Apagones, abandono y una paciencia agotada

Por Luis Arce Carvajal

En el sur del departamento del Magdalena, la energía eléctrica no falla: falla el Estado. Los constantes apagones que sufre la población no son hechos aislados ni simples inconvenientes técnicos, tampoco racionamientos disfrazados de mantenimientos. Son la evidencia de un abandono estructural que, durante años, se ha vuelto costumbre y que ya nadie puede —ni debe— seguir normalizando.

La luz se va sin aviso, regresa cuando puede, es inestable y vuelve a irse. Así, en un ciclo interminable que golpea la vida cotidiana de miles de familias, quiebra al pequeño comercio y castiga a estudiantes, adultos mayores y personas enfermas. En esta parte del Caribe colombiano, los apagones no solo apagan bombillos: apagan derechos.

Municipios como Guamal, El Banco y San Sebastián, entre otros, viven esta realidad mes tras mes. Allí, la empresa prestadora del servicio guarda silencio o responde con las mismas excusas de siempre. No hay cronogramas claros, no existe información transparente y brillan por su ausencia las soluciones de fondo a una problemática que lleva décadas. Las autoridades locales y departamentales, llamadas a defender a sus comunidades, parecen haberse resignado, como si vivir a oscuras fuera un destino inevitable.

Resulta indignante que, en pleno siglo XXI, comunidades enteras tengan que adaptarse a un servicio público inestable cuando la Constitución y la ley hablan de continuidad, calidad y eficiencia. En el sur del Magdalena, esas palabras suenan a discurso lejano, ajeno a la realidad cotidiana de quienes viven contando las horas sin energía.

El impacto va mucho más allá del malestar. Los apagones afectan la seguridad ciudadana, facilitan el delito, dañan electrodomésticos, alimentos y medicamentos, y ponen en riesgo la salud de quienes dependen de equipos eléctricos para sobrevivir. ¿Quién responde por las pérdidas? ¿Quién da la cara cuando un enfermo permanece más de doce horas sin energía y su vida depende de ella?

Esta columna no busca dramatizar, busca responsables. Busca que los organismos de control actúen, que el Gobierno Nacional mire de frente al sur del Magdalena y que la empresa prestadora asuma, de una vez por todas, su obligación. La paciencia de la gente se agotó, y con razón.

El sur del Magdalena no es un territorio de segunda. La oscuridad no puede seguir siendo el precio de la desidia institucional. El sur del Magdalena no pide favores: exige respeto y un servicio digno.