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El negocio criminal que se tomó la vía Ciénaga–Barranquilla
Por: Alexandra Martínez
La Troncal del Caribe, corredor estratégico que conecta a Ciénaga con Barranquilla, volvió a quedar en evidencia como un territorio sin control real del Estado. Videos e imágenes que circulan en redes sociales muestran a un grupo de personas bloqueando parcialmente la vía y exigiendo dinero a conductores particulares para permitirles continuar su recorrido, una práctica abiertamente ilegal que ocurre a plena luz del día y sin consecuencias visibles.
La denuncia ciudadana no deja espacio para interpretaciones: “Cientos de personas fuimos retenidas y decenas de conductores extorsionados a escasos metros del peaje, en presencia de miembros de la Policía”. El señalamiento es aún más grave, pues en la publicación se identifica a un presunto cabecilla y a varias personas que, de manera organizada, controlaban el paso vehicular.
Como explicar que en presencia de miembros de la @PoliciaDEMAG cientos de personas fuimos retenidos y decenas de conductores extorsionados a escasos metros del peaje en la vía Barranquilla Ciénaga.
Conozcan al presunto jefe de la banda y algunos de los delincuentes a su mando. pic.twitter.com/rAUJlbllah
— José Humberto Torres (@JoseHTorres) January 4, 2026
Lo ocurrido no es un hecho aislado ni reciente. El cobro ilegal en este tramo de la Troncal del Caribe se ha convertido en una práctica reiterada, tolerada y normalizada. Lo verdaderamente alarmante no es solo la ilegalidad del acto, sino la ausencia de reacción efectiva de la autoridad, pese a que estos bloqueos se realizan en un corredor nacional, altamente transitado y con presencia permanente de fuerza pública.
¿Quién manda en la Troncal del Caribe?
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿quién ejerce el control real sobre esta vía? Porque lo que hoy se evidencia es que grupos de particulares imponen reglas propias, fijan tarifas arbitrarias y deciden quién pasa y quién no, mientras la Policía de Carreteras departamental observa sin intervenir o actúa de manera insuficiente.
La permisividad institucional ha convertido el cobro ilegal en una rutina. Conductores ya no se sorprenden: bajan el vidrio, entregan dinero y continúan, no por voluntad, sino por miedo, cansancio o la certeza de que no habrá respaldo inmediato de la autoridad.
La responsabilidad es clara y no admite evasivas. La seguridad y el orden público en las carreteras nacionales recaen directamente sobre la Policía de Carreteras, encargada del control vial. Sin embargo, los operativos preventivos brillan por su ausencia, las capturas no se conocen y los resultados concretos no aparecen.
¿Cómo se explica que estas prácticas se repitan durante años en los mismos puntos?
¿Cómo operan estos grupos sin ser desarticulados?
¿Por qué no hay controles permanentes ni judicialización ejemplar?
La falta de respuestas refuerza la percepción de abandono y debilita la confianza ciudadana en la institucionalidad. Cuando la autoridad no actúa, el mensaje es claro: la ilegalidad tiene vía libre.
Una vía nacional convertida en peaje clandestino
Lo que ocurre en la Troncal del Caribe no es un problema menor ni una simple alteración del tránsito. Se trata de extorsión, de control ilegal del territorio y de una violación directa al derecho a la libre movilidad. Cada cobro irregular es una afrenta al Estado y una prueba más de que la autoridad está perdiendo el control de uno de los corredores más importantes del Caribe colombiano.
No se puede seguir normalizando que particulares “manejen” una carretera nacional como si fuera de su propiedad, mientras la Policía de Carreteras departamental se limita a reaccionar cuando el escándalo ya está en redes sociales.
Es urgente que la Policía de Carreteras departamental y las autoridades competentes asuman su responsabilidad con acciones reales, visibles y sostenidas. No bastan anuncios, patrullajes ocasionales ni comunicados tibios. Se requiere presencia permanente, control efectivo y judicialización de quienes participan en estos cobros ilegales.
La Troncal del Caribe no puede seguir siendo un corredor donde manda la ilegalidad y reina la omisión. Cada día sin intervención es una validación tácita de un delito que afecta a cientos de ciudadanos y deja en evidencia un Estado que, en este tramo, sigue ausente.
