos y diagramas técnicos.

El escrito finalmente expone los cálculos que sustentan el peculado por apropiación agravado. “El monto total de recursos presuntamente apropiados en favor del contratista asciende a la suma de $690.951.949, producto de sobreprecios, diferencias entre obras pagadas y ejecutadas, y adquisición de materiales sin justificación técnica”.

La acusación también concluye que el entonces alcalde actuó con pleno conocimiento de sus decisiones. “Carlos Eduardo Caicedo Omar, en su calidad de alcalde, actuó de manera consciente e intencional, lo que lo convierte en coautor de las irregularidades en las etapas de trámite y celebración del contrato 480 de 2015”. El documento formaliza dos cargos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, ambos en concurso, extendiendo la responsabilidad a funcionarios del comité de contratación y al contratista adjudicatario. La próxima audiencia se llevará a cabo el próximo 2 de octubre.