Defensoría del Pueblo alerta por crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta

Más de 2.500 personas permanecen aisladas desde el 6 de marzo mientras persisten fallas en la entrega de ayuda humanitaria en zona rural de Aracataca.

La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente a entidades del orden nacional para atender la grave situación humanitaria que enfrentan comunidades arhuacas en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde al menos 465 familias —equivalentes a 2.581 personas— permanecen en confinamiento desde el pasado 6 de marzo debido a enfrentamientos armados.

El pronunciamiento está dirigido al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y la Unidad para las Víctimas, con el fin de que adopten medidas inmediatas y coordinadas que garanticen la entrega oportuna de ayuda humanitaria en los asentamientos de Serankwa y Dwanawimaku.

Según la entidad, pese al acompañamiento institucional y a la participación en consejos de seguridad y comités de justicia transicional, la respuesta estatal ha sido insuficiente frente a la magnitud de la emergencia. La Defensoría ha adelantado acciones como el monitoreo permanente en territorio, el apoyo a autoridades tradicionales y la verificación de condiciones de derechos humanos, incluyendo la entrega parcial de ayudas.

Sin embargo, el suministro de asistencia presenta retrasos críticos. De las cerca de 48 toneladas de ayuda programadas, solo 8,55 toneladas han sido entregadas en la comunidad de Gunmaku por vía terrestre. Otras 15 toneladas permanecen en una base militar en Tucurinca a la espera de transporte aéreo, mientras que 24 toneladas continúan almacenadas en Aracataca sin cronograma definido para su distribución.

La entidad advirtió que esta situación agrava el confinamiento y prolonga la vulneración de derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la movilidad de las comunidades indígenas.

El contexto de la crisis está marcado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en la zona, lo que ha incrementado los riesgos para la población civil. Frente a esto, la Defensoría instó a estos actores a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción y precaución.

Asimismo, reiteró la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio y de implementar de manera efectiva las Alertas Tempranas 013 y 020 de 2025, como mecanismo para prevenir nuevas afectaciones a los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo aseguró que mantendrá el acompañamiento a las comunidades y subrayó la urgencia de una intervención estatal efectiva que priorice la protección de la población civil en medio del conflicto.