La ética rendida o el triunfo del relativismo moral

En Santa Marta y el Magdalena, la corrupción no sólo sobrevive por culpa de los políticos: se alimenta de una ciudadanía que justifica lo injustificable si el beneficio toca la puerta. El relativismo moral se ha vuelto norma de conducta, y en ese abismo ético, la crítica a los poderosos convive con la defensa de los cercanos. ¿Hasta cuándo?

EDITORIAL

Hay una frase común en la región que suele decirse entre risas: “Aquí todos saben quién roba, pero nadie lo dice en voz alta”. Lo trágico es que no se trata de un chiste: es un diagnóstico. En las esquinas, los chats familiares, las barberías, los taxis, las playas, todos tienen algo que reprocharle a los políticos de turno. Pero cuando el corrupto es un primo, un compadre o un jefe generoso, la indignación se convierte en complicidad. Así funciona el relativismo moral que rige muchas de nuestras decisiones cotidianas: lo malo depende de quién lo haga.

No es extraño entonces que buena parte de la ciudadanía, que con razón critica a los partidos por sus pactos y trampas, guarde silencio cuando desde su propio entorno alguien se beneficia de esas mismas prácticas. Lo vimos recientemente en Magdalena, donde un sector del Centro Democrático, pese a su oposición declarada al petrismo, terminó respaldando electoralmente al candidato del Pacto Histórico. ¿Y qué hizo la ciudadanía? Algunos aplaudieron, otros callaron, y muchos se escudaron en el poder de las circunstancias. Como si los principios se pudieran alquilar según la temporada política.

Lo más inquietante no es que un partido traicione su línea, sino que los votantes lo celebren si les representa algún tipo de ventaja. La viveza costeña, tan exaltada como astuta, opera con la lógica del “sálvese quien pueda”, disfrazada de picardía. En esa cultura del favor, las convicciones valen menos que las oportunidades, y el oportunismo se normaliza como estrategia de vida. Así, el favor sustituye al derecho, el silencio se premia, y la decencia parece un lujo de ingenuos.

Quienes se indignan porque el Estado no mejora la salud o la educación, a veces son los mismos que “ayudan” a inflar listas de contratistas, venden su voto o exigen un puesto sin méritos. Se convierten en jueces severos para lo ajeno, pero indulgentes con sus propios círculos. Hay una moral pública para criticar en redes y otra privada para justificar en la sala de la casa.

Este doble estándar ético ha sido bien descrito por la filosofía como relativismo moral: la creencia de que lo correcto o incorrecto depende del grupo, el contexto o la conveniencia. En apariencia, suena tolerante. Pero llevado al extremo, anula cualquier posibilidad de coherencia. Si todo depende del punto de vista, entonces nada está realmente mal. Y si nada está realmente mal, tampoco hay deberes, ni responsabilidad, ni límites.

Bajo esa lógica, el clientelismo ya no es delito, sino método. El abuso de poder se convierte en astucia. El favoritismo no es corrupto si lo comete “uno de los nuestros”. Así se vacía de sentido la palabra justicia y se distorsiona la noción de bien común. No es que la gente haya dejado de saber qué está mal; es que prefiere no actuar si hacerlo implica sacrificar algún beneficio.

Este fenómeno no es exclusivo de la política ni del Magdalena. Está presente en universidades que avalan trabajos por amistad, en empresas que promueven al adulador en vez del competente, en medios de comunicación que callan ante sus financiadores. La corrupción estructural que se denuncia en voz alta se parece mucho a las pequeñas trampas que se toleran en voz baja.

La sociedad que hoy se dice harta de la politiquería y el desorden institucional, no puede seguir justificando el todo vale cuando el rédito es personal. Si aplaudimos la trampa cuando nos beneficia, no tenemos autoridad para reprocharla cuando nos excluye. El deterioro de las instituciones empieza por la renuncia a una ética mínima en lo cotidiano.

Es urgente reclamar más que justicia en abstracto. Es hora de exigirnos responsabilidad individual. Tener principios no es señal de ingenuidad, sino condición para que una comunidad sea digna de confianza. Denunciar no debería ser una rareza, ni la coherencia una excentricidad. No hay democracia posible cuando el ciudadano se comporta como un súbdito que aplaude al corrupto si es su amigo o su jefe.

La transformación política y social que muchos anhelan no empezará por un nuevo gobernador ni un alcalde ejemplar. Comenzará el día en que dejemos de reírnos del corrupto, de justificar al ventajoso, de enaltecer al que “se las sabe todas” aunque sea a costa de los demás. Mientras eso no ocurra, el poder seguirá viendo a la ciudadanía como lo que parece: cómplice, no víctima.

Posdata:

Decimos con sorna: “es bandido, pero es mi bandido”; murmuramos, “papaya puesta, papaya partida”; y rezamos, “Dios mío, no des, solo ponme donde hay…”. No son expresiones del ingenio popular, sino señales de una ética degradada. Bajo su aparente picardía se oculta una pedagogía de la permisividad: la que enseña a justificar lo indebido, siempre que provenga del propio bando o traiga algún beneficio.

En el Magdalena, donde esa lógica se ha vuelto hábito electoral, la lealtad política ya no depende de la coherencia, sino del acceso al poder o al favor, como quedó evidenciado en el comunicado del Centro Democrático ‘liberando’ a sus militantes y el video de uno de sus ‘líderes’, lavándole la cara a quienes lo excluyeron y dejando al descubierto la decadencia política y dependencia de quienes dijo lo respaldaban.

Los estrategas lo saben. Por eso diseñan campañas no para proponer, sino para provocar: se exaltan los errores del adversario, pero se celebran los mismos vicios cuando los comete el aliado. Los partidos y sus seguidores han convertido la moral en un juego de espejos: lo que se condena en público se aplaude en privado, y todo se relativiza en nombre de la conveniencia. Entendieron que el elector actual no busca ideas ni escucha programas: busca a quién odiar o a quién temer.

En estas elecciones atípicas, el caicedismo insiste en el continuismo como salvación, mientras sus opositores apelan al voto de rabia, sin un proyecto alternativo que inspire confianza. En ambos extremos, la emoción suplanta el criterio, y el grito reemplaza al argumento. Así, el relativismo moral se ha convertido en método electoral. La indignación se dosifica, la verdad se negocia y la conciencia se adormece entre consignas.

Los candidatos compiten por el aplauso inmediato y los ciudadanos, atrapados en la lógica del pan y circo, confunden confrontación con participación.  Mientras sigamos celebrando la trampa ingeniosa y premiando la furia como virtud política, el Magdalena no elegirá futuro, sino continuidad en su propio extravío.