Isla de Salamanca: el humo que denuncia una gestión ausente

Por: Dr. Eduardo Vélez Soto

Cada vez que el viento sopla desde el sur, Barranquilla vuelve a amanecer bajo una cortina gris. No esniebla marina ni contaminación industrial: es el humo de la Vía Parque Isla de Salamanca ardiendo otravez. Y aunque cada emergencia se cuenta como si fuera una sorpresa, lo cierto es que aquí no haynada imprevisto. El incendio de julio de este año —dos focos activos en Higuerón y Caño Valle, cerca de treinta hectáreas comprometidas, una línea de fuego de seiscientos metros y temperaturas porencima de los cuarenta y ocho grados— no fue una tragedia inesperada, sino un desastre anunciado,repetido y perfectamente evitable. Esa, más que las llamas, es la verdadera gravedad del asunto.

Conviene decir que la respuesta operativa fue, como casi siempre, encomiable. Los guarda parques enfrentaron el fuego en tierra bajo condiciones extremas, acompañados por los bomberos de Sitionuevo y por el helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que descargó agua con sistema Bambi Bucket en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pero una emergencia no se mide solo en hectáreas quemadas. El humo desplazó materialparticulado hacia Riomar, el Centro Histórico y la zona industrial, elevó a naranja la calidad del aire envarios sectores de la ciudad y obligó a activar alertas sanitarias para los más vulnerables: niños,adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades respiratorias. Desde la gestión del riesgo la lectura es inequívoca. Un incendio en un área protegida deja de ser un problema estrictamenteambiental para convertirse en una amenaza multidimensional que cruza fronteras. Arde el Magdalena,pero se enferma el Atlántico.

Imagen: Fuerza Aeroespacial Colombiana, incendio Parque Isla Salamanca

Explicar todo esto como «otro año seco» resulta cómodo, y también falso. El fuego en Salamanca tienedos raíces entrelazadas, y ninguna de las dos es natural. La primera viene de muy atrás. Cuando se construyó la carretera Ciénaga–Barranquilla en los años cincuenta, y luego una segunda vía paralela alrío Magdalena en 1976, se interrumpió el intercambio de aguas entre el río, las ciénagas y el mar. Aquella obra, levantada sin estudios ambientales serios, terminó hipersalinizando los suelos y matando más de la mitad del bosque de manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entre 1975 y 1990 murieron cerca de veintiséis mil hectáreas de manglar, y las estimaciones posteriores hablan de una pérdida cercana al sesenta por ciento de las cincuenta y un mil hectáreas originales. Un ecosistema tandebilitado, con vegetación que pierde humedad en cuestión de días y acumula material seco, setransforma en el combustible perfecto para cualquier chispa.

La segunda raíz es más incómoda porque es humana y, sobre todo, delictiva. La evidencia que las autoridades ambientales han recogido durante más de una década no deja mucho margen a la duda: la mayoría de estos incendios se provocan de manera intencional. Los originan invasores ilegales que queman para asustar y cazar fauna silvestre, y quienes talan el mangle para producir carbón vegetalque después se vende en el área metropolitana. No estamos, entonces, ante un capricho de lanaturaleza, sino ante un delito ambiental con motivación económica, cometido sobre un ecosistemaque ya venía herido por decisiones de infraestructura tomadas hace medio siglo.

Los números terminan de dibujar el patrón. En la última década las quemas han afectado alrededor dedos mil hectáreas de la reserva, y tan solo entre 2023 y 2025 se registraron unas veinticincoemergencias. No hablamos de hechos excepcionales, sino de una amenaza crónica y minuciosamentecaracterizada. Y sin embargo, la respuesta institucional sigue atrapada en la fase de la emergencia. Ya en 2019 una tutela de la Universidad del Norte y un fallo judicial confirmaron que existía una deforestación descontrolada y que las autoridades, Parques Nacionales incluida, habían incumplido supapel de guardián del área. Siete años después, el alcalde de Barranquilla vuelve a pedir a Parques Nacionales y a la Gobernación del Magdalena «medidas de fondo» para que esto no se repita. Que la misma súplica reaparezca casi idéntica cada temporada seca es el síntoma más elocuente de unagestión que reacciona pero no previene.

Sería injusto negar los avances. En febrero de 2026 se adoptó el plan de manejo del sitio Ramsar y seformularon un plan de restauración de manglares y otro de conectividad hídrica, con acompañamiento de cooperación internacional y participación de las comunidades. Son pasos en la dirección correcta. El problema es que un plan adoptado no equivale a un plan implementado, y el incendio de juliodemuestra que la distancia entre el documento y el territorio sigue siendo enorme.

Desde la Gestión Integral del Riesgo de Desastres la lección es clara. No se puede seguir tratando a Salamanca como una sucesión de emergencias sueltas. El Marco de Sendai 2015-2030 lo dice sinrodeos: la prioridad no es la respuesta, sino comprender el riesgo e invertir en reducirlo. Y enSalamanca el riesgo está más que comprendido. Conocemos las causas, los meses críticos, lossectores más expuestos e incluso a los responsables. Lo único que falta es actuar en consecuencia.

Actuar significa, en primer lugar, atacar la causa estructural y no apenas la superficie quemada. Larestauración hidráulica de los caños que devuelven agua dulce al sistema ya demostró que reduce lasalinidad y regenera el manglar, y un manglar sano es, en la práctica, un cortafuegos vivo. Significa también perseguir la cadena del carbón ilegal y no limitarse a apagar cada foco, porque mientras existaun mercado urbano para el carbón de mangle seguirá existiendo el incentivo para incendiar; judicializara los traficantes es tan importante como el Bambi Bucket. Exige, además, cerrar la brecha institucional que hoy condena al parque: Salamanca sufre porque nadie termina de hacerse cargo. Es competenciade Parques Nacionales, pero sus efectos recaen sobre el Atlántico, el Magdalena, Corpamag y lasalcaldías, de modo que se necesita un protocolo interinstitucional permanente, con responsabilidades,presupuesto y metas verificables, y no una mesa que se reactiva con cada humareda. Y supone, porúltimo, poner a las comunidades en la primera línea, no como espectadoras, sino como aliadas. Las poblaciones ribereñas que dependen del sistema son las primeras en detectar un foco y las que máspierden con cada incendio; vincularlas a la vigilancia y ofrecerles alternativas económicas legales es,seguramente, la inversión más costo-eficiente que existe.

El humo sobre Barranquilla no es el problema de un jueves cualquiera. Es la alarma de un ecosistema estratégico —reconocido en el mundo entero, refugio de aves migratorias y barrera natural del Caribe—al que hemos ido condenando a arder por pura omisión. La Isla de Salamanca no necesita máshelicópteros; necesita que dejemos de gestionar la ceniza y empecemos a gestionar el riesgo. Elpróximo verano llegará con o sin nuestra voluntad. La única pregunta que queda es si volveremos amirar el humo con resignación o si, por fin, decidiremos actuar antes de la primera llama.

Dr. Eduardo Vélez Soto es Doctor en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, conmás de 35 años de experiencia técnica y operativa en gestión del riesgo, resiliencia comunitaria yrespuesta humanitaria en América Latina y el Caribe. Ha sido consultor para la ONU (UNDRR),CEPREDENAC y USAID.