Entre armas y abandono: el sur de Bolívar vive una crisis que se profundiza

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo encendió las alertas sobre la compleja situación que enfrentan las comunidades del sur de Bolívar, donde confluyen problemáticas de seguridad, crisis ambiental y fallas en la garantía de derechos fundamentales.

Durante una visita a Magangué, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo encuentros con líderes sociales, pescadores, campesinos y autoridades territoriales, con el fin de conocer de primera mano las condiciones que afectan a la población.

Uno de los puntos más críticos identificados en el informe es la situación del Complejo Cenagoso de Cascaloa, donde la actividad pesquera ha disminuido hasta en un 90%, afectando la seguridad alimentaria de aproximadamente 26.000 personas que dependen de este ecosistema.

La entidad también hizo seguimiento a la Sentencia T-163 de 2024, relacionada con la protección ambiental y de las comunidades de la zona, advirtiendo que persisten brechas entre las acciones planteadas y su ejecución en el territorio.

En materia de seguridad, el informe señala un aumento de homicidios, con al menos 40 casos registrados en 2025 y 18 más en lo corrido de 2026. A esto se suman amenazas contra líderes sociales, extorsiones a comerciantes y restricciones a la movilidad en varios municipios.

La Defensoría advirtió además sobre la presencia del Clan del Golfo en municipios como San Martín, El Peñón, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio y San Jacinto del Cauca, así como indicios de incursiones del ELN, lo que incrementa el riesgo de confrontaciones armadas.

El informe también evidencia fallas en servicios públicos. Más de 60.000 personas en la subregión enfrentan interrupciones constantes en el servicio de energía eléctrica, con cortes de hasta seis horas diarias, lo que impacta derechos como la salud, la educación y la calidad de vida.

En el sector salud, se reportaron más de 6.316 quejas entre 2023 y 2025, relacionadas con falta de medicamentos, demoras en la atención y dificultades en el acceso a servicios médicos, en un contexto marcado por deudas de las EPS que superan los 100.000 millones de pesos.

En educación, el informe señala deficiencias en infraestructura, falta de docentes y limitaciones en el acceso a la educación superior, afectando las oportunidades para los jóvenes de la región.

Asimismo, se alertó sobre la crisis en centros de detención transitoria, donde el hacinamiento alcanza niveles de hasta el 400%, generando condiciones que vulneran la dignidad humana.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para fortalecer la presencia institucional, articular acciones y avanzar en soluciones estructurales que permitan garantizar los derechos de las comunidades del sur de Bolívar.