La responsabilidad política de Ángela Cedeño y su nominador

Más que una sucesión de episodios, lo que la Asamblea del Magdalena deja al cierre del periodo es un espejo: cómo entienden los diputados el poder que ocupan. La presidencia, en cabeza de Ángela Cedeño, actuó más como delegada de una plutocracia que como garante del interés público. El daño político y ético de ese sometimiento ya se siente en todo el departamento.

Por: Víctor Rodríguez fajardo

No basta con pasar lista ni aprobar agendas. Un diputado —y con mayor razón quien preside— encarna una representación que no se arrienda a las conveniencias ni se reduce a un ejercicio de trámite. La curul, bajo esa lógica, no es un premio de mayorías ni un instrumento para negociar favores; es un mandato temporal que compromete la confianza ciudadana y la legalidad del Estado. Por eso, cada decisión que bloquea proyectos, aplaza ejecuciones o manipula procedimientos no es una simple falta administrativa, sino una herida ética: revela una forma de entender el poder.

Lo que ha ocurrido en la Asamblea durante este periodo no es el resultado de la torpeza, sino de la subordinación a intereses ajenos al mandato ciudadano. Ángela Cedeño, respaldada por los grupos económicos que desde hace años deciden candidaturas y definen presupuestos, condujo la corporación con una docilidad que termina siendo más grave que la corrupción abierta. No hace falta robar para dañar el Estado: basta con obstaculizarlo, con hacer del procedimiento una trinchera para proteger privilegios. Desde su cargo, la presidenta favoreció el silencio donde había que hablar y el aplazamiento donde se exigía decisión. Ese patrón de parálisis, de bloqueos injustificados y de negligencia calculada, retrasó la ejecución de programas sociales, la financiación de proyectos y la aprobación de instrumentos claves para el desarrollo del Magdalena.

Detrás de esa conducta se asoma el poder real, el de los clanes económicos que operan como guardianes de la política departamental. Ese entramado de poder, que respalda y condiciona a la dirigencia local, lleva décadas confundiendo los espacios de representación con los de propiedad privada. No es un secreto que uno de los principales financistas del Magdalena, responsable político de la llegada de Cedeño a la presidencia, fue señalado por la justicia junto a familiares por múltiples delitos. Ni todo su dinero ni sus relaciones bastaron para detener la acción judicial. Si él, con toda su influencia, terminó enfrentado a la fuerza del derecho, ¿qué destino puede esperar a quien, como Cedeño, solo fue su emisaria política, su figura de papel? La historia enseña que quien presta su nombre para encubrir intereses termina devorado por ellos.

Lo más inquietante no es el error, sino la coherencia del error. Desde la presidencia, Cedeño no actuó como cabeza deliberativa, sino como extensión de un poder económico que necesitaba controlar la agenda departamental. Los temas sensibles —contraloría, control fiscal, incorporación presupuestal, posesiones de diputados y debates de planeación— fueron manipulados o pospuestos hasta volverlos inocuos. En lugar de facilitar la discusión, la presidencia se dedicó a preservar equilibrios impuestos desde fuera del recinto. Así se detuvieron debates, se demoraron convenios y se frustraron proyectos. La gestión pública se volvió rehén de la complacencia con los patrones políticos.

Sin embargo, la responsabilidad no se agota en una persona. Cada diputado que aceptó callar o negociar su silencio es cómplice de este deterioro. Las instituciones no se corrompen por decreto, sino por omisión. Y cada omisión repetida termina por vaciar de sentido las palabras “representación” y “control político”. La ciudadanía del Magdalena no eligió espectadores: eligió voceros. Pero en este periodo, muchos prefirieron acomodarse al orden de los poderosos antes que confrontarlo. El daño no es solo jurídico, sino simbólico: se naturalizó la idea de que obedecer al dinero es más sensato que defender el interés público.

Esa renuncia moral tiene consecuencias. Cuando las decisiones se subordinan al capricho de unos pocos, el Estado deja de ser árbitro y se convierte en escenario de negociación privada. Y cuando el órgano que debe representar a los magdalenenses se pliega ante esos intereses, la democracia territorial se vuelve ficción. El ciudadano común, que no pertenece a ninguna red ni recibe favores, queda fuera del mapa político. De eso trata la captura del poder: de decidir por todos sin consultar a nadie.

El caso de Ángela Cedeño debería servir como advertencia. Su mentor, con todo su poder y dinero, no logró escapar del alcance de la justicia. Ella, que carece de músculo financiero y cuyo poder es apenas nominal, podría terminar enfrentando consecuencias similares si continúa subordinando el mandato público a intereses particulares. La historia reciente del Magdalena demuestra que la justicia, aunque lenta, no olvida. Los jueces que hoy sancionan al poderoso pueden mañana revisar la conducta de quien lo representó.

Por eso, más que un cierre administrativo, este momento exige una reflexión ética. ¿Para qué sirve ocupar una presidencia si no se ejerce con independencia? ¿De qué vale dirigir una corporación si no se puede hablar sin pedir permiso? La política, cuando se convierte en vasallaje, deja de ser vocación y se vuelve servidumbre. En ese espejo debe mirarse la dirigencia departamental. Porque si algo ha mostrado la caída de tantos líderes recientes es que el poder prestado dura menos que la vergüenza que deja.

Ángela Cedeño tiene aún la oportunidad de elegir cómo será recordada: como la presidenta que se arrodilló ante los intereses que la llevaron al cargo, o como la mujer que, al final, entendió que representar a un pueblo vale más que obedecer a un patrón. El Magdalena no necesita figuras decorativas ni delegadas de intereses ajenos, sino servidores con carácter. Y si la historia tiene justicia, también sabrá poner a cada cual en el lugar que le corresponde.

Alguien que presume ser Summa Cum Laude debe conocer las consecuencias de las acciones desplegadas, todas a la vista de los magdalenenses a través las cámaras de OPINIÓN CARIBE.