El oscuro panorama de la Asamblea del Magdalena

El inicio del período ordinario de 2026 estará atravesado por disputas internas, lecturas acomodadas del reglamento y decisiones estratégicamente aplazadas. A esto se suma el reparto de cuotas políticas orientadas a preservar el control del poder, prácticas que continúan debilitando el funcionamiento institucional de la corporación y relegando el interés público a un segundo plano.

Por: Arnol Sarmiento

A 23 días calendario de la instalación del primer período de sesiones ordinarias de la vigencia 2026, la Asamblea del Magdalena enfrenta un escenario institucional complejo, marcado por vacíos normativos, decisiones aplazadas y una agenda cargada de asuntos urgentes que siguen sin resolverse, una situación que se repite frente a lo ocurrido durante el año anterior.

El próximo 1 de marzo, la corporación departamental deberá iniciar formalmente el trámite para la elección de la nueva mesa directiva y del secretario general. Sin embargo, antes de avanzar en estos procesos, surge un interrogante clave que mantiene en vilo a la Asamblea: ¿quién presidirá la sesión de instalación mientras se elige la nueva mesa directiva?

La duda no es menor. Según distintas interpretaciones, la sesión podría ser presidida por el diputado que encabece el orden alfabético o por la mesa directiva anterior, la cual durante la vigencia 2025 siempre actuó de manera provisional. La falta de claridad vuelve a poner en el centro del debate el reglamento interno de la corporación, un documento que sufre de interpretaciones discrecionales políticamente.

Proyectos represados y debates inconclusos

Más allá de la conformación administrativa, la Asamblea deberá enfrentar una agenda legislativa estancada. Entre los temas más sensibles se encuentra el proyecto de ordenanza del superávit, una iniciativa que durante la vigencia 2025 provocó fuertes choques políticos al interior de la corporación y que terminó hundida en la Comisión de Hacienda, sin llegar nunca a discusión en plenaria.

La falta de debate de proyectos considerados claves para el funcionamiento del departamento ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de la Asamblea para responder a las necesidades del Magdalena, en medio de disputas internas que han paralizado decisiones estratégicas.

Una curul vacante y una sucesión pendiente

A este panorama se suma la situación en la conformación de la corporación. Actualmente, la Asamblea del Magdalena cuenta con solo 12 de los 13 diputados que la integran legalmente. La vacante corresponde a la curul que ocupó Danilo Beltrán, del movimiento Fuerza Ciudadana, quien había llegado en reemplazo de Rafael Noya, tras la anulación de su credencial por doble militancia.

No obstante, la credencial de Beltrán también fue demandada y, mediante medida cautelar, el Tribunal suspendió su investidura como diputado. Ante este escenario, Beltrán optó por renunciar a la curul, lo que obliga ahora a surtir el trámite para definir quién debe ocupar el escaño, de acuerdo con el orden de la lista cerrada presentada por Fuerza Ciudadana en las elecciones de 2023.

Según ese orden, la curul correspondería a Yulieth Pacheco Ruiz, candidata número cinco en la lista del movimiento y oriunda del municipio de Plato, Magdalena. El proceso, sin embargo, aún no se ha concretado, lo que prolonga la incompleta conformación de la Asamblea.

Influencias externas y pulseos políticos

El ambiente previo al inicio de sesiones no solo está marcado por asuntos administrativos y jurídicos. Exdiputados también llegan con cuotas y moviendo fichas para incidir en las decisiones internas de la corporación. En ese escenario aparecen nombres como el de Claudia Patricia Aaron, a través de su hijo César Pacheco Aaron, y el de la exdiputada Martha López, quien buscaría mantener influencia con una cuota política proveniente del municipio de Plato.

Con una mesa directiva por definir, proyectos clave represados, una curul sin ocupar y presuntas presiones externas, la Asamblea del Magdalena se encamina hacia un 1 de marzo cargado de tensiones y debates intensos, en un contexto que vuelve a poner en duda la estabilidad institucional y la capacidad de la corporación para ordenar su agenda y responder a las demandas del departamento.