Defensoría advierte alto riesgo electoral en el Magdalena

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la persistencia de graves riesgos electorales en el país, con especial impacto en el departamento del Magdalena, donde se concentran amenazas contra líderes sociales y actores políticos en el contexto preelectoral de 2026.

El pronunciamiento se dio tras la presentación del primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral (ATE 013 de 2025), documento que concluye que la respuesta institucional para mitigar los riesgos alcanza apenas un cumplimiento parcial del 42 %, mientras que el 58 % de las recomendaciones no han sido atendidas.

Magdalena, entre los departamentos con mayor gravedad

El informe registra 457 amenazas de muerte contra lideresas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en todo el país. Según la entidad, la mayor gravedad se concentra en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

En la región Caribe, donde se incluye el Magdalena, la coacción electoral se manifiesta mediante amenazas, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta por parte de estructuras armadas ilegales que regulan campañas políticas y vetan candidaturas.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el riesgo no radica en la suspensión de las elecciones, sino en la consolidación de una democracia formal limitada por el control territorial de grupos armados.

“Nuestra preocupación central no es la realización de la jornada electoral, sino la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones”, señaló.

Gobernanzas armadas y control territorial

El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) evidencia el fortalecimiento de “gobernanzas armadas ilegales”, fenómeno que implica la suplantación de funciones del Estado en distintos territorios. En el Caribe, estructuras como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) figuran entre las principales fuentes de amenaza.

Estas dinámicas afectan directamente a candidatos, liderazgos comunitarios, periodistas y servidores públicos, quienes enfrentan intimidaciones, limitaciones para realizar campaña y presiones para favorecer determinados intereses políticos.

Exigencias al Gobierno Nacional

Ante el panorama, la Defensoría exigió al Ministerio del Interior asumir liderazgo efectivo en la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de armonizar planes de acción y evitar vacíos operacionales.

También instó al Ministerio de Defensa a diseñar una estrategia integral de seguridad para garantizar la custodia del material electoral, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, condición que impacta directamente a municipios del Magdalena con presencia de estructuras armadas.

A la Fiscalía General de la Nación le solicitó fortalecer la judicialización de posibles casos de constreñimiento electoral, incluyendo la implementación de centros de mando 24/7 y fiscales itinerantes en territorios de riesgo inmediato.

Periodistas y liderazgos, en la mira

El documento advierte que el ambiente de polarización incrementa el riesgo para periodistas que cubren la contienda electoral, así como para integrantes de juntas de acción comunal y liderazgos sociales, quienes en el Magdalena enfrentan un contexto de intimidación sostenida.

La Defensoría concluye que, sin una respuesta integral y coordinada del Estado, el departamento podría enfrentar un proceso electoral condicionado por estructuras armadas ilegales, afectando la libertad del elector y la legitimidad democrática en la región.