Trump militariza la guerra contra los carteles. ¿Colombia quedará por fuera del nuevo mapa de seguridad?

La nueva doctrina de Washington redefine la seguridad hemisférica mientras Bogotá sigue atrapada entre narrativas

El 7 de marzo de 2026 puede marcar un punto de inflexión en la política de seguridad del hemisferio occidental.

Ese día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación titulada “Commitment to Countering Cartel Criminal Activity”, un documento que plantea un cambio doctrinal profundo en la forma en que Estados Unidos interpreta el fenómeno del narcotráfico.

Durante décadas, los carteles fueron tratados principalmente como organizaciones criminales. Ahora Washington plantea otra lectura: los carteles son estructuras que controlan territorios, infiltran instituciones, financian violencia y operan con capacidades paramilitares comparables a actores insurgentes.

La conclusión estratégica de la Casa Blanca es directa. Si estas organizaciones operan como ejércitos irregulares, deben ser enfrentadas con instrumentos de seguridad estratégica, cooperación militar y presión regional coordinada.

De esa lógica nace la Americas Counter Cartel Coalition, una alianza hemisférica concebida para coordinar inteligencia, entrenamiento y operaciones contra redes criminales transnacionales.

No es una declaración retórica. Es el regreso del poder duro como principio rector de la seguridad hemisférica.

Durante más de dos décadas, Colombia fue el principal laboratorio mundial de la lucha contra el narcotráfico y las insurgencias armadas.

El país atravesó una fase de ofensiva militar sostenida durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Operaciones estratégicas que eliminaron figuras clave del secretariado de las FARC como Raúl Reyes en 2008 y Mono Jojoy en 2010 alteraron profundamente el equilibrio estratégico del conflicto.

Aquellos golpes no destruyeron inmediatamente a la guerrilla, pero sí modificaron su cálculo político.

Años después, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, ese desgaste militar abrió la puerta a la negociación que culminó en el acuerdo de paz de 2016.

La secuencia histórica fue clara: primero presión militar real, después negociación política.

El gobierno de Gustavo Petro impulsó una política de “paz total” basada en la idea de abrir negociaciones simultáneas con múltiples organizaciones armadas y criminales.

La premisa era ambiciosa: transformar el conflicto colombiano mediante una combinación de diálogo político, sometimiento judicial y desescalamiento militar.

Pero la realidad territorial ha sido más compleja.

Las disidencias de las FARC se han fragmentado y expandido. El Clan del Golfo se consolidó como una estructura criminal con presencia nacional. Y economías ilegales como la minería ilícita y el narcotráfico continúan financiando estructuras armadas en varias regiones.

Mientras tanto, la capacidad del Estado para recuperar control territorial ha avanzado con lentitud.

El resultado es un fenómeno que varios analistas comienzan a señalar con preocupación: la negociación avanzó más rápido que la presión estatal.

Y cuando eso ocurre, las organizaciones criminales no se debilitan. Se reorganizan.

La proclamación firmada por Donald Trump busca precisamente enfrentar ese fenómeno.

La iniciativa plantea construir una arquitectura hemisférica de seguridad basada en tres pilares: inteligencia integrada, cooperación operativa y presión territorial contra organizaciones que controlan economías ilegales.

En términos geopolíticos, esto implica una transición desde los tradicionales programas antidrogas hacia una lógica de seguridad regional más cercana a alianzas estratégicas militares.

Es un cambio profundo en la forma en que Washington ve el problema.

Aquí aparece la pregunta incómoda. Mientras Estados Unidos anuncia una coalición hemisférica contra los carteles, Colombia —históricamente el principal aliado estratégico de Washington en la lucha antidrogas— no ha definido públicamente su posición frente a esta iniciativa.

Colombia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína del mundo y varias organizaciones criminales mantienen presencia en distintas regiones del país.

Si la nueva arquitectura de seguridad regional avanza sin Colombia, el país podría pasar de actor central a observador periférico en un tema que durante décadas definió su política internacional.

El próximo presidente de Colombia asumirá el 7 de agosto de 2026.

Ese gobierno heredará una decisión estratégica inevitable: integrarse a una estrategia hemisférica de presión militar contra los carteles o insistir en una estrategia basada en negociación con estructuras criminales.

Las organizaciones criminales no desaparecen por consenso político. Desaparecen cuando el costo de existir supera el beneficio de hacerlo.

La historia reciente del país deja una enseñanza difícil de ignorar: las FARC no negociaron porque envejecieron. Negociaron cuando la presión militar cambió su cálculo de supervivencia.

Si el Estado negocia desde una posición de debilidad territorial, las organizaciones criminales no se transforman en actores políticos. Se convierten en administradores de economías ilegales con reconocimiento implícito.

Y eso no es paz. Es otra forma de equilibrio criminal.

La proclamación firmada por Donald Trump es una señal de que Estados Unidos está dispuesto a redefinir su estrategia frente al crimen organizado en el hemisferio.

La pregunta para Colombia es simple: ¿participará en esa redefinición o terminará adaptándose a decisiones tomadas sin ella?

Cuando el mapa de la seguridad hemisférica se redibuja, los espacios vacíos rara vez permanecen vacíos. En América Latina esos espacios suelen llenarse con poder, violencia o intereses externos.

La decisión que Colombia debe tomar no es ideológica. Es estratégica.